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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 2 de febrero de 2017
Juan Ontiveros Ramos, defensor comunitario rarámuri, fue asesinado este miércoles, quien a la muerte de Isidro Baldenegro hace poco más de dos semanas encabezó una comitiva que se entrevistó con autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por el asesinato de su compañero y denunciar la violencia contra su pueblo y los defensores de los bosques en la Sierra Tarahumara.
- Juan Ontiveros Ramos. | Foto: RedTDT.
De acuerdo con un comunicado difundido por más de cien organizaciones civiles y un llamado de alerta (hasta el cierre de esta edición con más de 170 firmas) de personas de todo el país y del extranjero, Ontiveros Ramos, de 32 años, fue secuestrado y posteriormente asesinado tras participar en las reuniones con funcionarios estatales y federales para exigir protección para los habitantes de la comunidad de Choréachi que defienden su territorio ancestral, y posteriormente a que el Relator sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, repudió la muerte violenta de Isidro Baldenegro. Las y los firmantes exigieron a las autoridades investigar los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad de Choréachi.
«Las personas y organizaciones que firmamos el presente comunicado expresamos nuestra indignación y preocupación por el inaceptable secuestro y posterior asesinato de Juan Ontiveros Ramos, parte de la comunidad indígena de Choréachi que defiende su territorio ancestral. Este asesinato es una muestra de la inacción del Estado mexicano ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, por lo que exigimos que de inmediato se tomen medidas que garanticen una investigación oportuna así como la seguridad de las mismas, que permitan el retorno de las familias desplazadas y garanticen su derecho a defender los derechos humanos».
Añadieron que «la comunidad indígena de Choréachi, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ha informado el 31 de enero del secuestro y el 1 de febrero del asesinato de Juan Ontiveros Ramos, reconocido líder indígena de la localidad. Días antes de ser asesinado (el 20 de enero), el defensor –y comisariado de policía de la comunidad- estuvo en una reunión con integrantes de Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial agrario de la comunidad. Cabe destacar que también ofreció su testimonio de la problemática local en un video que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una reunión de implementación de medidas cautelares en octubre de 2015».
- Isidro Baldenegro. | Foto: Fundación Goldman.
Recordaron que en el informe de cierre de misión de 24 de enero, el Relator Forst señaló: “Durante mi visita a Chihuahua, me familiaricé con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades”. Por tales motivos, el experto «llamó a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara”. Las organizaciones firmantes del presente comunicado hacemos nuestro el llamado de Michel Forst y urgimos a las autoridades estatales y federales a actuar en consecuencia.
Explicaron que las agresiones hacia la comunidad Choréachi y la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada son un problema sin resolver de mucho tiempo. «Desde hace años ya se había denunciado como una situación de emergencia, cuando el 20 de febrero de 2014 varias organizaciones de la región enviaron una solicitud de medidas cautelares a la CIDH por el caso de Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares, mismas que fueron otorgadas para preservar su vida y para que pudiesen realizar su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de violencia.
«Estas medidas siguen sin materializarse efectivamente, lo cual redunda en la impunidad y falta de procesamiento de los crímenes contra los defensores del territorio en la Sierra Tarahumara, y en el estado de Chihuahua, siendo éste el que tiene mayor número medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos en México. Es importante mencionar que no es la primera vez que cuando se denuncia la problemática, viene como consecuencia la amenaza: como prueba, en 2013 después de la denuncia ante instancias internacionales, una de las principales denunciantes de la situación en la comunidad no pudo regresar a su comunidad porque los agresores se enteraron de ello y le amenazaron seriamente. Al día de hoy, continúa desplazada de manera forzada».
- Foto: Centro Prodh.
En tanto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) lanzó un llamado de acción urgente, en el que convoca a todos los ciudadanos a exigir a las autoridades federales y del estado de Chihuahua que protejan a la comunidad de Choréachi y se brinde seguridad a la vida y el patrimonio natural y cultural del pueblo rarámuri; garantizar la integridad física y moral de la familia de Juan Ontiveros Ramos; cumplimentar las órdenes de aprehensión que están pendientes en relación con el asesinato de Jaime Zubías y Socorro Ayala en tanto tienen relación con estos hechos; que la investigación iniciada por estos hechos se integre diligentemente, a fin de que permita identificar, procesar y sancionar a todos los responsables; y que se garantice la no repetición de hechos similares; que se cumplan los acuerdos adoptados en las diferentes mesas sostenidas, y que redunden en tanto en la garantía que la comunidad recupere su territorio como en el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH y la seguridad de quienes se encuentren en el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y que se ponga en marcha el plan de contingencia derivado de la alerta preventiva a favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, adoptada por la Junta de Gobierno del mecanismo de protección en la materia.
El llamado lo firman 173 personas de México, Nicaragua, España y Estados Unidos, entre ellas Javier Tovarich, Jesús Robles Maloof, Ofelia Medina y Gustavo Castro. En tanto, el comunicado fue difundido, entre otros, por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; Acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz; Artículo 19; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México; Casa de los Derechos de Periodistas; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua; Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité Cerezo México; Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia, y RedTDT, que agrupa a 80 colectivos de todo el país.
Foto de portada: Rashide Frías / Cuartoscuro.
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