SOMOSMASS99
Agustin Galo Samario / SomosMass99
León, Gto. / Domingo 13 de noviembre de 2016
A una semana de que el alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, acusó de extorsión a Códigos News y a su director Andrés Guardiola, aunque sin mencionarlo por su nombre, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) no ha iniciado ninguna investigación por este nuevo ataque contra la libertad de expresión de periodistas en Guanajuato, ni el gobierno de Guanajuato, que encabeza Miguel Márquez Márquez, ha emprendido acciones para ofrecer garantías y evitar represalias contra los comunicadores que laboran en ese medio de comunicación, como ya lo exigió este viernes la organización internacional Artículo 19 al emitir una alerta sobre el caso.
En entrevista con SomosMass99, Andrés Guardiola dijo «estar un poco más preocupado, porque al principio lo vi como una nota normal. No pensé que fuera a causar esto. Pero de acuerdo a lo que he estado captando de Artículo 19, de compañeros, de diferentes instancias, creo que la gente que trabajamos en Códigos estamos preocupados». Mientras, ya interpuso una denuncia (52943/2016) ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato «por difamación y lo que resulte» contra quien quiera que sea el responsable.
A su vez, Baltasar Zamudio, dirigente estatal del PRD -partido al que pertenece Hugo Estefanía-, declaró que, en principio, que no ha tenido comunicación con el presidente municipal y que es un «convencido de que la libertad e expresión es fundamental en un estado democrático, que bajo ninguna circunstancia debe limitarse. Es lamentable la declaración en contra de Códigos. En solidaridad con Códigos y con Andrés, tanto la postura del propio alcalde, si es cierto o si hubo algún intento de lo que el advierte (la extorsión) es ir directo a tribunales. Pero es correcta la actitud de Andrés de acudir a la PGJE y denunciar; que la autoridad determine lo que a derecho corresponda».
El 26 de octubre, elementos de la Gendarmería Nacional detuvieron a cuatro policías de Cortazar, entre ellos el subdirector Hugo Ramirez Peña, por su presunta participación en el robo de mercancía del ferrocarril. Tres días después se difundió una grabación donde supuestamente se escucha la voz de Estefanía Monroy, quien ordena a los empleados municipales defender a los detenidos a través de las redes sociales. Y les advierte: «Aquel cabrón que no lo haga ahora sí lo voy a dar de baja”.
Códigos News informó de todos estos hechos, y a la vez dio cuenta de que el alcalde también sería motivo de investigación. Fue el pasado lunes que al ser cuestionado al respecto en conferencia de prensa, Estefanía Monroy afirmó: «Este medio de comunicación que es Códigos, que ustedes saben quién es, es una persona que dedica solamente a extorsionar. Y no es la primera vez, desde que fui dirigente estatal (del PRD) me hizo lo mismo, quiere venir a pedir cierta cantidad para tratar de tapar cierta información».
En este contexto, ahora que el gobierno de Estefanía Monroy ha cumplido más de un año en funciones, en la página de Internet del municipio de Cortazar se difunde un video por sus primeros 100 días de trabajo en el que, en su parte final, dice lo siguiente: “El presidente siempre dará la cara porque lo ha dicho, no tiene nada que esconder sino mucha esperanza por defender, y el compromiso de servir, servirte a ti, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Este es un gobierno de todos. Habrá decisiones que no gustarán, pero serán valientes porque se trata de no perder el rumbo, ser un gobierno honrado, responsable y respetuoso de la ley. En Cortazar, decisión es nuestro valor”.
Alerta
Este viernes la organización internacional defensora de la libertad de expresión Artículo 19 emitió una alerta sobre el caso. Después de hacer un recuento de lo sucedido y de las publicaciones de Códigos News, incluida la nota en que da cuenta de que Estefanía Monroy es investigado, recuerda que «Cortazar se ha visto aquejado en los últimos meses por la delincuencia. Códigos se ha dedicado a dar cobertura a los incidentes de seguridad en la región y los señalamientos de los presuntos vínculos del alcalde con la delincuencia».
- El gobierno de Miguel Márquez también ha guardado silencio ante este nuevo ataque a la libertad de expresión en Guanajuato. En la imagen, durante su informe de labores en marzo de 2016. | Foto: Gustavo Becerra. / Cuartoscuro.
Para la organización, «las declaraciones del alcalde Hugo Estefanía Monroy y la posibilidad de que fueran motivadas por el ejercicio periodístico de Códigos implican un ataque frontal a la libertad de difundir información. Por este motivo, Artículo 19 urge a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronuncie sobre el caso en la medida de sus atribuciones. Además, exige al gobierno municipal de Cortázar y al estatal de Guanajuato garantizar la labor de medios de comunicación y periodistas así como evitar represalias hacia el equipo de Códigos».
Al respecto, Andrés Guardiola dice a SomosMass99 que la información que publicó «era algo normal, no pensé que iba a pasar esto. Pero este cuate tiene problemas de criminalidad, en su administración los índices se dispararon. No esperaba ningún problema. Además la nota no acusa a nadie, no es un gran descubrimiento que se le esté investigando. La lógica diría que si fue el subdirector, se investiga al director; si es el director, se investiga al alcalde. Si eres (policía) ministerial esa les la lógica.
