SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Luego de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa se desató la polémica e incluso la descalificación. Por ejemplo, el periodista Ricardo Alemán ha escrito juicios como que el informe es “ilegal y hasta delictivo” y también que “un gobierno que se respete habría expulsado del país a los dizque expertos”. O bien, medios de comunicación que acusan al GIEI de ganar un millón de dólares por este trabajo. Aseveraciones tan disparatadas muestran la necesidad de precisar la naturaleza del GIEI y la tarea encomendada.
Partimos de que el acceso a la justicia siempre es una obligación que corresponde al Estado. En este caso lo que está en cuestión es si la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado construir un explicación objetiva, fundamentada y creíble de lo sucedido con los normalistas. La respuesta es no. Por esa razón se recurre a una instancia internacional para que verifique lo realizado y coadyuve en su mejora hasta cumplir con la obligación de asegurar el acceso a la justicia.
Entonces la primera precisión es que la obligación de investigar ha sido y es del Estado mexicano, pero dadas las deficiencias que generan incredulidad, el gobierno recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le ofrezca asistencia técnica en la investigación, lo que se hace a través del GIEI, mediante acuerdo firmado el 12 de noviembre de 2014 (http://bit.ly/1K7pNL3).
El acuerdo antes citado establece que entre las tareas del Grupo de Expertos están:
6.- Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
6.1 Analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación, particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales, empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los ilícitos y de la responsabilidad penal.
6.2 De ser el caso y conforme a los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, recomendar acciones que deben implementarse para garantizar que la investigación agote cabalmente y en los distintos niveles de responsabilidad las líneas de investigación.
La segunda precisión es que el GIEI analiza la investigación de la PGR para determinar su calidad. Lo anterior quiere decir, por ejemplo, que el perito José Torero, experto en fuego e incendios, no realizó un peritaje alterno al de PGR, sino que evalúo lo realizado por ésta y concluye que la prueba pericial es deficiente y no se puede afirmar creíblemente que los 43 estudiantes fueron incinerados en el lugar y de la manera como PGR lo sostiene. El periódico Milenio se mofó de este experto diciendo que en sólo 20 minutos había descalificado el peritaje de PGR pues ese fue el tiempo, según el medio, que José Torero estuvo en el basurero de Cocula. El mismo perito en diversas entrevistas precisa que su opinión está basada en la información y documentos que le aportó la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense y que sus conclusiones tienen la finalidad de mejorar el trabajo de investigación para que a fin de cuentas sea creíble.
Otro punto de debate ha sido si el gobierno debe o no aceptar las recomendaciones formuladas por el GIEI. Debate por demás inútil pues lo que origina el acuerdo entre la CIDH y el Ejecutivo mexicano es una investigación no creíble y cuestionada, lo que lleva a pedir ayuda para mejorar la misma.
Cuando se suscribió el acuerdo de creación del GIEI el gobierno mexicano también se comprometió, de manera voluntaria, en aportar a la CIDH un millón de dólares para financiarlo. Por tanto el millón de dólares no es un pago a los expertos sino una aportación a la CIDH para que se disponga de los recursos que hagan viable la medida. Dado que las instituciones mexicanas no son creíbles se tiene que recurrir a terceros para conseguir ese propósito y eso significa recursos.
Que los gobiernos hagan aportaciones económicas a la CIDH es lo común pues este sistema fue creado y es financiado por los Estados del Continente. En este caso, México financia un asunto en su propio beneficio.
En síntesis, el Estado Mexicano es el obligado en investigar, juzgar y sancionar a quienes desaparecieron a los estudiantes, mientras que el aporte del GIEI consiste en ayudar a las autoridades mexicanas para que subsanen sus deficiencias y de ninguna manera suplantarlo en su responsabilidad.
Que algunos personajes pretendan que los expertos sean expulsados del país, da cuenta de mentalidades anacrónicas que creen que la soberanía sirve para solapar la impunidad.
@edgarcortezm
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