SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 28 de junio de 2016
En Veracruz, las familias de personas desaparecidas viven un calvario que no tiene fin.
El 15 de junio pasado un centenar de personas, en su gran mayoría mujeres, representantes de una decena de organizaciones de familiares de desaparecidos sostuvieron una reunión con autoridades Federales y estatales. Por parte de las primeras participaron Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En cuanto a autoridades locales estuvieron el Fiscal General del Estado, la Fiscal Especializada en Desaparición Forzada así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El propósito de dicha reunión era que todas las autoridades con responsabilidad respecto de las desapariciones mantuvieran un diálogo con las familiares y pudiera trazarse una ruta para hacer más efectivo la búsqueda, la investigación y las políticas necesarias para responder a las necesidades de miles de familias.
Lo expresado por las familias fue un recuento del desastre de la justicia. Desde el miedo a denunciar por falta de confianza o por el riesgo, pues la denuncia apunta hacia la policía municipal o estatal; el pobre trabajo de investigación; la lentitud para obtener informaciones básicas como las sabanas de llamadas de los teléfonos de las personas desaparecidas; que les han tomado varias veces las muestras de ADN pues se han extraviado; pero sobre todo que no hay resultado alguno respecto de qué pasó y dónde están sus familiares.
Una de las asistentes refirió que hace un par de años cuando se creó la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzadas había unos cincuenta casos y ahora esta instancia debe investigar unos mil setecientos cincuenta casos. La cifra es escandalosa y más si pensamos que ese número representa sólo una parte, pues hay muchas familias a las que el miedo ha impedido denunciar.
La reunión era un gesto de confianza de parte de las familias, pero una semana después el señor José Jesús Jiménez Gaona y su esposa, Francisca Vázquez Mendoza, ambos integrantes de un colectivo de familiares de Poza Rica, fueron atacados por un grupo de hombres armados, siendo ejecutado el primero y dejando gravemente herida a ella.
La pareja son los padres de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, desaparecida desde el 25 de mayo de 2011, por tanto durante cinco años buscaron a su hija, sufrieron la ineptitud de la justicia para finalmente él ser asesinado y ella puesta al borde de la muerte.
¿Reunirse con las autoridades es una oportunidad para impulsar las investigaciones o son ocasión para el riesgo aumente? La respuesta tiene que venir del resultado para esclarecer esta última agresión.
@EdgarCortezm
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