En confrontación histórica un grupo de mujeres acambarenses se negaron a pagar cuota, hoy viven en la incertidumbre
Emma Aguado / SomosMass99
Acámbaro, Guanajuato / Domingo 23 de agosto de 21015
“Díganos cuánto hay que pagar para tener seguridad”, dijo uno de los 40 habitantes de la comunidad acambarense de Nuevo Chupícuaro que irrumpieron en sesión de ayuntamiento el pasado 15 de mayo para exigir a las autoridades que cumplan su obligación de cuidar a los ciudadanos ante el acoso de criminales que roban sus casas, extorsionan y secuestran a sus familias. En respuesta solo recibieron una evasiva por parte del cabildo.
- En un municipio con 109 mil habitantes abundan los casos de extorsión ante la indiferencia de las autoridades.
Lo peor es que no son los únicos que padecen la incompetencia institucional, son cientos de ciudadanos los que reportan ser víctimas de robos, extorsión y cobro de piso en este municipio de 109,000 habitantes sin que sus quejas lleguen efectivamente a las autoridades, por un lado debido al miedo o a la corrupción y por otro, por el difícil acceso a la justicia.
Colindante con Michoacán, Acámbaro está situado al sureste de Guanajuato, estado que presume ser el destino cultural de México pero que tiene una de las ciudades con mayor índice de extorsiones, según cifras presentadas por el Observatorio Nacional Ciudadano en el mes de enero de este año: San Miguel de Allende.
En la entidad hay sitios mucho menos conocidos que el propio San Miguel o Dolores Hidalgo, como Acámbaro, que vive sobre todo del comercio y donde el problema de la extorsión o el llamado cobro de piso están causando graves afectaciones sociales y también económicas.
Aquí de 39,000 personas económicamente activas y con 8% de desempleo, según cifras del INEGI de 2010, el 59% se dedica al comercio informal. Las demás viven de negocios establecidos, de la agricultura y la construcción, además de los servicios y las remesas, que no alcanzan a resolver las necesidades más elementales de la gente.
Aunado a ello, tablajeros, taxistas, médicos, urbaneros, comerciantes indican en numerosos reportes que son víctimas del cobro de piso por parte de grupos delincuenciales. Muchos han optado por cerrar sus negocios o de plano cambiar de residencia debido a que no alcanzan a cubrir con estas exigencias. Ante la indiferencia gubernamental realizan sus propias investigaciones como si fueran ministerios públicos y buscan formas de presionar mediáticamente para que efectivamente sean escuchados.
El problema se magnifica al tomar en cuenta que Acámbaro no es el único municipio que padece esta situación. Lugares cercanos como Jerécuaro y Tarandacuao en la misma entidad o Maravatío, Santa Anamaya y Zinapécuaro ubicados en Michoacán viven la misma circunstancia.
- Hace unos meses ocurrió lo impensable. Un grupo de mujeres, la mayoría de la tercera edad, se negaron a pagar «la cuota» y denunciaron la extorsión.
El problema social derivado del económico contribuyen al bajo índice de desarrollo humano que padece el municipio, similar al de Sri Lanka o República Dominicana, según datos del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C., con un rezago educativo de 30% y con más de la mitad de la población sin finalizar su educación básica.
La falta de oportunidades provoca además que los jóvenes migren o en el caso extremo se sumen a actividades criminales.
El panorama se repite en diversos municipios del país con graves consecuencias para la población en materia económica y social. En 2011 en Cherán un grupo de pobladores decidió hacerle frente a los criminales que los acosaban constantemente. Uno de ellos comentó a algunos acambarenses: “A los ricos los extorsionaban y secuestraban, a los pobres nos llevaban a la fuerza a cortar árboles y nos mataban, a todos cobraban piso, estábamos hartos por eso nos rebelamos”.
