SOMOSMASS99
Sara González / Somos el medio
Jueves 1 de septiembre de 2016
Cada año, entre los meses de septiembre y enero, miles de jornaleros y jornaleras de la montaña de Guerrero emprenden camino hacia el norte del país para trabajar en surcos de empresas agrícolas. Con la ilusión de obtener mejores ingresos económicos, la población jornalera migra a 18 estados del país, principalmente Sinaloa, Sonora y Guanajuato. En un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras de la Montañadenunció las violaciones a sus derechos laborales y sus condiciones infrahumanas ante el Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). También acusaron el trato discriminatorio de la Secretaría de Asuntos Indígenas así como de la administración de Héctor Astudillo.
La población jornalera enfrenta constantemente despidos injustificados y retención de salarios. En el marco de esta temporada de alta migración, miembros del Consejo constataron la desatención y la precariedad en que se encuentra el espacio donde suelen llegar regularmente las familias –mayoritariamente indígenas- a descansar y preparar sus alimentos. Sin embargo, según el Consejo de Jornaleros, México no tiene ningún marco legal apropiado para proteger sus derechos, ni políticas públicas que reviertan las condiciones deshumanizantes en que viven.
Desde hace 11 años, el Consejo logró establecer un acuerdo con las autoridades estatales para apoyar con insumos básicos un comedor comunitario. Sin embargo, este apoyo “tiene que ser arrancado cada año a base de denuncias públicas y protestas”. Además, denunciaron que la administración de Héctor Astudillo desechó una comisión intersecretarial creada en la pasada administración para atender y apoyar a los jornaleros agrícolas migrantes. El Consejo denuncia que el gobierno federal, a través de la CDI y la SEDESOL así como el gobierno estatal invisibilizan de manera deliberada a la población jornalera.
El pasado 30 de agosto, el Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU expresó su interés en la problemática y se comprometió a tomar en cuenta los testimonios rendidos por las familias jornaleras relacionados con violaciones de sus derechos como trabajadores ante empresas extranjeras.
Durante la temporada pasada el Consejo de jornaleros y jornaleras registró 6 mil 752 personas que salieron a los estados del norte desde el mes de agosto de 2015 hasta enero de 2016. Con el apoyo de algunos jornaleros, hicieron un registro de las familias jornaleras que salieron del mes de febrero al mes de mayo que ascendió a 495 personas de los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac, Coapanatoyac y Atlamajalcingo del Monte.
- Foto: Somos el medio
El caso de la empresa agrícola Buen Año, Sinaloa
La empresa agrícola Buen Año, de origen Chino, está ubicada en el municipio de Costa Rico en el estado de Sinaloa. Empresarios de la empresa amenazaron a los jornaleros por atreverse a bloquear la entrada al campo y por parar labores durante dos días. Esta protesta de más de 5000 trabajadores de distintos estados se dio después de que la empresa aumentara de 10 a 15 cajas los vegetales a producir, pagándoles el mismo sueldo de 65 pesos. El comunicado de Tlachinollan indica que “ninguna autoridad se interesó en intervenir y salir en defensa de los jornaleros migrantes”.
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