SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Lunes 5 de septiembre de 2016
Organizaciones y representantes de al menos 94 pueblos, tribus, comunidades y barrios de 23 estados del país respaldaron la lucha de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco, contra la construcción de la presa El Zapotillo, concesionada a la empresa española Abengoa y con la que la Conagua tiene previsto dotar de agua a las ciudades de Guadalajara y León, Guanajuato. Así se establece en el pronunciamiento de la Sexta Asamblea General en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, donde denunciaron al Estado mexicano por las violaciones cometidas contra los pueblos, le exigieron la cancelación definitiva y total de todos los megaproyectos que atentan contra los comunidades y demandaron el cese de la violencia, represión y criminalización de las y los defensores del territorio.
«Temacapulín es el sitio de una valiente lucha de más de once años en contra del proyecto de represa de El Zapotillo. Las y los integrantes de la Campaña manifestamos que Temacapulín, Acasico y Palmarejo no se encuentran solos. En su lucha encontramos reflejado nuestro propio dolor y rabia por lo cual hacemos propios sus esfuerzos por detener este proyecto de represa y trasvase de cuenca», afirmaron.
- Foto de archivo
Firmado el 29 de agosto en Temacapulín, el documento es resultado del encuentro celebrado en esa demarcación jalisciense los días 27 y 28 del mes pasado y en el que participaron representantes de los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. «La totalidad de las regiones representadas manifestamos nuestra determinación de continuar en la lucha contra los proyectos de muerte, generando espacios de encuentro como la Asamblea en Temacapulín para fortalecer nuestra unidad y coordinación en este esfuerzo».
Sostuvieron que Temacapulín es sólo una entre muchas luchas por la defensa del territorio activas en la región occidente del país, donde los habitantes de El Salto, Juanacatlán y la Huizachera, también en Jalisco, han emprendido una difícil lucha por evitar la contaminación del Río Santiago.
En el recuento de las luchas que libran los pueblos en todo el país, dieron cuenta de que a ambos lados de la frontera Jalisco-Colima se sufren afectaciones a la salud y al medio ambiente «por parte de la mina a cielo abierto de Peña Colorada, así como la violencia y asesinatos sistemáticos para imponer este proyecto. El pueblo Náyeri enfrenta con dignidad el proyecto de represa conocido como Las Cruces en el Río San Pedro-Mezquital. En Zacualpan, Colima se enfrenta una situación de represión generalizada de la población por la imposición de proyectos mineros.
«Asimismo el pueblo Wixárika, por conducto del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, sigue exigiendo la cancelación definitiva de todas y cada una de las concesiones mineras existentes dentro del Área Natural Protegida del territorio sagrado de Wirikuta y su zona de influencia».
Resaltaron el caso de Cherán, en Michoacán, que «se ha erigido como ejemplo para los pueblos a partir de la construcción de un gobierno autónomo que le ha permitido defender la vida de sus habitantes y el bosque de su territorio frente al crimen organizado». En tanto que San Juan Huizontla, en la región de la Sierra-Costa michoacana, enfrenta también la amenaza de la minería de tajo a cielo abierto impulsada por el mismo crimen organizado.
«Así como sucede en occidente, a lo largo y ancho de la República mexicana los pueblos enfrentan proyectos de despojo como son minas –de tajo a cielo abierto, submarina, tumbe y relleno, y pocitos de carbón, entre otras–, represas y trasvases de cuencas, proyectos de generación de electricidad –termonúcleares, hidroeléctricas, termoeléctricas de carbón, combustóleo o ciclo combinado y parques eólicos a gran escala, entre otras-, autopistas y carreteras, aeropuertos, puertos marinos, privatización de sistemas de abasto de agua potable, proyectos de desarrollo turístico a gran escala, proyectos inmobiliarios, gentrificación violenta, vertederos tóxicos, incineradoras de basura, explotación de hidrocarburos –pozos convencionales, pozos de fracking, pozos en aguas someras y profundas, gasoductos y oleoductos, refinerías y regasificadoras, entre otros–, biopiratería y bioprospección, privatización de semillas, transgénicos, piratería de conocimientos y saberes, programas de mercantilización de bienes forestales o de captura de carbono (como REDD+), explotación forestal, destrucción de manglares, ganadería industrial intensiva, monocultivos y agrocombustibles, entre otros proyectos de muerte.
«A raíz de esta amenaza general, nosotros, como sujetos de derechos colectivos, denunciamos públicamente al Estado mexicano por no ser garante de nuestros derechos sino, por lo contrario, esforzarse por propiciar el despojo por parte de grandes capitales. Atropellando la vida y derechos de los habitantes de este país, el Estado mexicano hace uso arbitrario de las fuerzas de seguridad y la ley para reprimir y criminalizar la protesta de quienes defienden su territorio. En algunas regiones, hace caso omiso de los crímenes perpetrados por grupos paramilitares o del crimen organizado que promueven la violencia en colusión con los intereses de empresas promotoras de megaproyectos de muerte. La situación de violencia generalizada en el país parece ser impulsada con el propósito de acallar las manifestaciones de descontento ante el desgobierno de quienes actualmente detentan el poder en el Estado mexicano. Se han creado policías militarizadas federales (gendarmería) y estatales, así como leyes que avalan auténticos estados de sitio y violaciones de derechos–como la “Ley Eruviel” en el Estado de México o la Ley de Protección de Inversiones de Hidrocarburos a nivel federal-«.
Contrario a la ratificación de instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos, hicieron énfasis en que el gobierno de México «los ha violado sistemáticamente a pesar de presumir su reconocimiento y garantía, tanto al interior como al exterior del país. En este sentido el Estado mexicano está incumpliendo una obligación fundamental con respecto a sus habitantes y de cara a la comunidad internacional. En específico nos referimos a la inobservancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, entre otras normas de derechos humanos internacionales».
Denunciaron «a los capitales que controlan los medios masivos de comunicación que, en colusión con el Estado y los capitales promotores de megaproyectos, invisibilizan o desacreditan nuestras luchas, generando una atmósfera propicia para la violencia y represión. Se presenta a los pueblos en defensa del territorio como un obstáculo para el progreso o como foco generador de violencia».
- Cherán, ejemplo de construcción de un gobierno autónomo. | Foto: SubVersiones
Los participantes en la Sexta Asamblea General en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio exigieron que «se anulen las órdenes de aprehensión fabricadas por el Estado en contra de los defensores del territorio»; la liberación de los presos políticos y de conciencia; el esclarecimiento de «los crímenes perpetrados por el Estado contra defensores y activistas, incluyendo agresiones, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas»; «respeto a los medios libres de comunicación»; que «en el marco de la visita oficial del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (del 29 de agosto al 7 de septiembre) se visibilice la violación de derechos humanos en nuestros territorios, así como los patrones de actuación contra los pueblos, cometidos por empresas nacionales e internacionales»; «respeto al derecho a la libre determinación y autogobierno de las naciones, pueblos, tribus, comunidades, barrios y colectivos sobre nuestras tierras, territorios y bienes naturales y saberes»; y que «comience un proceso de enjuiciamiento popular del Estado mexicano, las empresas y el crimen organizado por sus crímenes en contra de los pueblos».
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