SOMOSMASS99
Adelina González, Alejandro Jiménez y Volga de Pina*
Jueves 21 de mayo de 2015
¿Desafortunados y jocosos? Así han sido los comentarios de aclaración que ha dado Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional electoral (INE) para explicar sus expresiones racistas y clasistas. También son penosos y violentos.
Cada persona puede pensar lo que quiera, es un derecho humano. También cualquier persona puede expresar lo que sea si no daña a otras personas; es otro derecho humano. Además cualquiera, en el ámbito privado, puede hacer de su persona, de su mente, de su cuerpo, de sus palabras, de sus actos y de sus propiedades lo que desee, mientras no esté en contra de la ley.
Sin embargo, cuando además de persona se es un funcionario público, y cuando dicho cargo tiene, entre otras facultades, la de velar por que se cumplan garantías para el ejercicio efectivo de derechos humanos civiles y sobre todo políticos, en un marco de igualdad y pluralidad, en un país en el que la democracia sigue en entredicho, en el que las elecciones intermedias dejan al descubierto profundas problemáticas institucionales y sociales que se constituyen en obstáculo para el ejercicio de derechos y en el que la violencia se manifiesta en todos los ámbitos… referir de manera burlona, irrespetuosa, sarcástica e ignorante sucesos que en su función pública atendió, es mucho más que un asunto privado, desafortunado y jocoso, es un asunto público que merece toda nuestra atención.
El racismo y el clasismo, como formas de discriminación, no son asunto menor y mucho menos en el contexto en que se suscitan los hechos que aludimos. Estamos frente a un proceso electoral complejo, controvertido y violento. La legitimidad de todo un aparato electoral, que por cierto, nos cuesta billones de pesos a los mexicanos y las mexicanas, está en juego. Se esperaría un esfuerzo mayúsculo de responsabilidad y sensibilidad por parte de los que ostentan una posición de garantes frente al contexto nacional de violencia, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, exclusión y agudización de las desigualdades.
El Artículo 1° Constitucional reconoce de manera implícita la igualdad y prohíbe expresamente la discriminación. Esto constituye un principio, es decir, un mandato de optimización que informa todo nuestro sistema normativo y que se esperaría fuera practicado por todo aquel que ha aceptado desempeñar un tan alto cargo público.
Las expresiones de Lorenzo Córdova, además de violentar este precepto de la Constitución, reflejan un desconocimiento del Artículo 2° y de sus antecedentes históricos.
Por otra parte, la intervención de comunicaciones privadas genera un entorno de incertidumbre en el ejercicio de nuestras libertades, es por ello que el IMDHD en varias ocasiones ha instado a los distintos órdenes de gobierno para que este tipo de intervenciones tengan los contrapesos institucionales suficientes, exigiendo siempre un análisis de razonabilidad por parte de órganos jurisdiccionales y una política de transparencia en cuanto al ejercicio de estas funciones extraordinarias por parte de los órganos facultados, para así evitar injerencias arbitrarias, innecesarias y desproporcionadas en el ámbito privado de las personas.
Para el IMDHD, esta injerencia arbitraria se agrava en el marco de un contexto político marcado por la violencia y por la presumible presión e intento de desacreditación hacia el árbitro electoral.
No obstante, no consideramos adecuado ponderar entre imponderables. La privacidad de una comunicación de un funcionario público no puede usarse para justificar una actitud discriminatoria.
Los comentarios del presidente del INE sí dañan a otros, nos dañan como nación porque:
1) Carecen de toda sensibilidad y respeto al dolor de las familias de los estudiantes desaparecidos y al reclamo de justicia y verdad que la sociedad espera;
2) Contravienen al menos los dos artículos referidos de la Constitución, en lo que se refiere al derecho a la igualdad y no discriminación; a la autonomía; a la libre determinación;
3) Contribuyen a estigmatizar a los pueblos indígenas, sus procedimientos y a sus autoridades;
4) Atentan contra la dignidad de los pueblos indígenas, al ridiculizar el uso de la lengua y faltar al respeto, burlándose, de un interlocutor legítimo, con representatividad para su pueblo, y a quién debe su razón de ser, un ciudadano como otro. Por ello son racistas sus palabras y son violatorias del derecho a la igualdad y no discriminación.
5) Inferioriza además al interlocutor con expresiones clasistas como la referida a la lectura del “Libro vaquero”;
6) Ignoran procesos históricos de reivindicación, lucha, diálogo, que nos han enriquecido como nación pluricultural;
Fatal además que el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación se pronuncie sobre la forma y no sobre el fondo. La ideología de una persona no sólo se expresa en discursos políticos y conferencias de prensa en las que el discurso se construye y cuida, la ideología se expresa en lo espontáneo de los comentarios y las reacciones. No hay elementos para decir que lo comentado y filtrado sea en menoscabo de derechos y libertades de las personas; aunque sí atenta contra la dignidad de los pueblos indígenas y sus luchas. Sin embargo no sabemos hasta dónde en el desempeño de su función pública esa ideología racista y clasista impacte en la práctica profesional y cotidiana.
Lamentable también sin duda que haya nueva evidencia de la violación al derecho a la privacidad en las comunicaciones. En este país las violaciones a derechos humanos caen en cascada de arriba hacia abajo, de los más altos cargos, a los intermedios, a los menores. Alimentan las manifestaciones de la violencia, del abuso, del ejercicio del poder.
Muy grave todo ello, a unas semanas de las elecciones, a unos meses de Ayotzinapa sin que haya justicia, a unos días del juego entre niños de secuestrar y matar… nada que no hayamos escuchado alguna vez: lo privado también es público; la discriminación es una forma de violencia y la violencia es una espiral que se crece por las actitudes individuales enmarcadas en las estructuras que las favorecen.
Romper esos ciclos es tarea de cada persona, y en ello los funcionarios públicos tienen una gran responsabilidad, una gran oportunidad, no sólo ética sino jurídica, derivada de sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos y sus principios, como el de universalidad y el de igualdad y no discriminación.
Exhortamos a Lorenzo Córdova a que interponga los recursos que necesita para que no sean violentados sus derechos a la privacidad si quiere defender sus derechos humanos; pero sobre todo reconozca y pida disculpas públicas a los pueblos originarios por burlarse de ellos; cuide sus pensamientos y sus acciones de acuerdo a la función que se le ha encomendado y de cara al respeto irrestricto de todos los derechos humanos a todas las personas que el Artículo 1º Constitucional le obliga.
Hace al menos veinte años que los derechos de los pueblos indígenas entraron en la agenda nacional, a partir del levantamiento zapatista. Veinte años durante los cuales no ha habido una acción efectiva del Estado por el respeto y promoción de los mismos. La reforma al Artículo 2º Constitucional tiene catorce años. Reforma que es letra muerta, pues ni los propios funcionarios, tan preparados en universidades públicas y privadas, lo han comprendido e interiorizado…
Hacer visible y aceptar el racismo quizá nos lleve a emprender acciones que de verdad lo eliminen.
*Artículo de opinión del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
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