¿Acámbaro tendrá que llegar a ese punto para decir basta? Hace unos meses, en un caso sin precedentes, un grupo de mujeres de la tercera edad se opuso públicamente a pagar cuota a un grupo de extorsionadores, el resultado: lograron que el Ejército los detuviera y luego de más de 30 horas de trámites, declaraciones, oficios, idas y vueltas al ministerio público, todos los delincuentes cayeron presos. Ésta es su historia.
Perdió el miedo y aprendió a domar a los delincuentes
“Hemos investigado quiénes son y cómo operan, ya no les tenemos miedo”, dice María mientras raya la hoja en donde aparecen como árbol genealógico nombres y fechas. Es abril y estamos sentadas entre los árboles más grandes comiendo zarzamoras.
Nos reunimos para conversar sobre la inseguridad que impera en Agua Caliente, una zona reconocida por sus generosas aguas curativas que manan sin cesar de algún lugar profundo en medio de la tierra y que alguna vez sirvieron de remanso a los purépechas. Mientras ella habla, yo la observo de tanto en tanto con detenimiento: mujer madura, bien plantada en la vida, inteligente y valiente.
- En Acámbaro se ha perdido la tranquilidad. Comerciantes, taxistas, tablajeros y muchos más son víctimas del «cobro de piso».
El problema se desbordó en Semana Santa. Era la tarde del tradicional miércoles de bendición del pan y mientras cientos de personas, en su mayoría mujeres, se alistaban para salir al atrio parroquial con sus canastas llenas de pan de agua, hierbas de olor, vino de mesa y servilletas bordadas a mano para recibir la bendición del párroco, siete de los administradores de los balnearios se dirigían en su coche particular rumbo al ministerio público (MP) de Celaya.
Íbamos custodiando al Ejército, atraparon a cuatro extorsionadores de los seis que nos estaban hostigando y no permitiríamos que los dejaran ir. En Acámbaro no los quisieron alegando que no era de su competencia, que eran delitos federales. Sin embargo no tuvieron suerte.
Celaya tampoco los quiso y al fin lograron que el MP de Acámbaro los recibiera, venían de regreso, fue una jornada agotadora.
Encerraron a los cuatro delincuentes ese mismo día, dos del grupo lograron escabullirse entre la gente. Siete días después dos de los capturados lograron salir bajo fianza utilizando el dinero que le habían “sacado” a los dueños de las cervecerías y billares del centro. Sin embargo, fueron reaprehendidos por delitos graves. Hoy los cuatro están presos.
De 8 a 10 mil pesos diarios
Semana Santa es la época de mayor afluencia de gente en los balnearios, se calcula que diariamente arriban al lugar más de mil personas provenientes de distintos estados del país, un periodo que representa un jugoso botín para los malvivientes. La cita estaba programada para la una de la tarde de ese miércoles primero de abril. Los extorsionadores llegarían al balneario más grande donde esperaban recoger el dinero de los ocho restantes, la mayoría a cargo de mujeres mayores de 60 años.
- El mayor problema es que apenas se tienen datos de quiénes son los extorsionadores que actúan enmedio de la impunidad.
La cuota iba de los 8 mil hasta los 10 mil pesos diarios, dependiendo del flujo de gente que recibieran. María y las otras administradoras ya habían tenido una reunión previa con los extorsionadores semanas antes en un café del centro de la ciudad de Acámbaro. Allí les habían anticipado lo que tendrían que hacer, les habían dado instrucciones y también recibieron amenazas.
Varios días pasaron, algunos verdaderamente desesperantes planeando la mejor estrategia, al final decidieron denunciar. Sin embargo ese día sólo personal del Ejército respondió, y fueron ellos quienes atraparon a los cuatro extorsionadores; ni el 066, ni la policía estatal, ni la municipal acudieron al llamado, no hubo botones de pánico, ni programa estatal Escudo que funcionaran adecuadamente, a pesar de los más de 3 mil 700 millones de pesos invertidos en seguridad en el estado desde 2013 con la implementación de este último programa que ha colocado arcos carreteros, fibra óptica, cámaras de seguridad y botones de emergencia en los 46 municipios que comprenden Guanajuato.
