Mayas piden a SCJN haga valer sus resoluciones sobre soya transgénica

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 22 de marzo de 2017

 

Mayas de Campeche acudieron este día a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para denunciar violaciones al proceso de consulta para la siembra de soya transgénica y exigir que establezca las medias necesarias para hacer efectivas las tres resoluciones en que ordena la suspensión del permiso otorgado por el gobierno de la República a la transnacional Monsanto.

«Frente a la ausencia de condiciones para garantizar el cumplimiento de las sentencias 498/2015, 499/2015 y 500/2015, representantes del Colectivo de Comunidades de los Chenes, pertenecientes al municipio de Hopelchén, Campeche, acudieron a la Suprema Corte para expresar sus preocupaciones y exigir al máximo tribunal que establezca las medidas necesarias para hacer efectivas esas resoluciones», precisaron las organizaciones MA OGM, Greenpeace, CEMDA, Promoción y Defensa de Derechos Humanos Indignación, Sin Maís no hay País, Educe y Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar.

A través de un comunicado, recordaron que el 4 de noviembre de 2015 la Segunda Sala de la SCJN emitió las sentencias en contra del permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la multinacional estadounidense Monsanto, con la que aplaza la siembra de soya genéticamene modificada hasta en tanto no se realice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, a fin de proteger los derechos y garantizar la participación del pueblo maya en la toma de decisiones.

Sin embargo, denunciaron, desde que inició la consulta se han cometido serias violaciones a lo ordenado por la Corte: Monsanto ha sembrado «de manera ilegal soya transgénica»; «han habido amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta»; la parcialidad de la CIBIOGEM (integrada por los titulares de Sagarpa, Semarnat, SEP, SHCP, Secretaría de Economía y el director general del Conacyt) omisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), que «ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias toxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica»; las omisiones de Sagarpa, Senasica, Ministerio Público federal Conagua y Profepa «para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región»; y la ausencia de información a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica».

Muchas de estas irregularidades, añadieron, fueron documentadas por la Misión de Observación ciudadana instituida para el proceso de consulta y reconocidas por la propia CIBIOGEM el 5 de diciembre de 2016, que «ante las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió que existían cuando menos 300 hectáreas de soya transgénica sembradas en el municipio de Hopelchén, sin que hasta la fecha exista información sobre las sanciones implementadas ni sobre el destino de esa soya ilegalmente sembrada».

La petición a la SCJN para que haga valer su orden de suspender el permiso a Monsanto también se sustenta en que, pese a las tres visitas realizadas por los representantes de las comunidades afectadas, el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche «se ha negado sistemáticamente a establecer las medidas de apremio necesarias para que la sentencia sea efectiva y se cumplan los lineamientos establecidos por la Corte, lo cual pone en entredicho la voluntad y capacidad del citado juez para cumplir con una labor esencial del Poder Judicial de la Federación, que es hacer realidad sus resoluciones».

Además de exigirles que se cumplan las condiciones establecidas en su sentencia, las y los representantes de las comunidades les externaron a los ministros Alberto Pérez Gallán, José Fernando Franco González, Javier Laynez Potisec, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza y a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos»la falta de credibilidad y fuerza de sus sentencias» como institución, y a la vez les recordaron que tienen «una oportunidad histórica» para también hacer justicia a los mayas de Quintana Roo, con quienes comparten el objetivo común «de anular de manera definitiva el permiso que favorece a la transnacional Monsanto y declarar a la Península de Yucatán libre de transgénicos».

Previamente, la organización Educe explicó a través de otro comunicado que ya son alrededor de cinco años de la lucha legal contra el permiso otorgado por Sagarpa a Monsanto Company, «multinacional estadounidense que se vende a sí misma como una gran benefactora de los campesinos y promotora de la ‘sustentabilidad’, pero que en realidad es un enorme negocio de agrotóxicos que (ya está demostrado en Argentina y Paraguay) va dejando a su paso despojo, enfermedad, muerte y destrucción de la naturaleza.

«La concesión de ese permiso es el motivo de nuestra petición de amparo bajo el cobijo de las leyes nacionales e internacionales que deberían vigilar y resguardar los derechos de los pueblos indígenas, aunque también hemos visto que los tribunales, a veces, se alejan de la justicia».

CONSULTA INDÍGENA MAYA (MA OGM) from MA OGM Colectivo on Vimeo.

Foto de portada: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.