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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Pese a ser la Universidad de Guanajuato la más importante del estado y donde se supone privan la razón y la autonomía, la verdad es que pocos creen que el proceso de designación de rector se ha desarrollado de manera imparcial y democrática. Es tutelado por el máximo órgano de la institución, el Consejo General Universitario (CGU), cuyas decisiones valen más allá de las opiniones de la comunidad y de la propia Comisión Especial. La naturaleza de su función se sustenta en su ley orgánica, pero el ánimo con que sus más de 50 integrantes la llevan a cabo deja suspicacias que no se han diluido con el paso de los días. La falta de transparencia y equidad, e incluso la escasa voluntad para hacer cumplir las reglas que ellos mismos establecieron, dibujan el tono de la contienda.
A unos días de que el CGU decida si los dos candidatos pasan a la etapa final, en la que los miembros de la Junta Directiva designarán al rector general, sobran ya las evidencias de que el proceso se tornó más político que legal. El jueves pasado en el Auditorio General de la UG en Guanajuato capital, al final de los cuatro foros donde aparentemente los candidatos expusieron sus proyectos a los universitarios, el secretario de la Comisión Especial, Javier Corona Fernández, anunció a los asistentes que a quien le correpondía cerrar las presentaciones era a Luis Felipe Guerrero Agripino. De esa forma debía ser, “de acuerdo al sorteo”, dijo. Nadie, a excepción de los propios comisionados, se enteró de cuándo se realizó, dónde, a qué hora y bajo qué procedimiento. Pero así ocurrió, con el resultado que cualquiera puede suponer: para José Manuel Cabrera Sixto apenas unos tímidos aplausos y para el rector del Campus Guanajuato más de dos minutos de sonoras palmas. Antes, la sesión de preguntas y respuestas estuvo a cargo de Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, director de la División de Ciencias Económicas Administrativas, a quien Guerrero Agripino ha defendido luego de que la Contraloría General descubrió que benefició a su empresa Aprendizaje para el Alto Desempeño con un evento que le redituó ganancias, en sólo un año, por casi un millón de pesos.
Esto sucede porque en la integración del Consejo General Universitario prevalecieron los intereses políticos y las ansias de poder. Esa situación puso en negro sobre blanco la designación de una mayoría de consejeros afines a Guerrero Agripino, entre los que destacan Rodríguez de la Rosa y Javier Corona. El entramado que sostiene al consejo, cabría suponer, le otorgaría un poder tal para no dudar en la aplicación de las reglas que ellos mismos dispusieron para el proceso de designación de rector. Una de ellas consistió en que los interesados en llegar a la rectoría general debían presentar su “curriculum vitae documentado”, según se estableció en la convocatoria. Cabrera Sixto no presentó los documentos que comprueban el contenido su historial, en un acto que más de uno interpretó como de rebeldía. ¿Hubo sanción? Ninguna. ¿Al menos se le reconvino? Sabe, la transparencia en el proceso no ha llegado a tanto. Como todos los que están atentos al proceso saben que esa mayoría del CGU juega a favor de Guerrero Agripino, no se atrevieron a tocar a Cabrera Sixto más que con el escarnio. En contra de su propia legalidad, lo que prefirió hace dos semanas fue anunciar en voz alta que Guerrero Agripino cumplió al cien por ciento con los requisitos requeridos y que su candidatura fue avalada por unanimidad, mientras que Cabrera Sixto lo hizo parcialmente y que 30 consejeros aprobaron su postulación y 21 la rechazaron.
Como si las casualidades existieran, para ese mismo jueves 13 estaba prevista la celebración de Guerrero Agripino con un evento por demás tronante que, ahora se sabe, le habría ayudado a organizar el ex rector y senador de la República, Juan Carlos Romero Hicks: la conferencia ante alumnos de la Facultad de Derecho del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. El festejo se vino abajo por culpa de tres jóvenes que comulgan con las ideas de ultaderecha de Romero Hicks, quienes, como todo el país se enteró, le arrojaron a Aguilar Morales billetes con los colores del orgullo gay.
De modo que el problema va más allá de Cabrera Sixto y hasta de Guerrero Agripino. Es el CGU que con las decisiones de la mayoría de sus miembros ha llevado a la comunidad universitaria a una confrontación. Peor aún, cuando un Consejo Universitario no hace cumplir sus reglas ni se respeta a sí mismo a la que daña gravemente es a la propia UG. Por su actuación en este proceso se corre el serio riesgo de que la próxima rectoría general resulte marcada por la falta de legitimidad. Sorprendería que la universidad fuera impermeable a tales despropósitos. Ojalá.
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