Ahora bien, «creo que la gente que trabajamos en Códigos estamos preocupados. La alerta de Artículo 19 llama al gobierno del estado, más allá del alcalde, y a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato a tomar cartas en el asunto. Pero han pasado más de 24 horas de la alerta y no he recibido llamada de (Enrique) Áviles (coordinador general de Comunicación Social del gobierno estatal), de Antonio Salvador (García López, secretario de Gobierno). Nada, nada. De la Procuraduría de Derechos Humanos no espero absolutamente nada, está acéfala desde hace ocho años. Derechos Humanos tendría que darle seguimiento al asunto por oficio, y si Articulo 19 ya lo hizo, independientemente de que lo que pensemos, eso lo tendrían que hacer ellos».
No obstante, comentó que pronto acudirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato a presentar una queja y posteriormente, porque quiere ir paso a paso, denunciar el caso ante la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR. «Porque es una amenaza velada, aunque no da mi nombre».
En cuanto al panorama que ahora percibe, dice que se trata de «la criminalización de una información que no era tan grave, porque no es que yo haya dado una cosa contundente, es que simplemente se le investiga, y ante una situación así te quieren acotar. Hay muchos más que lo hacen. Él (Hugo Estefanía) usó palabras de que somos extorsionadores y que fuimos a la alcaldía. Eso es muy grave, la extorsión es muy grave, es como un secuestro. Ahora lo entiendo todo…».
- Hugo Estefanía Monroy, presidente municipal de Cortazar, Guanajuato. | Foto: Facebook de Hugo Estefanía.
Agradeció el apoyo que ha recibido del gremio periodístico, aunque también hizo notar que «la solidaridad no es de todos los medios: no veo al am ni a correo. Pero es lo mismo, lamentablemente se minimiza y no es sino hasta que ocurren los problemas. El am no sacó nada de Karla Silva hasta que escaló a nivel nacional. No sé si es temor o, no sé, una falta de olfato. Se respeta la decisión de cada quien, pero después de ganar un premio nacional de periodismo… Y el caso de Gerardo Nieto no ha sido aclarado, lo hemos mencionado en el Congreso del Estado como parte de esta comisión para la ley de protección de periodistas y no ha pasado nada».
El protocolo perredista
Para Baltasar Zamudio, dirigente estatal del PRD, el video en que Hugo Estefanía Monroy acusa de extorsión a Códigos News y a su director es muestra de que «hay un actuar que debe ser revisado por el propio alcalde. El tema central debe ser el respeto al Estado de derecho: de los elementos de seguridad pública (detenidos), simple y sencillamente que la autoridad haga las investigaciones pertinentes, y que la autoridad municipal contribuya para que se esclarezcan los hechos, que si hay funcionarios involucrados que se llegue a las últimas consecuencias».
Y al negar que haya tenido contacto con el alcalde, sostuvo que la postura de su partido ha sido crítica «por el actuar o por las omisiones» que en materia de seguridad han tenido «la Secretaría de Seguridad Pública y en general el gobierno del estado. Como se ha venido agudizando la inseguridad, en lo propio no podemos ignorarlo. Debe contribuirse por parte de nuestros alcaldes, y Hugo en particular debe permitirse el desahogo de las investigaciones y si existen responsabilidad, contribuir».
Al Comité Ejecutivo Nacional del PRD pertenece la Comisión de Vigilancia y Ética y hay procesos «que se desatan de manera oficiosas» a partir de este tipo de circunstancias. «Se actúa en consecuencia, se realiza la investigación y está en proceso el tema. Están haciendo la parte que corresponde. Debo decir que se reitera la postura que tenemos como partido: no vamos a solapar la actitud de ningún funcionario o militante que esté relacionado a algún hecho delictivo».
- Carlos Navarrete, ex dirigente nacional del PRD (en medio), flanqueado por Baltasar Zamudio, líder perredista en Guanajuato (izq.), e isidoro Bazaldúa (der.), en enero de 2015, cuando por el caso Iguala en ese partido se hablaba de establecer controles para impedir la postulación de candidatos ligados a la delincuencia. / Foto: Cuartoscuro.
Explicó que a raíz de la noche de Iguala, Guerrero, cuando policías municipales desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa supuestamente entregándolos a la delincuencia organizada, su partido elaboró un protocolo que determina los procedimientos y las instancias para revisar cualquiera de este tipo de asuntos. «Insisto, el gobierno del estado y federal que hagan el trabajo a fondo, investigación, la revisión y deslinde de circunstancias derivados de los hechos; que se otorguen garantías de vida y resuelvan conforme a derecho. Es el planteamiento fundamental, que se den garantías de vida, de un lado y de otro, es decir, es fundamental en toda investigación, llámese la que realiza la PGJE o la propia. Al final del día hay una situación que debe ser considerada: el debido proceso, y que no haya una resolución a priori, sino que debe ser realizada la investigación por las autoridades y por el propio partido en la comisión. Reitero, la Comisión tendrá que revisar y definir. El estatuto contempla desde una suspensión de los derechos hasta una posible cancelación de la afiliación. Es una circunstancia relativa que dependerá de la investigación que realiza la comisión y determina si existen o no elementos para una sanción y el tipo de sanción».
Foto de portada: Félix Márquez. / Cuartoscuro.
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