Espionaje político

SOMOSMASS99

 

Edgar Cortez

Martes 20 de junio de 2017

 

Uno de los rasgos que caracterizó al régimen priísta de los años de presidencia hegemónica fue el espionaje de los opositores políticos. Ahora sabemos que dicha práctica permanece vigente.

El día de ayer su publicó el informe Gobierno Espía. Vigilancia sistemática a defensores de derechos humanos y periodistas (http://bit.ly/2rJtGbn). De manera simultánea el New York Times (http://nyti.ms/2tG4Wxs) difundió una amplia nota del mismo.

El informe presenta de manera detallada el espionaje realizado en contra de la periodista Carmen Aristegui y su hijo; de Carlos Loret así como de los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, colaboradores de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se documenta también lo sucedido con Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), así como con el director y dos abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Cada persona fue víctima de espionaje porque participaba de alguna investigación que documentaba y denunciaba actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. La Casa Blanca del presidente Peña Nieto; las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato; las empresas fantasma de Javier Duarte; la ley tres de tres, así como la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

El informe fue resulta de un trabajo coordinado entre Citizen Lab de la Universidad de Toronto: Artículo 19 México, R3D y Social TIC.

El capítulo previo de esta historia sucedió en febrero pasado. Entonces, el mismo NYT difundió información del espionaje en contra del Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.

En esa ocasión el asunto tenía que ver con la exigencia de establecer regulaciones estrictas y la aplicación de políticas públicas que reduzcan el consumo de refrescos y comida chatarra en el país.

En todos los casos la intromisión sucedió mediante el envío de mensajes de texto que buscaban llamar la atención de la persona para que abriera  un enlace. De esa manera se instalaba un programa que permitía espiar las llamadas, los mensajes, el correo electrónico y las redes sociales.

Esa tecnología para espiar la ofrece la empresa israelí, NSO Group y, de acuerdo con el informe, cuando menos la han adquirido la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), La Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

La historia resulta mayor. En julio de 2015 diversos medios dieron a conocer que la empresa italiana Hacking Team había vendido a varios países programas para realizar espionaje masivo, entre ellos México. De acuerdo con información de la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre la lista de compradores aparecían además de PGR, los gobiernos de Querétaro, Puebla, Campeche, Jalisco, entre otros (http://bit.ly/2sIWErb)

Este proceso de acumulación de evidencia permite sostener que el gobierno federal espía a las voces críticas que interpelan y cuestionan la corrupción, la impunidad o el favorecimiento de los intereses de grandes empresas nacionales y trasnacionales.

En una conferencia de prensa realizada ayer mismo y donde estuvieron presentes la mayoría de quienes han sido espiados, se exigió una investigación rigurosa que arroje resultados sobre esta nociva práctica.

La duda asalta de inmediato. ¿Quién hará esa investigación? ¿Es posible creer que se dará algún resultado? ¿El Procurador General de la República investigará a su jefe, el presidente de la República?

Lo que hoy existe en el país es un enorme entramado de impunidad institucional para que asuntos de tal gravedad no vayan más allá de un efímero escándalo.

A la sociedad nos corresponde empujar los cambios. Crear una Fiscalía realmente autónoma y capaz de investigar delitos realizados por el poder político. Demandar una estrategia integral para hacer frente a la violencia y la inseguridad en lugar de una inconstitucional ley de seguridad interior, además de una larga lista de pendientes.

Todo lo anterior serviría apenas para empezar a superar la crisis de derechos humanos.

@EdgarCortezM

Imagen de portada: Enrique Peña Nieto y Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República. | Foto: Rodolfo Angulo / Cuartoscuro.