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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 30 de marzo de 2017
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a la comunidad de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua, informó la organización Alianza Sierra Madre, que señaló que esta resolución proviene del incumplimiento del Estado ante medidas ordenadas anteriormente y es un reconocimiento a la situación de riesgo y abandono que impera en la comunidad.
Choreachi, que cuenta con una población aproximada de 800 habitantes, es objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas “en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal y se alega además la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotráfico”, informó la Corte. El sistema interamericano ya había dictado medidas en octubre de 2014 para proteger a Prudencio Ramos Ramos y a Ángela Ayala Ramos, así como a sus dos núcleos familiares, que actualmente se encuentran desplazados forzadamente a raíz de los asesinatos impunes de los integrantes de la comunidad Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos. Se suma a esos asesinatos el de Juan Ontiveros Ramos, ocurrido el 31 de enero de este año.
Juan Ontiveros Ramos. | Foto: RedTDT.
El otorgamiento de medidas provisionales se da en casos de extrema gravedad y urgencia; en este caso, el Estado mexicano deberá rendir a más tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas, el cual deberá ir acompañado por el diagnóstico sobre la situación actual de riesgo de dichas comunidades. Estas medidas se suman a las aprobadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 3 de febrero pasado, dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, para la protección de todos los integrantes de la comunidad indígena. Hasta el momento, informan las organizaciones, estas medidas no han sido implementadas.
La organización defensora de los derechos humanos y el territorio señala que la resolución de la Corte Interamericana llega en un momento fundamental en Chihuahua, donde es impostergable “la coordinación de los tres niveles de gobierno (especialmente del estatal y el federal) para que exista una verdadera seguridad en la zona, que no haya más pérdidas humanas y la comunidad esté protegida”. Abogadas y abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) instaron a las diferentes autoridades responsables del Estado mexicano a implementar a la brevedad las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los habitantes de la comunidad de Choréachi puedan continuar residiendo en ella de manera segura.
Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Foto de portada: Saúl López / Cuartoscuro.
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