SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 16 de febrero de 2017
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió al Juez de Primera Instancia en Materia Penal y al Poder Judicial del Estado de Guerrero apegarse a la legalidad en el caso de Arturo Campos Herrera, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), preso desde hace tres años por el supuesto delito de secuestro.
«En el camino hacia la búsqueda de justicia que emprendió Arturo Campos en contra de los procesos penales que injustamente le fueron iniciados, se ha dado un paso más para demostrar no sólo inocencia sino también las técnicas del Estado para criminalizar el modelo de justicia comunitario de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), donde sin pruebas ni elementos suficientes se sostienen acusaciones que han privado de la libertad a varios líderes indígenas que han buscado defender sus comunidades de la ola de violencia que azota su territorio», dice Tlachinollan en un comunicado en el que da cuenta del careo llevado acabo el día martes entre el Campos Herrera y las personas señaladas como víctimas, en el que éstas últimas «no sólo no hicieron ningún señalamiento en su contra sino que además puntualizaron que en ningún momento se les exigió dinero a cambio de su liberación».
- Arturo Campos Herrera. | Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
De acuerdo con información del Centro Tlachinollan, Arturo Campos Herrera, dirigente de las CRAC-PC, fue detenido el 1 de diciembre de 2013 en Chilpancingo, Guerrero, al concluir un mitin para exigir la libertad de trece de sus compañeros detenidos de manera arbitraria. Ese mismo día fue trasladado al puerto de Acapulco y con una rapidez inusitada, sin permitir la presencia de abogados de su confianza, enviado de inmediato al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. «El plan de su captura fue desmovilizar a la CRAC-PC, que exigía la libertad de Nestora Salgado, y colocar a sus dirigentes más combativos en penales de alta seguridad».
Ahora en el careo del martes, mientras las supuestas víctimas reconocieron que la privación de su libertad se debió a infracciones que cometieron dentro de sus comunidades, el Ministerio Público que inició la acusación decidió no estar presente en la diligencia, «lo que en un principio deja duda en su actuar».
El Centro Tlachinollan dice en su comunicado que «tal diligencia visibiliza las fallas estructurales en el sistema de justicia penal, así como su uso faccioso y discrecional, en el cual acusaciones sin fundamentos logran sustentarse durante años. En el presente caso no existen elementos que permitan complementar el tipo penal de secuestro ni una actuación ilegal por parte del sistema de justicia comunitaria; lo que es prueba fehaciente de un intento de criminalización de la CRAC-PC».
Sostiene que ante «el contundente derrumbe de la imputación» y en estricto apego a los principios de legalidad y justicia, el juez de la causa «está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera toda vez que han quedado totalmente desvanecidas las imputaciones que realizan en su contra.
- Miembros de las CRAC-PC en un acto público de quema de droga decomisada. | Foto: Bernardino Hernández / Cuartoscuro.
«Por ello, como Centro de Derechos Humanos exhortamos al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) para que se apegue a la legalidad. Se ha demostrado que Arturo Campos Herrera pertenece a un sistema de justicia comunitario bajo el amparo de la ley 701, de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Articulo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre su derecho a la autodeterminación».
Foto de portada: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Comparte en Facebook
Twittéalo
