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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 27 de junio de 2016
En el marco de la movilización magisterial que rechaza la reforma laboral en el ámbito educativo, impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la organización defensora de periodistas Artículo 19 documentó que en tan sólo cuatro días, del 17 al 21 de junio, se registraron 16 ataques contra la prensa en Oaxaca y la Ciudad de México. «Destaca el asesinato de un periodista y cuatro tentativas de homicidio»; además, diez agresiones se dirigieron contra fotoperiodistas, y los principales agresores fueron elementos de seguridad pública, señalados como responsables de 11 casos.
En un duro reporte titulado Cobertura bajo fuego. Violencia contra la prensa durante las protestas en Oaxaca y CDMx, Artículo 19 establece que «las fuerzas de seguridad federal y estatales iniciaron una escalada represiva en los poblados oaxaqueños de Ixtepec, Hacienda Blanca, Juchitán y Nochixtlán, y que se extendió a la Ciudad de México».
Aunque no se le menciona por nombre, Elidio Ramos Zárate, de El Sur del Istmo, es el periodista que murió asesinado el domingo 19 de junio. A las 16:30 de ese día, el comunicador se encontraba en la carretera federal 190, tramo Oaxaca-Juchitán, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos descendió del vehículo para dispararle en dos ocasiones en la cabeza. Ramos Zárate había dado cobertura por la mañana a la quema de dos autobuses de pasajeros por simpatizantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes realizaron esa acción como parte del bloqueo carretero que instalaron cerca del paraje conocido como Canal 33, a un kilómetro aproximadamente del lugar del ataque.
Artículo 19 sostiene en su reporte que la reacción de las autoridades «se produce en un contexto de creciente bloqueo de cualquier posibilidad de diálogo por parte del poder político, de restricción del derecho a la libre expresión de disenso, y de criminalización de los actores implicados en el cambio social. Junto a ello, se registra una mayor limitación de las posibilidades de documentación e información sobre la protesta, una casi absoluta impunidad ante los hechos de violencia contra comunicadores, y un nulo reconocimiento estatal de la contribución del periodismo a la vigencia de la democracia y los derechos humanos.
«Tales acciones y omisiones del Estado mexicano se han materializado en los últimos días en serios abusos de autoridad por parte de los elementos policiales, un uso indiscriminado de la fuerza pública contra maestros, periodistas y sociedad civil, así como en la creación de un clima de violencia favorable a la comisión de agresiones muy graves contra quienes pretendían informar de las manifestaciones del movimiento magisterial. Las consecuencias ya conocidas a nivel internacional y nacional son 10 personas muertas (8 en Nochixtlán y 2 en Juchitán) y 108 lesionadas, de acuerdo con cifras oficiales».
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