SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 28 de marzo de 2016
“Si la administración de Felipe Calderón se caracterizó por exaltar la violencia y construir un Estado de excepción criminalizando a las víctimas y reduciéndolas a un ‘se están matando entre ellas o entre ellos’, o a bajas colaterales que no le importaban al Estado”, la del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong “se caracteriza por gobiernos que niegan la violencia y la tragedia humanitaria en el país, que entierran a las víctimas en el silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas aquellas organizaciones y personas que han tomado el camino de la verdad y de la justicia, apoyados, como es usual en todas las partidocracias, por organizaciones civiles financiadas por ellos y torciendo la legalidad en beneficio de la ilegalidad”, dijo este día el poeta Javier Sicilia en nombre de decenas de organizaciones y defensores de derechos humanos.
En lo que constituyó su reaparición pública luego de largos meses de silencio, Javier Sicilia se presentó en el salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal donde rodeado de activistas advirtió que “tocar a uno de nosotros es tocarnos a todos y contribuir a perpetuar un Estado de descomposición y de retorno a prácticas despreciables e indeseables para la democracia y la vida de una nación”.
Luego de mencionar al Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y al Centro Internacional por la Justicia Internacional; a Mariclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez, Miguel Sarre, Fernando Coronado, Pilar Noriega, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Sergio Méndez Silva, Paulina Vega, José Antonio Guevara y aun a Emilio Álvarez de Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, y al relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, envió un mensaje al presidente, al secretario de Gobernación “y a sus organizaciones clientelares y a las partidocracias”: “No aceptaremos nunca que se calumnie, se criminalice, se persiga, se torture o se asesine a nadie, mucho menos a los defensores de derechos humanos ni a quienes han tomado el camino de la justicia, la paz y la no violencia”.
En un discurso particularmente duro, les recordó que un buen gobierno tiene la obligación ética de garantizar la seguridad de los y las defensoras. Luego exigió a Osorio Chong reconocer públicamente las contribuciones que los activistas han hecho al país y que “detenga también estas graves y reprobables campañas de hostigamiento” contra las personas mencionadas que han sido “injustamente calumniadas y perseguidas”.
De no hacerlo, afirmó, “su silencio, como máximo responsable de la política interna, constituirá una elocuente apología de las violaciones a los derechos humanos y de la legalización de un Estado de excepción que no estamos dispuestos ni a aceptar ni a tolerar nunca. Porque buscamos justicia, defendemos a los defensores”.
De los miles a las decenas de miles
El discurso de Javier Sicilia se dio en el marco del quinto aniversario de la fundación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que nació luego del asesinato de su hijo Juan Francisco el 28 de marzo de 2011. Ahí, frente a más de medio centenar de asistentes, hizo un repaso de “esta corrupción del Estado, esta reducción de la vida política a un juego de poder, de dinero, de clientelismo, de encubrimiento y una política de seguridad cada vez más militarizada”, por la que “los 40 mil asesinados y diez mil desaparecidos que en 2011 nos hicieron salir a la calle, recorrer el país entero y los Estados Unidos y dialogar con los poderes, se ha convertido en un país de casi 200 mil asesinados, de más de 30 mil desaparecidos -cuyo caso “más emblemático es el de los 43 jóvenes de Ayotzinapa-, de casi un millón de desplazados y de cientos de fosas clandestinas excavadas a lo largo y ancho de todo el país, tanto por el crimen organizado como por las fiscalías de los estados”.
Aquel movimiento conformado por una coalición de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, recordó, presentó una propuesta de justicia y paz de seis puntos al gobierno de Felipe Calderón, a las partidocracias y a los candidatos que en 2012 disputaron la presidencia de la República.
“Entre estas propuestas se encontraba la exigencia al gobierno y a los partidos de limpiar sus filas de esos que enmascarados en la legalidad están coludidos con el crimen y tienen al Estado cooptado e impotente. El gobierno de entonces, los partidos no limpiaron sus filas y traicionaron como siempre los acuerdos. La misma Ley General de Víctimas y su Comisión, único logro del MPJyD, ha sido como todas las instituciones democráticas y ciudadanas cooptada por el gobierno y las partidocracias, y ha resultado inútil para dar justicia a las víctimas.
Acusó que en este sexenio se “nos ha llevado (…) a un retorno a las viejas prácticas del priismo, en la que los gobiernos incapaces de enfrentar la realidad, no sólo la niegan sino que asesinan o calumnian y criminalizan a quienes develan la tragedia humanitaria que vivimos, protestan y proponen una salida al dolor”.
Las actividades que realizan los y las defensoras de derechos humanos, las organizaciones, “no pueden ser considerados nunca, mucho menos en las circunstancias de violencia que vive México, como actos antipatrióticos ni actividades que afectan u obstaculizan la gobernabilidad.
“El sólo considerarlo -alertó- es estar del lado del crimen y de formas dictatoriales y autoritarias inéditas y espeluznantes en sus consecuencias. Me permiten decirles, por último, que lejos de intimidarnos nos fortalecen, nos unen en esta larga lucha contra la violencia, el crimen, la violación a los derechos humanos, y por la justicia, la paz y la dignidad de México.
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