“Las administradoras de los balnearios me hablaban desesperadas, tenían miedo por sus familias, no sabíamos qué hacer, pero decidimos dar la batalla, no íbamos a permitir que se robaran nuestra tranquilidad, por eso los enfrentamos”, comenta María quien además es representante legal de los Balnearios. “A mí ya me ha pasado de todo, me han secuestrado a los hijos, me han amenazado con quitarme mi propiedad, ¿qué más puedo esperar?”, comenta.
Ese día los agentes del Ejército llegaron por los extorsionadores, dos con antecedentes de homicidio y secuestro, lograron emboscarlos gracias a la denuncia y recopilación de pruebas. “Tuvimos que inventar hasta nuestro propio código de señas, grabamos todo, los investigamos, supimos quiénes eran”, dice.
Días después sucedió algo inédito. En plena efervescencia electoral una demanda de seguridad retumbó ante los candidatos a la presidencia municipal reunidos al medio día del 17 de abril en el auditorio del Instituto Municipal de Cultura de Acámbaro para firmar compromisos con la ciudadanía.
Como era de esperarse el pacto pasó a segundo término, sin dudarlo la noticia de las extorsiones a los balnearios robó cámaras y titulares. Sus reclamos aparecieron en todos los periódicos locales, y en redes sociales se veían imágenes colocando una manta atravesada en el estrado donde se encontraba el presídium (empresarios, organizadores y autoridades electorales, todos incluidos) con las fotos de los extorsionadores, cuatro en total, y un “SE BUSCAN, DENÚNCIALOS” con letras grandes y llamativas.
Y aunque hubo un intento de acallar sus voces, el auditorio hizo eco de sus reclamos y se escucharon casos sorprendentes, “seguridad” gritaban y ese clamor fue casi unánime. “A mí me secuestraron a mi padre”, decía una joven, “a mí también me han extorsionado”, “déjenlos hablar”, exigían otros. Momento histórico para Acámbaro, el miedo fue derrotado por primera vez en conjunto ante las miradas atónitas de los candidatos y de los presentes, porque no sólo eran los balnearios los perjudicados, eso quedó muy claro ese día.
“Son los billares, las cervecerías, los comerciantes, los carniceros, los taxistas, los tortilleros, los urbaneros, los tianguistas, además de los balnearios”, son cientos de personas en este municipio de 109 mil habitantes que están siendo extorsionadas.
Están además los que viven en Parácuaro, en Irámuco, en Chamácuaro”, tres de las comunidades más grandes del municipio en donde campesinos, ejidatarios, migrantes, viven la misma situación. En ese día histórico se comentó que en Chamácuaro mataron a un hombre que se dedicaba al campo, primero le robaron su camioneta, sus tierras, luego extorsionaron a sus hijos, comentó una maestra rural, “pero tienen miedo a denunciar”.
A raíz de su denuncia pública, la líder de la zona de balnearios ha intensificado sus esfuerzos para erradicar la extorsión y el cobro de piso en el municipio. Hasta el momento ha recabado decenas de datos que describen el modo de operar de los delincuentes.
El funcionamiento es el siguiente: “los extorsionadores ubican a los líderes de las agrupaciones, por ejemplo de los tablajeros o de los taxistas o como en nuestro caso, de los balnearios, se reúnen con ellos citándolos en algún café por ejemplo y les exigen la cuota.
En el caso de algunos comerciantes es de 500 pesos a la quincena y si se retrasan les cobran 5,000 mil de multa, se la dan al administrador y él la lleva a donde le dicen.
Algunos llevan el dinero a una cantina ubicada en el centro de la ciudad, o llegan directamente a sus negocios a cobrar. Su forma de trabajar involucra a los líderes y los convierte en delincuentes, ellos aceptan porque si no cooperan, los amenazan con matar a sus familias.
- El Observatorio Nacional Ciudadano ubica a Guanajuato en el tercer lugar nacional en extorsiones.
