«Si es capaz de espiar a un adolescente, ¿qué sigue?», preguntan a EPN

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 19 de junio de 2017

 

Periodistas y defensores de derechos humanos presentaron este día una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que investigue los actos de espionaje en su contra, incluido un hijo de Carmen Aristegui, presuntamente cometidos desde el gobierno de la República, «por los delitos consistentes intervención de comunicaciones privadas, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y los demás que resulten».

A la vez, pidieron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e informaron que también hicieron del conocimiento de estos hechos a organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, cuya directora para las Américas, Ericka Guevara-Rosas, sostuvo que «estos hallazgos son consistentes con las investigaciones previas de Amnistía Internacional y muestran un claro patrón de uso ilegal de la tecnología en un intento de controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder».

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto afirmaba en Cancún, Quintana Roo, que «México, ha hecho de la democracia representativa la base de un régimen de derechos y libertades» durante la inauguración de la 47 Asamblea de la Organización de Estados Américanos (OEA), activistas y periodistas ofrecieron una conferencia de prensa en la que se dio a conocer el informe #ElGobiernoEspía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, con la colaboración de SocialTic, Red3D y Artículo 19. La investigación «demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción».

Entre las personas espiadas por el gobierno federal desde 2015, además de Mario Patrón, del Centro Prodh, también están los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui -y su hijo menor de edad Emilio-, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, además de Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad.

«La evidencia indica que estos nuevos casos no son aislados sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. Asimismo, permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia. Conductas que violan la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos», afirmaron por su parte Artículo 19, Red3D, SocialTic y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuyo titular, Mario Patrón, es uno de los activistas espiados.

De acuerdo con un amplio reportaje del periódico estadounidense The New York Times, publicado hoy mismo y que cita al Citizen Lab, cada licencia de infección adquirida por el gobierno mexicano tendría un costo alrededor de 77 mil dólares o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos «provenientes del erario público».

En respuesta al diario neoyorkino, el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo a través de Daniel Millán, responsable de medios internacionales de la presidencia de la República, que «no hay prueba alguna de que las agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje», y afirmó: «Condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona».

Apenas el jueves 15, Peña Nieto había dicho que «el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática”, y que por ello su gobierno «es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. Seguiremos trabajando para fortalecer las condiciones que se requieren para el ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso».

Micrófonos, cámaras, aplicaciones, correos, todo

John Scott Railton, de Citizen Lab, explicó en la conferencia de prensa que el espionaje se da a través de una empresa llamada NSO Group, la cual colaboraría con algunas dependencias del gobierno mexicano para espiar periodistas y defensores. La licencia de infección funcionaría de la siguiente manera: a través de links enviados por mensajes de texto a los teléfonos celulares de las personas objetivo, un malware se inserta en el dispositivo para entonces ser hackeado y, finalmente, tener acceso a toda la información del aparato de comunicación: micrófono, cámara, directorios, correos, ubicaciones, llamadas, fotografías, aplicaciones.

“La mayoría de los nombres del dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual en conjunto con otras evidencias presentadas reafirma que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esa forma de vigilancia”.

En un posicionamiento conjunto, las organizaciones Red3D, Artículo 19, SocialTic y Centro Prodh rechazaron «este nuevo ataque contra la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso del malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso de poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. Así mismo, exigimos la reformas legales necesarias para regular las facultades del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”.

Ya en la conferencia de prensa, los activistas y periodistas denunciantes afirmaron que en México el espionaje “se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación» y «constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”.

«Siniestro»

Carmen Aristegui sostuvo que, por ejemplo, en lugar de investigar quién está detrás de hechos que trastocan la legalidad en las elecciones, «el gobierno mexicano espía a sus críticos, espía a los defensores de derechos humanos, espía a los que se dedican a defender a las víctimas de este país. A eso se dedica el gobierno mexicano, a utilizar el dinero de nosotros para cometer todo tipo de delitos. Explique usted, presidente Peña Nieto, de qué se trata, le diríamos.

«¿Qué hizo este gobierno con los mensajes, con las fotos, con los videos, con los contactos de los abogados y defensores del Centro Prodh? ¿Qué hizo con ello? ¿Dónde está esa información? ¿Para qué le sirvió a quien fue por esa información de manera ilícita? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con los mensajes, con la información que robó indebidamente a los periodistas (Salvador) Camarena, (Daniel) Lizárraga, (Rafael) Cabrera, (Sebastián) Barragán, (Carlos) Loret de Mola? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con eso? ¿Qué va a hacer con lo que tiene en sus manos? ¿Qué tipo de cosas hizo o pensó hacer con lo que obtuvo de sus actividades o informaciones de quienes se dedican a defender la salud o los derechos de la salud? ¿Qué hizo con la información que obtuvo de Alejandro Calvillo (director de El Poder del Consumidor) o de los otros personajes que, ha quedado documentado, fueron espiados?

«¿Qué dice Peña Nieto cuando aquí se documenta y se muestra a la sociedad mexicana, y a los colegas periodistas, que estamos frente (…), qué dice el gobierno mexicano sobre este que es el abuso más claro que se ha documentado de estas tecnologías por parte de un gobierno? ¿Qué dice el gobierno mexicano de que estamos ganando un primer lugar de la utilización indebida de estas tecnologías en contra de ciudadanos?

«¿Para qué quería el gobierno de Enrique Peña Nieto la información de un adolescente? ¿Qué pensaba hacer el gobierno de Peña Nieto con la información de un joven estudiante? ¿Pensaba utilizar algo de lo que ahí obtuviera para atacar más a los periodistas, como ya lo ha hecho en otras dimensiones, además de un golpe de censura y de echarnos de la radio; además de un acoso judicial con juicios abiertos que siguen ahí y que no puedo desconectarlos de esto; además del allanamiento físico a nuestras oficinas? ¿Qué más pretendía hacer este gobierno en contra de los periodistas que hemos hecho varias tareas, una de ellas centralmente importante para nosotros y la sociedad mexicana como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto? ¿Qué más, presidente? ¿Qué sigue si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente? ¿No le parece, presidente siniestro? Hay que preguntarle varias cosas al gobierno mexicano después de lo que aquí hemos presentado».

El informe #ElGobiernoEspía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se puede leer aquí.

Fotos de portada: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.