Inversiones tóxicas

SOMOSMASS99

 

Alfonso Díaz Rey*

Viernes 13 de mayo de 2016

 

La minería, especialmente la que se practica a “cielo abierto”, es una actividad en extremo devastadora del ambiente; arrasa con las especies animales y vegetales, modifica el paisaje y presenta un riesgo potencial muy grande en aspectos de contaminación del suelo, subsuelo y agua, riesgo que se potencia por la corrupción tanto de las empresas como de las autoridades.

Cuando el objetivo de las empresas mineras es la extracción de oro y plata, utilizan cianuro de sodio para separar esos metales del resto del material al que están asociados. El residuo líquido es una solución que contiene esa sal tóxica y aun cuando existen protocolos para el tratamiento y disposición de esos residuos, la realidad nos ha mostrado que los accidentes en los que han ocurrido fugas o derrames de soluciones de cianuro de sodio no han sido pocos.

Sirva lo anterior de preámbulo a la polémica que ha generado el proyecto para la instalación de una planta para producir 65 mil toneladas anuales de cianuro de sodio, propiedad de The Chemours Company Mexicana, empresa que actualmente importa y comercializa en México una cantidad cercana a la que pretende producir en Salamanca, Guanajuato.

Por un lado, el gobierno del estado así como autoridades ambientales del mismo, presidencia municipal de Salamanca, grupos ambientalistas y empresariales locales y estatales, y vecinos de una comunidad cercana al sitio del proyecto, entre otros, se han pronunciado por la no instalación de la citada planta.

Por otro lado, además de los personeros que abogan por la realización de ese proyecto, el pasado 10 de mayo la prensa dio a conocer declaraciones del líder regional de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Carlos Muñoz Mosqueda (hermano del eterno dirigente de los trabajadores de la petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda), tildó de estar mal informados a quienes se oponen al proyecto y dijo que el gobierno federal ya lo había autorizado, cosa que el delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desmintió al día siguiente.

Pareciera que en este caso se ventilan contradicciones secundarias entre los partidos políticos en el gobierno federal y en el estado de Guanajuato, sin descartar algún conflicto de intereses, que no sería raro; además, es muy pobre el argumento de que con ese proyecto se crearán 600 empleos en la etapa de construcción (16 meses), ya que serían solamente empleos temporales y los 35 empleos permanentes que requerirá durante su operación son prácticamente irrelevantes si se comparan con la fuerza laboral del municipio y la necesidad de empleo.

Si como dijo el dirigente de la CTM: “habrá que preguntarle qué opina el pueblo…”, que al parecer fue lo único sensato que expresó, sería sano que como pueblo, salmantino y guanajuatense, se considerara nuestra opinión respecto de este diferendo.

Cabe aclarar que aun cuando el diseño de esa planta sea de lo más avanzado y en el supuesto de que no emita contaminantes, eso no garantiza que el manejo posterior se efectúe de manera en que tampoco haya afectaciones al ambiente, cosa que se demuestra con estadísticas de accidentes en los que ha estado presente el cianuro de sodio; lo cual deja de manifiesto que la causa primaria de ello es la minería, reforzada con el afán de lucro y la corrupción que impera en muchas empresas privadas y en el sector público.

El hecho de que es la minería, principalmente para la extracción de oro y plata, la actividad que demanda la utilización de esa sal tóxica y que su empleo representa un riesgo creciente, plantea la necesidad de encontrar alternativas en las que los trabajadores estén en el centro de la solución y no se afecten significativamente sus derechos.

Y podemos escuchar y leer acerca de inversiones multimillonarias, sobre todo en los seis últimos gobiernos federales que nos prometieron (y siguen haciéndolo) la entrada al primer mundo con la modernización que vendría con la privatización del patrimonio nacional, la pertenencia a un mundo globalizado y a seguir las leyes del mercado, pero la realidad es que la situación de nuestro pueblo es cada vez peor y el progresivo deterioro del medioambiente la agrava aún más.

La solución es todo menos fácil pero debemos encontrarla, porque si consideramos que más de la cuarta parte del territorio nacional se ha concesionado a empresas mineras (más de las concesiones en materia de energía que se avecinan), estamos ya frente a un negro panorama, algo totalmente distinto de lo que el grupo en el poder nos prometió cuando la minería se entregó al capital privado y volvió a prometer con la reforma energética para entregar el petróleo y la electricidad.

Y como la situación actual del país, no solamente por los problemas que derivan de la minería sino en todos los ámbitos de la vida es punto menos que insostenible y nos afecta a la inmensa mayoría de los mexicanos, es el pueblo quien tiene que buscar y encontrar la solución a sus problemas, actuando con organización, creatividad y por vías quizá inéditas.

* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular de Salamanca, Guanajuato.