SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Washington, EEUU. / Miércoles 2 de febrero de 2016
«La actual crisis de graves violaciones a los derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la ‘Guerra Sucia’ y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día», dijo aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar su informe la Situación de Derechos Humanos en México. Y sentencia: «La tortura es generalizada y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención, que suele ser arbitraria, y antes que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez”.
- Desde el gobierno de Felipe Calderón ha habido más de 100 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y desplazados.
Al reconocer «avances significativos» en materia constitucional, legislativa e institucional, y la adopción de «importantes» políticas públicas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, la CIDH analiza «la grave crisis» en México, con particular énfasis en las «desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura»; inseguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad; la situación de los derechos humanos de grupos poblacionales «especialmente afectados por la violencia», incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans; y los asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que han «hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo».
La comisión dice en su informe, realizado después de la visita «In Loco» de sus comisionados en octubre pasado, que «la crisis» de violencia e inseguridad se da desde hace varios años, particularmente «durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico'». A partir de entonces, «las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales. Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales».
También, al tiempo de encomiar las medidas que el Estado ha adoptado, como las reformas en materia constitucional en 2011 y los protocolos aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, la CIDH consideró -«sin perjuicio de estos avances», insiste en el informe- que «la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación». «Constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una ‘simulación’.
- Ayotzinapa, ejemplo de la «aparente» colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado.
«A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia. En este contexto, son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra».
Las desapariciones forzadas, explica, se han dado en México desde la década de los 60 el siglo pasado, con la llamada Guerra Sucia, hasta finales de los 80 y «actualmente ha aumentado en forma dramática en el país. Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH a través de sus distintos mecanismos sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas».
En este contexto, y como ejemplo de impunidad, citó el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más en Iguala, Guerrero, lo que «constituye una grave tragedia» y «un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el estado de Guerrero. Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado».
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