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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 2 de febrero de 2017
- Las mineras canadienses recurren a la violencia armada con total impunidad, denuncia la Red
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que las empresas Torex Gold Resources y Panamericana Silver recurren a la violencia armada, con grupos de la delincuencia organizada como Guerreros Unidos, para despojar a las comunidades de sus tierras y continuar con sus proyectos de explotación de minerales; y a la vez, exigió a las autoridades mexicanas una investigación y que se lleve a juicio a las mineras canadienses.
Los casos más recientes han ocurrido en los municipios de Cocula, Guerrero, y Chalchihuites, Zacatecas. En el primero, sostuvo REMA, el 31 de enero «grupos civiles armados, en su mayor parte pertenecientes al grupo delincuencial de los Guerreros Unidos, instalaron retenes en los poblados de Atzacala y Mezcala» con el propósito de impedir el arribo de diversos contingentes de apoyo al lugar del bloqueo que desde el domingo pasado mantienen campesinos y pescadores contra la empresa Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold Resources.
- Chlchihuites, Zacatecas. | Foto: REMA.
Ese día, según un reporte del periódico El Sur, por segundo día consecutivo vecinos de cuatro pueblos cercanos a las instalaciones de Media Luna, en Nuevo Balsas, Cocula, bloquearon los accesos a la minera en demanda de indemnizaciones por los daños ambientales que genera. Sin embargo, la empresa envió a trabajadores y a civiles armados para evitar que los inconformes recibieran la solidaridad de grupos sociales y sometieron al dirigente de los trabajadores del sindicato de mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica.
REMA, en un comunicado, explicó que el bloqueo lo realizan pobladores de Nuevo Balsas, Real de Limón y Atzacala ante los reiterados incumplimientos de acuerdos por parte de la empresa minera. Principalmente, la indemnización por 500 mil pesos anuales por los daños ocasionados al ambiente, en especial a la presa que les permitía subsistir a través de la pesca. También, por los daños causados a la salud y la «grave crisis de inseguridad por la clara participación del crimen organizado en áreas de operación de la empresa».
En ese orden, acusó que ante esta situación las respuestas de representantes del gobierno de Guerrero han sido «lamentables, reduccionistas, carentes de verdad, lo que hace suponer su involucramiento (…) como tal sucede en muchos otros hechos delictivos que día a día se presentan en el estado».
En Zacatecas, lo mismo
La Red denunció también que el 13 de enero, 47 familias que habitaban en la comunidad rural de La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, fueron desalojadas de sus hogares por guardias privados, que portaban armas largas, de la minera canadiense Panamerican Silver. «Con maquinaria pesada la empresa destruyó sus casas para apropiarse de sus lotes, de la misma manera como actuó la mina Frisco el 23 de diciembre de 2016 con la Comunidad de Salaverna, Zacatecas. Desde hace 2 años esta violenta empresa canadiense comenzó a despedir selectivamente a trabajadores que vivían en las comunidades cercanas.
- El interior de una mina. | Foto: Pixabay.
«REMA ha estado sosteniendo en reiteradas ocasiones que las empresas mineras de capital privado extranjero y mexicano, constantemente violan los derechos humanos, violentan las leyes ambientales y laborales, y por si fuera poco en una buena cantidad de casos han hecho uso de grupos de choque, paramilitares, grupos armados de la delincuencia organizada y fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal que servilmente protegen los intereses privados de éstas».
La Red, a la vez que exigió investigaciones por los hechos sucedidos en Cocula y Chalchihutes, afirmó que este tipo de situaciones ocurren en todo nuestro país, incluso en Canadá donde pueblos indígenas también son despojados de sus territorios por las mineras. «La impunidad, la corrupción, la violencia, el incumplimiento de los convenios, su absurda construcción y fomento de los principios rectores o su vergonzosa responsabilidad social corporativa, no son más que los mecanismos que utilizan para transitar impunemente por sobre los derechos de pueblos, comunidades y trabajadores».
Foto de portada: José I. Hernández / Cuartoscuro.
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