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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 12 de mayo de 2016
- Los representantes de la familia desde hace tres meses han solicitado a la Unidad de Búsqueda de la PGR la aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, sin respuesta.
Con la complicidad de sus jefes directos, tres policías municipales de Ahome Los Mochis, Sinaloa, se dieron a la fuga tras confirmarse su responsabilidad en la desaparición forzada de tres jóvenes en julio de 2015, denunció este día la organización I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Es otro caso en el país que cuenta con medidas cautelares para las víctimas directas e indirectas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que este miércoles instó al Estado mexicano «a localizar, detener y procesar» a los uniformados y expresó su preocupación por «la omisión de autoridades estatales y federales».
El martes 21 de julio de 2015, a plena luz del día, David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan, quien en ese momento se encontraba embarazada en sus primeros meses, fueron detenidos en la colonia San Rafael de esa demarcación cuando realizaban un negocio de compra y venta de vehículos. Desde entonces se desconoce su paradero.
«Es hasta el 18 de abril de 2016, es decir 8 meses de ocurridos los hechos, que el Juez de Control, Francisco Javier Eng Pérez, emitió la orden de aprehensión. A pesar de haber transcurrido más de 25 días de la emisión de la orden de aprehensión, los presuntos responsables habían permanecido trabajando en sus cargos. Aún más grave, sus superiores les otorgaron vacaciones hace algunos días, permitiéndoles así ampararse y escapar. Lo anterior es resultado de que la autoridad encargada de ejecutar la orden de aprehensión es la misma corporación a la que pertenecen estos elementos», explicó I(dh)eas.
- David Mendoza Marín.
A ello se suma que «las autoridades federales tampoco han actuado en el caso a pesar de conocer los hechos desde el 25 de septiembre de 2015, fecha en la que se presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Asimismo, se solicitó a la PGR la aplicación del Protocolo de Búsqueda, aprobado el 20 de agosto de 2015 por el pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (SNPJ), el cual tiene un carácter obligatorio para todas las procuradurías a nivel nacional. Sin embargo, a la fecha la PGR no ha realizado ninguna diligencia para encontrar a las personas desaparecidas, tampoco para detener a los responsables».
El Protocolo de Búsqueda al que hace referencia la organización tiene entre sus objetivos principales establecer un procedimiento para la coordinación eficaz e inmediata entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales en la búsqueda de las personas desaparecidas, desde el momento de la recepción del reporte; proteger a las víctimas directas e indirectas de la desaparición y sus derechos, cumpliendo con las medidas establecidas en la norma, particularmente en la Ley General de Víctimas, de acuerdo a las atribuciones de cada autoridad; y localizar, detener, investigar y consignar/acusar ante las autoridades jurisdiccionales, a los responsables del delito de desaparición forzada y aquella cometida por particulares, bajo las garantías del debido proceso.
I(dh)eas hizo énfasis en que por la gravedad del caso de desaparición forzada de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan, a manos de policías de policías, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU han emitido medidas cautelares y exigido al Estado mexicano que busque a las víctimas y sancione a los responsables.
«Precisamente el día de ayer – 11 de mayo de 2016- la organización I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos que representa a la familia, recibió una comunicación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en la que insta al Estado Mexicano a localizar, detener y procesar a los tres uniformados por la desaparición de los jóvenes. En su comunicación, el Comité expresó su preocupación por la omisión de las autoridades estatales y federales, así como la filtración de información que pudiese haber permitido la fuga de estos agentes».
Por lo anterior, tanto los familiares de las víctimas como sus representantes han solicitado a la Secretaría de Gobernación y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, que coadyuven en la búsqueda y detención de los responsables. Desafortunadamente, a la fecha estas instancias gubernamentales no han manifestado, con acciones concretas, la intención de cumplir con sus obligaciones en la materia, lo cual está obstaculizando el acceso a la justicia y reparación integral del daño para sus familias.
Este caso se semeja al de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014 y al de los cinco muchachos de Tierra Blanca, Veracruz, que fueron detenidos y desaparecidos por agentes del Estado. La medida cautelar 29/16 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la vida y la integridad de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan también incluye a Carola Marín, Tomás Mendoza y sus respectivos núcleos familiares.
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