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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Es natural y comprensible que quienes son señalados por la presunta comisión de ilícitos se defiendan. Es su derecho, como el de todo servidor público y ciudadano. Llama la atención, sin embargo, que quienes están en ese supuesto, antes que hacer el intento de demostrar su inocencia, busquen descalificar al investigador, a la autoridad y traten de echar mano de todas sus influencias para no rendir cuentas claras de su proceder. Una forma de conducta más parecida a la de quienes pretenden impunidad y no justicia.
Eso es lo que actualmente sucede en la Universidad de Guanajuato, donde altos directivos han sido señalados por aparentes irregularidades a raíz de revisiones realizadas por la contraloría universitaria: la rectora del campus Celaya-Salvatierra, María Guadalupe Ojeda, por contratar el negocio que tiene con su esposo para dar alojamiento a un profesor visitante; el director de la División de Ciencias Económico-Administrativas, Efraín Rodríguez de la Rosa, por realizar y obtener ganancias para su propia empresa en eventos en los que ha utilizado instalaciones y personal de la universidad (de acuerdo con el diario am, se trata de casi un millón de pesos en un año), pero sin que la UG perciba ningún ingreso; el director de la División de Ciencias de la Salud en León, Carlos Hidalgo Valadez, por ejercer de forma irregular recursos públicos en el pago de salario de profesores que no asisten a dar clases; y el director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del campus Celaya-Salvatierra, Ricardo Contreras Soto, por la contratación de una hermana para dar clases.
Contreras Soto es el único que, según la información del diario am, aceptó haber incurrido en una omisión. Los demás funcionarios no sólo han negado haber cometido irregularidades, sino que ahora se sabe que son algunos de los que se dicen perseguidos y han presionado a miembros del Consejo Universitario para frenar las investigaciones del contralor Benito Silva Lule.
Esta situación exhibe ahora con más claridad una característica que se quiere instalar en la vida universitaria, pero que no puede considerarse normal o carente de importancia. Un funcionario público al servicio de la Universidad de Guanajuato no lo es para utilizar recursos de los ciudadanos para beneficiarse a sí mismo, a su empresa o a sus familiares. Intentar hacerlo es ya un desafío a la institución de la que forman parte, pero además desvela la forma de actuar y los intereses que se han puesto en juego en la propia UG.
María Guadalupe Ojeda y Efraín Rodríguez de la Rosa, al menos, forman parte del grupo que lidera el rector del campus Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien coincidentemente la semana pasada anunció su intención de pelear la rectoría general de la universidad. La pregunta obvia es si Guerrero Agripino ha estado al tanto de la forma de proceder de los directivos que apoyan sus aspiraciones, como sucede con Guadalupe Ojeda y Rodríguez de la Rosa, si está de acuerdo con ello y si los avala. La sabiduría popular dice que lo que se ve no se pregunta. No obstante, cabe confiar en que la legalidad será la que se imponga.
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