El miedo se apodera de ellos y terminan siendo cómplices, o en el peor de los casos, pasan de extorsionados a delincuentes. La extorsión en Acámbaro es tan grande que involucra hasta la limosna recabada en las Iglesias”. Pero el temor es el principal obstáculo para combatir al crimen hasta para las propias autoridades según cuentan, porque apenas se tienen pruebas de quiénes son los responsables y prevalece la impunidad.
Pero cuando se trata de precisar quiénes son los extorsionadores, de dónde vienen, con quién están aliados, los afectados difícilmente pueden responder a las preguntas. Algunos como el caso de la representante legal de los balnearios ha logrado identificar no sólo a quienes intentaron extorsionarla, también ha descrito su modo de operar con base en su experiencia y a testimonios recabados que le han permitido establecer un patrón.
Algunos aseguran que son delincuentes menores, o gente de los cárteles porque así es como ellos mismos se presentan y los ligan con determinado grupo, dependiendo del estado del que aseguran ser originarios, como Jalisco o Michoacán.
“En Acámbaro hay por lo menos dos grupos peligrosos ligados al cartel de los Templarios y de Jalisco Nueva Generación” comentan comerciantes. Otro aseguran que son las mismas autoridades en contubernio con los grupos delincuenciales.
Otros de plano lo ignoran o tienen miedo a decir quiénes son como el caso de un taxista de la localidad: “El pasado 4 de enero nos citaron en un negocio y nos dijeron que diéramos la cooperación, había gente conocida, no dijeron para quién era la cuota, simplemente que serían 500 a la quincena si no queríamos que un día le hicieran algo a nuestro taxi, o amaneciera quemado. Hace poco mataron a uno porque no quiso dar la cuota”.
Por eso cuando hablamos de extorsión o cobro de piso en realidad hablamos de un territorio insuficientemente explorado: prevalece la imprecisión en las cifras debido a que la mayoría de los casos no llegan al ministerio público por temor a denunciarlos pero también por la revictimización que viven los denunciantes, como el caso de María.
“No quisieron recibirnos a los delincuentes en el MP de Celaya que es federal alegando que no se trataba de crimen organizado, cuando no sólo les llevábamos a los extorsionadores sino también las pruebas. En el estado no nos hicieron caso, sino muchos días después cuando exigimos nos atendiera el gobernador y el procurador de justicia”, comenta.
Pero la justicia no es igual para todos, cuando se trata de casos particulares como el caso que nos ocupa hay que pedir ayuda hasta las más altas esferas para presionar a quienes deberían de encargarse de estos casos en el estado y municipio, acudir a la PGR, a la Secretaría de Gobernación y otras instancias para lograr acelerar el proceso, otros no tienen la misma suerte. Sin embargo María insiste en que la unión hace la fuerza, “es más fácil si nos juntamos y entre todos denunciamos lo que sucede”.
La entidad ahorcada por la delincuencia
El Observatorio Nacional Ciudadano, informa en su reporte de delitos de alto impacto que en enero de 2014 Guanajuato se ubicó como el tercer estado por número de extorsiones en el país apenas debajo del Estado de México y Jalisco con 53 casos denunciados y recoge la cifra anual para 2013 que fue de 468 extorsiones denunciadas. San Miguel de Allende, el municipio guanajuatense más afectado.
En 2008 la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato proporcionó información acerca de la manera de operar de estos delincuentes y aseguraba que entre el 80 y 90% de las llamadas de extorsión eran realizadas desde distintos centros penitenciarios en el país debido a la escasa restricción en las comunicaciones, pero este tipo de extorsión ha dado paso a otro de mayor riesgo que consiste en la extorsión personalizada con base en el giro, ganancias, e incluso, toma en cuenta el rango que ocupe dentro de alguna organización ciudadana o comercial, más comúnmente conocida como cobro de piso o cuota.
