SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 23 de mayo de 2016
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este día que legisladores federales, al contrario de incluir la aprobada Ley contra la Tortura aprobada en abril, lo que pretenden ahora es incluir en el periodo extraordinario de sesiones del 13 al 17 de junio una miscelánea penal en la que dan cabida a propuestas que alientan la tortura.
A través de un comunicado de prensa, más de un centenar de organismos ciudadanos e instituciones académicas lamentaron que los legisladores se planteen reformas en las que se incluyen propuestas como las de legalizar que las fuerzas de seguridad no pongan a las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial, sino que puedan llevarlas a lugares distintos «por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado», lo que significa, advierten, «no más y no menos que legalizar la paseada, es decir, la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura».
Hacen notar también que en contraste con la falta de voluntad para abordar la Ley General contra la Tortura, cuyo plazo constitucional para ser promulgada venció en enero del presente año, ahora se pretende la suspensión indefinida del plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura, lo que «significa que una persona acusada falsamente con base en una prueba fabricada bajo tortura, se podría quedar años en la cárcel con su proceso suspendido, medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia».
Además, se propone eliminar el derecho de la defensa de desahogar pruebas en la audiencia inicial. «En otras palabras, incluso si la persona cuenta con un video que demuestre que estuvo en otro país el día del delito, no lo puede reproducir y podría ser encarcelada y procesada».
Organizaciones como I(dh)eas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Equis, Justicia para las Mujeres, la Fundación para el Debido Proceso y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, recordaron que semanas atrás el país se indignó ante los videos difundidos en las redes sociales que muestran actos de tortura por miembros de fuerzas federales y estatales, así como uno en el que un funcionario de la Procuraduría del Estado de México reconoce que la fabricación de delitos es una práctica “de toda la vida”.
Ejemplo de ello, destacan que la serie de casos referidos en el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apuntan a que «la ‘verdad histórica’ de Ayotzinapa se construyó bajo la fabricación de declaraciones» y que . «la sentencia recién dada a conocer en el caso Tlatlaya también otorga valor a declaraciones fabricadas bajo tortura a las sobrevivientes».
Sostienen que casos de alto perfil como los reseñados «son sólo un botón de muestra de la práctica cotidiana de la tortura», que mientras persista esa práctica «en vez de las investigaciones, las miles de víctimas en México no tendrán acceso a verdad y justicia, y no podrá funcionar el sistema acusatorio y oral.
«Por lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas a la minuta de la Miscelánea Penal, y al Congreso en su conjunto para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa».
Entre el más de centenar de firmantes se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, los centros de Derechos Humanos de las Mujeres, de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Paso del Norte, Zeferino Ladrillero, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, entre otros muchos más.
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