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Aldabi Olvera / Másde131
Ciudad de México / Jueves 21 de abril de 2016
Trece días antes de que el ex presidente Vicente Fox y el hoy mandatario Enrique Peña Nieto ordenaran la represión contra la población de San Salvador Atenco, y dos meses antes de que el ex gobernador Ulises Ruiz hiciera lo propio en Oaxaca con los maestros, dos obreros mineros, Mario Alberto Castillo Rodríguez y Héctor Álvarez Gómez, fueron asesinados con armas de fuego por la Policía Federal en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Al menos 100 trabajadores resultaron heridos, pero lograron mantenerse en una huelga que se extendió por 142 días.
La tragedia de 45 mineros enterrados en Pasta de Conchos, Coahuila, estaba fresca. Los mineros de la Sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de Michoacán exigían el reconocimiento de su polémico líder, Napoleón Gómez Urrutiael, el pago total de sus salarios caídos, el retiro de las demandas judiciales contra los dirigentes del movimiento y la reinstalación de los trabajadores despedidos. Ante la negativa del gobierno foxista de tomar nota a Urrutia, los trabajadores tomaron las instalaciones de la empresa Villacero.
El gas lacrimógeno y las balas de goma dispersaron a los obreros. La Policía Federal Preventiva (PFP) los atacó a las siete de la mañana junto a trabajadores solidarios y pobladores en las calles del municipio costero michoacano, pero los mineros, en franca batalla, impidieron finalmente la imposición de un sindicato afín a la empresa, la detención de sus líderes y recuperaron las instalaciones de Villacero.
Hoy, el expediente de Lázaro Cárdenas sigue abierto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (recomendación 37/2006). De acuerdo con una nota publicada hoy (miércoles) por La Jornada, en aquel entonces, la Secretaría de Seguridad Pública foxista, entonces dirigida por Eduardo Medina Mora, y que no contaba con orden de un juez para el desalojo, usó este argumento:
“La verdad histórica es diferente. Los trabajadores provocaron el desorden”.
Los responsables de la muerte de los mineros no fueron llevados ante la justicia. El parecido con Ayotzinapa y tantos otros casos impunes no es casualidad, es el terror institucionalizado del Estado mexicano moderno.
A diez años de esta lucha minera de Lázaro Cárdenas, también vale la pena recordar las demandas históricas de este gremio, sus condiciones de vida y que las cosas para los trabajadores del metal no han cambiado mucho.
Y es que hace poco más de un mes los mineros emprendieron otra vez una huelga contra la empresa Arcelor Mittal, antes Sicartsa, por violaciones contra su su Contrato Colectivo de Trabajo. El 4 de marzo pasado instaron al gobierno de Peña Nieto a que respetara su derecho y que no ocurriera lo del 2006. Finalmente hubo un arreglo el 12 de marzo que deja los mismos pendientes: Las violaciones a sus derechos laborales.
Lázaro Cárdenas, junto con Pasta de Conchos, Atenco y Oaxaca no son sólo nombres que se suman al enorme pergamino de agravios en México. Ocurrieron en un año clave, antes de las elecciones presidenciales.
El mayor responsable de estos crímenes es el ex presidente Vicente Fox, quien ya preparaba el terreno para la la imposición de Felipe Calderón. Al poco tiempo de asumir el cargo, el belicoso panista declaró formalmente una guerra que en el discurso era contra narcotraficantes, pero en la práctica, su predecesor ya había comenzado contra mineros michoacanos, campesinos atenquenses y maestros oaxaqueños.
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