Caso Tlatlaya: “Abatir” significa matar  

Redacción SomosMass99

Domingo 5 de julio de 2015

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) calificó como insatisfactoria la respuesta del Estado mexicano frente al informe que revela que en la masacre de Tlatlaya hubo una orden militar para “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El gobierno federal ahora quiere llevar al terreno lingüístico la discusión al señalar que “abatir” tiene acepciones distintas a la identificada por los organismos civiles.

El centro Prodh exige que la CNDH demande que sean suspendidas todas las órdenes militares que instruyan al abatimiento de personas.

Al respecto el Centro Prodh señala que no es de la definición proveída por los diccionarios de donde surge la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses. Y cita cuatro menciones del expediente del caso donde el verbo abatir es empleado como sinónimo de privar de la vida. [Página 22 del Informe]

1. En el Radiograma emitido por el Teniente al mando, refiere sobre el desarrollo de los hechos: “Resultando abatidos 21 personas del sexo masculino, 1 del sexo femenino…”, lo que es especialmente relevante si se considera que es el primer reporte sobre los hechos del oficial a cargo de la unidad involucrada.
2. En el Informe rendido por el Policía Ministerial Militar refiere que “Una vez controlada la situación, procedió a revisar el interior de la bodega, percatándose que se encontraban varios delincuentes abatidos (22 civiles muertos, 21 del sexo masculino y 1 femenino), armamento y tres camionetas”.
3. Cuando el Ministerio Público Militar recaba la declaración de los soldados, hace referencia a los hechos ocurridos en la madrugada del 30 de julio, en los que según su dicho “personal militar fue agredido por elementos de la delincuencia organizada, repeliendo la agresión habiendo abatido a veintidós civiles…”.
4. En la parte correspondiente a la individualización del tipo de infracción al deber militar que corresponde al Teniente de Infantería, el Juez Sexto Militar adscrito a la I Región Militar señala que: “[S]i bien como se mencionó se encontraban en desventaja numérica respecto a sus agresores, cierto es también que el haberlos sorprendido dentro de la bodega señalada, dicho inmueble contaba solamente con una salida frontal, la que no podían cruzar sin la posibilidad de ser lesionados o privados de la vida, colocándose los ahora inculpados en ese tenor en situación de ventaja, habiendo abatido a los civiles a que se ha hecho referencia”, lo que a su vez es relevante dado que indica un uso jurídico castrense del término.

La ONU destacó que a un año de los hechos los avances en la investigación son insuficientes.

Toda esta discusión surge luego de que el jueves 2 de julio fue presentado un informe elaborado por el Centro Prodh en el que se documentó la existencia, en el caso Tlatlaya, de una orden militar emitida unas semanas antes de la masacre, en la que se instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Dicha orden fue calificada por diversos organismos de derechos humanos como propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, por lo que demandaron que se investigue la cadena de mando militar.

Por todo lo anterior es que no existe duda de que en el caso Tlatlaya la noción de “abatir delincuentes” tiene un significado unívoco, contrario a los derechos humanos a la vida y a la presunción de inocencia, por lo que su inclusión en una orden castrense es propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos.

Siendo así, las exigencias y recomendaciones vertidas durante la presentación del Informe “Tlatlaya aun año: la orden fue abatir” son más vigentes que nunca. Es especialmente importante que se investigue en el fuero civil la cadena de mando militar y que de inmediato la CNDH demande que sean suspendidas todas las órdenes militares que instruyan al abatimiento de personas.

 

ONU: Deben considerarse nuevas evidencias del caso Tlatlaya

 

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, también se pronunció sobre el caso y pidió a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.

Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento.

En el contexto del caso Tlatlaya el concepto “abatir” significó privar de la vida a personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murieron durante la operación. Además, no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso Tlatlaya.

La nueva información dada a conocer consiste en documentos militares que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación, incluyendo la directiva de que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes”. Según el experto, las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario.

El relator especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones. “A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos. “Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”.

“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”, señaló Heyns. “Esta responsabilidad incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.”