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Edgar Cortez
Martes 6 de septiembre de 2016
En la actualidad la ciudadanía desconfía de las instituciones y de quienes las integran. La desconfianza aplica en lo macro y en lo micro.
En lo macro el ejemplo más claro es el mismo Presidente Peña Nieto, a quien se ha señalado por asuntos como la casa blanca, el plagio de su tesis de licenciatura y la desatinada invitación de Donald Trump a México. Estos y otros escándalos lo tienen con el nivel de aprobación más bajo, apenas el 23 %, de un presidente a partir de 1995, año en que inició esta medición.
En lo micro sucede algo parecido pero multiplicado por miles sino es que por millones. Veamos un par de historias.
Gemma Mavil Hernández desapareció en la ciudad de Xalapa el 3 de mayo de 2011. Desde entonces su padre no ha dejado de buscarla e investigar sobre su paradero. Sus indagaciones le permitieron determinar que desde octubre de 2011, la fiscalía encontró su cuerpo y lo enterró en una fosa común. La Fiscalía General de Justicia del Estado le informó lo anterior hasta 2014. Con esa información Pedro Mavil obligó a la Fiscalía General del Estado a que exhumaran los restos y le fueran entregados. A la fecha se han realizado tres búsquedas en el panteón de Palo Verde en la ciudad de Xalapa y todas han sido infructuosas.
Estas fallidas búsquedas dan cuenta que la Fiscalía entierra cuerpos de personas desconocidas de manera irregular – a la fecha se reconocen al menos 192 casos en este lugar-, y que en el panteón de Palo Verde existe una total anarquía e irregular negocio con la fosas.
Las autoridades, quienes deberían dar certeza a los ciudadanos, lo que en realidad hacen es incrementar la incertidumbre que rodea a una desaparición. Como dice don Pedro, padre de Gemma, la Fiscalía sigue desapareciendo a mi hija.
Una segunda historia. El 16 de junio de este año, Hugo Arochi y Saúl Ortega, empleados del Sistema de Administración Tributaria (SAT), salieron de la ciudad de Toluca para realizar notificaciones en Tlatlaya, estado de México. Ambos desaparecieron y la camioneta en que viajaban apareció posteriormente en el estado de Guerrero. A la fecha los dos hombres siguen desparecidos y su familia batallando para saber su paradero.
Uno de los reclamos públicos de las familias fue que no tienen recursos pues se dejó de pagar su salario a los desaparecidos. El SAT responde diciendo que ellos siguen depositando el salario de sus empleados en sus respectivas cuentas de nómina y reconoce que la dificultad está en que las familias no pueden acceder a dichos recursos pues los únicos autorizados son los desaparecidos.
Aquí se puede ver el abismo existente entre la necesidad y la respuesta. Las familias, luego de la desaparición, empiezan a vivir apremios económicos y lo que necesitan es disponer del salario pasa resolver necesidades básicas y cotidianas. La autoridad responde que cumple con el pago y ahí termina su obligación. Las necesidades de las familias la tienen sin cuidado.
A las instituciones públicas y a sus integrantes sólo les interesa preservar sus cargos y mantener sus privilegios. Las necesidades y problemas de los ciudadanos les son ajenas por completos. Esta enorme y creciente brecha es la que alimenta la desconfianza.
@EdgarCortezm
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