SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México. / Miércoles 2 de marzo de 2016
El gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, rechazó el informe presentado este día por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al afirmar que «parte de premisas y diagnósticos erróneos», y que en la visita que una delegación de comisionados realizó a México en octubre pasado, «el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos».
Después de que se dio a conocer en Washington. Estados Unidos, el informe de la CIDH, el gobierno de la República difundió su postura a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación, en el que asegura que «el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia. Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció».
Así, en un listado de sus apreciaciones sobre el documento Situación de los Derechos Humanos en México de la CIDH, destaca que la estancia de los comisionados en nuestro país fue «a invitación del gobierno de la República» y que si bien en el informe se da cuenta «de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país», desde aquella visita fue «enfático» en señalar «que las observaciones preliminares de la CIDH – que hoy se retoman en el informe – se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el gobierno de la República ha impulsado en los últimos años».
Reprocha que «en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la comisión, además de que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997».
El gobierno de Enrique Peña Nieto critica que el informe final de la CIDH «incorpora referencias a las observaciones del Estado mexicano de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial. Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones».
También asegura que la metodología utilizada para integrar el informe «tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y 
llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas».
Y se queja de que el informe «no refleja que México es un gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales. Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el CONEVAL, esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH. Se destaca también que México cuenta con una sociedad civil demandante que participa activamente en el diseño e implementación de políticas y estrategias de derechos humanos, y con la que se mantiene un diálogo constante, mismo que ha servido para la construcción de políticas públicas y en el diseño de instrumentos legales».
Para finalizar, el gobierno de la República asegura que toma nota de las recomendaciones y reitera su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos. «En ese marco -concluye-, la reciente renovación de la Comisión ofrece una oportunidad para fortalecer el diálogo ente los Estados y la CIDH, que permita a los propios Comisionados contar con información balanceada y confiable que facilite su importante mandato de promoción de los derechos humanos en el continente».
Comparte en Facebook
Twittéalo
