SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
México, D.F. / Miércoles 3 de febrero de 2016
- Es necesario que esta Ley refleje el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la tortura, así como eliminar la impunidad endémica sobre la práctica en México, afirman.
- También es necesario que la Ley Nacional de Ejecución Penal incluya contenidos mínimos para la prevención de la tortura.
Más de un centenar de organizaciones civiles de todo el país rechazaron la iniciativa de Ley General contra la Tortura que presentó el presidente Enrique Peña Nieto porque desconoce varios de los contenidos mínimos que esa legislación debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz. A la vez, exigieron al Congreso de la Unión que legislen una norma a la altura de los estándares internacionales.
- La iniciativa presidencial «no refleja lo necesario para una verdadera erradicación» de la tortura.
En un posicionamiento público hecho este día, las agrupaciones defensoras de derechos humanos y centros de investigación en temas de justicia reprocharon que a pesar de que en octubre de 2015 el Ejecutivo federal -a través de la Procuraduría General de la República- llevó a cabo un proceso de consulta con las organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia y actores sociales, el presidente Peña Nieto finalmente envió el 10 de diciembre al Congreso, sin siquiera notificarles, una propuesta de ley que «no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica».
En el diálogo que se entabló en esos días se llegó a acuerdos sobre los estándares que deberá contener la Ley General contra la Tortura para su eficaz aplicación, lo mismo que para el uso de un lenguaje mucho más específico e incluyente. Y «a pesar de que no se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y del sector académico, se consideró que el texto final busca la prevención, ssanción y erradicación de la tortura en México».
En principio, hacen ver que «la tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada.
Las organizaciones firmantes del posicionamiento proponen cuatro «aspectos torales» que debe contener la nueva ley:
- Excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes. Resulta inaceptable que, pese a que existe una prohibición expresa de utilizar estas pruebas e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido parámetros jurisprudenciales para eliminarlas de todo proceso penal, la iniciativa del Ejecutivo permita la admisibilidad de estas pruebas.
- Los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes deben tener las mismas consecuencias procesales y de protección a las víctimas que la tortura.
- Establecer al Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes) como un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de tortura como dolores, sufrimientos físicos o psíquicos, así como garantizar su realización por peritos independientes. En la iniciativa del Ejecutivo se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul, y que es realizado por peritos oficiales, además de imponer requerimientos excesivos para la incorporación y valoración de los peritajes independientes, a pesar de que estos últimos son los que usualmente se elaboran con mayor rigor y calidad, así como los más apegados a los estándares internacionales.
- Incluir una formulación conforme a los estándares internacionales en la materia sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, y no limitarse, como lo establece la iniciativa, a los superiores inmediatos. Igualmente, deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidades, no sólo para las personas sentenciadas, sino también, para las imputadas y procesadas.
- «La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas».
También mostraron su preocupación por «el hecho de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) siga operando desde el sistema ombudsman, aun con que desde su creación en 2007 no ha logrado revertir condiciones deplorables de detención y prácticas de tortura. En este ley se deben establecer los lineamientos para un efectivo monitoreo de las condiciones de detención con el fin de erradicar la tortura».
Recuerdan que ya existen estándares claros, provenientes de tratados internacionales ratificados por México, así como jurisprudencia de organismos de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que éstos debieran ser el piso mínimo de la Ley. De tal cuenta, alertaron sobre la necesidad de que la Ley Nacional de Ejecución Penal (actualmente en discusión en el Senado) dote de amplias facultades a las y los jueces de ejecución para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores, así como el ingreso de organismos independientes y de periodistas a las prisiones. «De lo contrario, dicha Ley socavará cualquier disposición de la Ley General contra la Tortura sobre prevención, investigación y sanción de la tortura y malos tratos en lugares de detención».
Las organizaciones firmantes exigen al Poder Legislativo «que, en sus diferentes etapas, tome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas y aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que nos permita revertir la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país».
Entre las organizaciones de la sociedad civil que se sumaron al posicionamiento se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Equis, Justicia para las Mujeres, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos.
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