En datos más recientes a nivel nacional, la organización México Denuncia reporta que esta práctica que consiste en un cobro de una renta a comerciantes establecidos, ambulantes e incluso empresas, inició al norte del país. “Se caracteriza porque se presentan ante la víctima un grupo de 4 a 6 personas armadas que bajo amenazas, venden “protección” a la víctima.
Las rentas se pagan en forma semanal, quincenal y mensual en efectivo. Llegan a obligar pagos que van de los mil pesos a los 500 mil pesos, según el tipo de comercio o empresa. Zetas, La Familia Michoacana, La Línea e incluso policías, participan en esta práctica. Pagar una extorsión, no garantiza seguridad, por el contrario, somete a la víctima a una explotación constante e incrementa el riesgo a sufrir algún daño patrimonial mayor”.
El estudio de Incidencia Delictiva del Fuero Común elaborado por el Centro Nacional de Información, adscrito a la Secretaría de Gobernación, informa que en el año 2014 se presentaron 5,775 casos de extorsión denunciados en todo el país en los ministerios públicos, y se mantienen en un estatus tan sólo de averiguaciones previas.
Para Guanajuato en ese mismo año hubo apenas 32 casos lo que nos permite deducir además que la denuncia no es una alternativa para quien sufre una extorsión. A ello habría que agregar que en la entidad del 1 de enero al 30 de abril de 2015 sólo se han iniciado tres indagatorias por el tipo penal de extorsión en los municipios de Acámbaro, San Francisco del Rincón y Moroleón, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, (cifras que varían al paso de las horas dependiendo del proceso de investigación como lo explica la propia Secretaría).
Pese al aumento del delito en el estado sólo hay 27 personas purgando una pena, repartidas en distintas prisiones de la entidad. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, Moroleón es el municipio que cuenta con más número de presos de este tipo con nueve, seguido por Salamanca con seis, Acámbaro tiene uno.
El pasado 8 de julio el gobierno del estado de Guanajuato dio a conocer que la extorsión y la disputa por el territorio pudo haber sido el móvil que provocó el asesinato de Rogelio Sánchez Galán alcalde electo del municipio de Jerécuaro Guanajuato por el Partido Verde Ecologista de México acontecido el 23 de junio pasado cerca de la comunidad de El Fresno donde él radicaba. El ex alcalde jerecuarense era dueño de Autobuses Eclipse que organizaba viajes a Estados Unidos, en 2010 su línea estuvo vinculada con la desaparición de un migrante que fue secuestrado en Tamaulipas. La ejecución del político junto con dos de sus colaboradores al día de hoy aún no ha sido aclarada, días antes había declarado públicamente que su ayuntamiento trabajaría de manera honoraria, incluyéndolo a él mismo.
Vivir en la incertidumbre
Ante un panorama tan desolador al final no es difícil imaginar a María analizando por largas horas distintas posibilidades de acción, investigando, armando cada pieza del rompecabezas infernal. Pienso al escucharla cómo fueron sus noches, sus angustias, no puedo dejar de preguntarme dónde esconde el temor, de dónde la serenidad, la certeza. Y me cuenta algo que me deja sorprendida, dice que ha perdido el miedo lo que demostró en distintos momentos de esta terrible etapa de su vida, “cuando los extorsionadores nos dijeron: sé dónde vives, quiénes son tus hijos. Yo les contestaba: no es cierto, tú no sabes dónde están mis hijos y en cambio yo sí sé dónde está tu hija, sé en qué escuela está y a qué hora pasas a recogerla”, más adelante comenta, “en el ministerio público me dijeron: va a tener que carearse con ellos, no le da miedo y lo les respondí: por qué tendría que tener miedo si yo no hice nada, ellos son los que deberían tenerlo” al escucharla uno piensa que es como ave fénix renaciendo de un peligro que sin embargo no ha terminado. Nos reunimos hace algunos días, confesó que aún se niega a dejar su vida en esta tierra, pero quizá muy pronto tenga que arrancarse el corazón y buscar algún otro lugar donde logre vivir en paz, “aquí ya no es seguro”.
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