SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Oaxaca, Oax. / Martes 1 de marzo de 2016
No me gusta recordar lo que pasó en 2006, porque cuando recuerdo lloro.
Pero sí me gusta llorar, porque para mí es como un descanso.
Testimonio
El Estado mexicano «violó de manera masiva y sistemática» los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el conflicto magisterial de los años 2006 y 2007, concluyó la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que emitió 25 recomendaciones a autoridades estatales y federales para garantizar justicia, reparación del daño y acabar con la impunidad de casi una década.
- «El aparato estatal utilizó técnicas de contrainformación».
Al presentar su informe ¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca, la CVO -conformada por Eugenia Mata García, Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y Alejandro Solalinde Guerra- dio a conocer que los casos estudiados por la CVO de los homicidios de las siguientes personas: Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, «existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. Esto ya que responden a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción en varios de los casos: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, falta de acopio y eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material y, por ende, el intelectual».
Los derechos humanos transgredidos al finalizar la administración federal de Vicente Fox, el inicio de la de Felipe Calderón Hinojosa y el primer tercio del gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz fueron: «Violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad».
En el resumen del informe presentado este lunes, a casi diez años de los hechos ocurridos en 2006 y 2007, la CVO afirmó que «aparte de emplear mecanismos de represión física, psicológica y técnica contra los medios comunitarios y alternativos, el aparato estatal utilizó técnicas de contrainformación, como lo fueron el portal electrónico www.oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social.
- Los comisionados registraron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
«Al respecto, la CVO pudo establecer, a través de testimonios, la relación directa entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, con la creación y operación ilegal de la llamada Radio Ciudadana, en la cual podrían haberse usado recursos públicos». Además, «la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social. Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público».
La CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. En 2007 fueron ejecutados tres voceadores de un diario local en el Istmo de Tehuantepec. Un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron agredidos, amenazados o coartados en su libertad de expresión e información.
Al cabo de todos estos años tampoco se tienen «estadísticas fiables y concretas. Esta CVO presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia». Y para la elaboración del informe tomó, de «manera formal y exhaustiva», el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016, de los cuales el 61% fueron individuales y 39% se recopilaron en sesiones colectivas. Del total, el 38.4% se trató de víctimas directas, el 60.83% fueron testimonios o informantes y el 0.7% presuntos perpetradores.
Estimó que la razón del bajo porcentaje de víctimas directas podría deberse a los siguientes factores: el primero es la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales actuales, la cual fue heredada por la CVO, ya que es un órgano autónomo del gobierno del estado de Oaxaca, el mismo que violentó sus derechos humanos. El segundo fue la presencia de la PFP, en 2015, para que pudieran celebrarse las evaluaciones de la reforma educativa rechazada por el movimiento magisterial oaxaqueño. En estos operativos policiales realizados durante los trabajos de la CVO hubo algunas detenciones y persecuciones de personas que ya habían sido víctimas en el conflicto del 2006 y 2007. La misma CVO registró en sus oficinas dos incidentes de seguridad provocados por agentes de las fuerzas federales.
Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO dijo que solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y «solamente atendieron este llamado el ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el ex secretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva».
- El ahora ex gobernador Ulises Ruiz no atendió al llamado a comparecer de la CVO.
En el apartado de anexos del informe se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO «señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto».
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