Justicia penal contrahecha

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Edgar Cortez

Martes 24 de mayo de 2016

 

El sistema de justicia penal acusatorio aún no funciona en todo el país y el Congreso federal ya está preparando una reforma para imponer cambios regresivos.  

La justicia penal tiene buen tiempo en crisis. Las cifras de impunidad de 97 por ciento de los delitos denunciados tienen más de una década que se conocen; lo mismo que las enormes deficiencias tanto de las Procuradurías General de la República como de las Procuradurías estatales, para investigar delitos a pesar de las numerosas facultades que se les habían dado y la falta de control sobre su trabajo.

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Constitución donde se delineaba el nuevo sistema penal que se debía construir en todo el país en un plazo de ocho. Es decir faltan 25 días para que ese tiempo se agote y, a decir verdad, aún falta mucho trabajo para que el sistema opere mínimamente.

Apenas el 4 de mayo pasado la organización CIDAC presentó su más reciente investigación sobre la implementación del sistema de justicia penal acusatorio: Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal. Entre sus hallazgos está que:

… el proceso de implementación se caracterizó por la ausencia de políticas públicas capaces de atender integralmente las necesidades de coordinación institucional; además, las acciones para la implementación en todo el país se llevaron a cabo de forma aislada y descoordinada. Aunado a ello, el constante cambio de autoridades ha generado vulnerabilidad en el proceso de implementación. Lo anterior, derivó en 33 procesos de transformación paralelos, pero desarticulados, tanto en las entidades federativas como en la Federación, lo que inevitablemente impactará en la operación y resultados del sistema de justicia penal.

… Si se mantiene el ritmo de implementación que han mostrado las entidades federativas desde 2013 a nivel nacional nos llevará, en promedio, once años alcanzar el nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada…

Lo anterior ya son malas noticias y, desafortunadamente, no son todas. Está en puerta una reforma, que se ha llamado miscelánea penal, donde se proponen cambios a un sistema que aún no funciona del todo.

Esta miscelánea propone modificar 232 artículos de 10 cuerpos legales. Por ejemplo, 66 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 37 del Código Penal Federal, 30 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, entre otros.

Buena parte de las propuestas son de corte regresivo, como las siguientes:

• Se justifica que la autoridad que detenga a una persona –policía, Marina o Ejército- no la lleve de inmediato ante el Ministerio Público, podrá entonces retenerla para extorsionarla, maltratarla o torturarla.
• Se propone facilitar y extender la prisión preventiva.
• Se propone regresar a que haya documentos que tenga valor por sí mismo, ignorando que toda prueba tiene que ser debatida por las partes y valorada por el Juez como órgano imparcial.

Esta miscelánea penal no justifica sus propuestas de cambio, vuelve a la perniciosa práctica legislativa de hacerlo mediante ocurrencias, y bien privilegiando darle mayores ventajas al Ministerio Público.

Los legisladores olvidan que exactamente de ahí venimos, de solapar a un Ministerio Público al que se fue dado mayores poderes sin control alguno, justificando que con mayor permisividad tendríamos mejor justicia. La realidad fue exactamente al revés.

Cuando se discutió y aprobó el Código Nacional de Procedimiento Penales un grupo de organizaciones civiles propusieron que se estableciera un mecanismo para que las reformas propuestas estuvieran precedidas por estudios para mostrar la necesidad y la pertinencia. Al respecto el artículo décimo tercero transitorio estableció que:

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores remitirán, de manera semestral, la información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el presente Código.

Nada de esto sucede con la miscelánea penal. Seguimos adelante con la mala práctica de legislar con base en ocurrencias o bien bajo parámetros autoritarios.

@EdgarCortezm