#SeguridadSinGuerra, la militarización no es el camino

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 22 de marzo de 2017

 

No se debe normalizar la excepción, sino enfrentar la emergencia y corregir las fallas de fondo. Porque en 2006 teníamos ocho homicidios por cada cien mil habitantes y desde que el Ejército salió a las calles la cifra se incrementó a 24 por cada cien mil. Tres meses más asesinatos que antes, y hoy, tras diez años de guerra, «seguimos sufriendo el mismo nivel atroz de violencia».

Esas son parte de las conclusiones a las que llega el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, activistas, académicos y periodistas de prácticamente todo el país que rechazan la militarización de la seguridad pública que contempla la iniciativa de Ley de Seguridad Interior -que se discute en la Cámara de Diputados federal-, pese a que reconocen que es necesaria una regulación de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Para promulgar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, proponen incluir fuertes contrapesos del los poderes Legislativo y Judicial; fijar objetivos precisos y límites de tiempo, claros e improrrogables para que el Ejército regrese a los cuarteles; establecer mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública; un modelo de controles múltiples para la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA; que esos operativos estén aparejados con una normativa para el uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas; y crear una comisión conformada por representantes del Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia en estos diez años y de la sociedad civil que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

Cheque en blanco

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se pronunció por contar con policías y autoridades civiles que resuelvan la crisis de seguridad, toda vez que la Constitución ordena actualmente que las tareas de seguridad pública no le corresponden a los militares, y porque «no están preparados para ello y supone un riesgo para la democracia».

Alerta que quienes impulsan la Ley de Seguridad Interior pretenden «normalizar y perpetuar la intervención militar sin que los gobiernos municipales, estatales y federal se responsabilicen de nuestra seguridad. Además, existe una gran presión sobre los legisladores para darle al Ejército un cheque en blanco y que no responda por las violaciones de derechos humanos. Tratan incluso de hacer creer que la ciudadanía reclama esta ley, cuando la gente es la primera víctima del despliegue militar: entre 2006 y 2014 hubo mil 273 denuncias por tortura a manos de militares.

«Además, esta ley permite un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso y presunción de inocencia, entre otros. Incluso permite al Ejército intervenir en manifestaciones pacíficas. Hay que recordar que la ciudadanía no somos el enemigo a abatir. Debemos cambiar de ruta para lograr una #SeguridadSinGuerra».

A través de un comunicado en el que dan a conocer su iniciativa, los integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra sostienen que las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar, como lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Régimen de excepción

«La realidad es que las FFAA mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil (…) Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de Seguridad Interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía».

Afirman que la propuesta de Ley de Seguridad Interior no toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada. La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede, los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional y la evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido esa violencia y, en cambio, ha desgastado a las Fuerzas Armadas.

«Antes que una Ley de Seguridad Interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido».

Consideran que el concepto de seguridad interior es poco claro, confunde las funciones y tareas de seguridad nacional y de seguridad pública, además de que en la iniciativa se propone un régimen de excepción en el que se violentan diversos derechos y no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. «Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas» de la actual estrategia de seguridad.

Las personas y organizaciones que crearon el colectivo #SeguridadSinGuerra lanzaron también la invitación a los ciudadanos para que envíen cartas a los diputados federales con el fin de que no aprueben la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues cada una de las tres propuestas de Ley de Seguridad Interior presentadas -por el senador panista Roberto Gil Zuarth, el también senador Luis Miguel Barbosa y los diputados priistas César Cámacho Quiroz y Martha Tamayo- tienen como propósito común legalizar la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles, crear un marco de operación militar sin rendición de cuentas o transparencia, empoderar al presidente y a las Fuerzas Armadas, y debilitar los contrapesos legislativos y judiciales para vigilar y controlar la ejecución de dichas tareas.

Foto de portada: José María Martínez / Cuartoscuro.