Breaking

Los Deportados

Sociedad Global / Top News / 22/06/2017

SOMOSMASS99

 

Human Rights Watch

Jueves 22 de junio de 2017

 



El gobierno afirma que se está enfocando en delincuentes violentos peligrosos, pero con las nuevas políticas del Presidente Trump todos los inmigrantes no autorizados se encuentran en la mira, independientemente de sus antecedentes penales. Las medidas severas también se aplican contra inmigrantes que son residentes legales, pero que han sido condenados por delitos que, en ocasiones, son solo menores o se cometieron hace mucho tiempo. Muchas de las personas a ser deportadas tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos.

El impacto de estas políticas de arresto y deportación recae sobre personas que de ninguna manera representan una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, incluidos padres y madres de hijos con ciudadanía estadounidense, empleados que pagan impuestos y miembros de la comunidad respetados que son arrestados, detenidos y deportados. Un equipo de Human Rights Watch viajó para entrevistar a personas que han sido recientemente deportadas —o que están enfrentando una posible deportación— desde que el Presidente Trump resultó electo. Estas son sus historias.



 

 

Militar retirado del Ejército es deportado tras luchar contra la dependencia de drogas

Después de servir en el Ejército en Guam durante los años noventa, Sergio Hernández recibió una baja honorífica y abrió un taller de reparación de carrocerías de automóviles en Dallas.  Trabajó duro toda su vida, nos dijo, para criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos. Actualmente, uno de ellos es pediatra y el otro se dedica a la administración de empresas. Pero como muchos militares retirados mayores, Hernández, que ahora tiene 50 años, ha luchado contra la dependencia de drogas.

Su dependencia empeoró en 2012, según nos contó en Nuevo Laredo, y dos años más tarde, Hernández fue condenado por tenencia de cocaína con intento de distribución. Obtuvo libertad condicional después de cumplir dos años y medio de una pena de cinco años. “Estoy limpio ahora”, dijo. “Lo peor es que desperdicié años de mi vida”.

Sergio Hernández.

El servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suele ser un camino para obtener la ciudadanía para aquellos que tienen tarjetas de residencia –esto es, visas de residencia permanente–, pero no resultó así para Hernández. Las tarjetas de residencia pueden ser revocadas por varios motivos, entre ellos la comisión de un delito relacionado con drogas. Por lo tanto, Hernández fue directamente de la prisión a un centro de detención inmigratorio cerca de Houston. Permaneció allí ocho meses, esperando las audiencias del tribunal de inmigración.

Debido a que la madre de Hernández nació en Estados Unidos, sus abogados estudiaron la posibilidad de que en realidad pudiera ser ciudadano estadounidense. Pero no llegaba a cumplir los criterios, ya que su madre se mudó a México con sus padres cuando era muy joven. Al haberse agotado sus opciones legales, Hernández fue subido a un vehículo lleno de personas deportadas y llevado al otro lado de la frontera, a Nuevo Laredo, México.

Un consenso cada vez más amplio en Estados Unidos sostiene que la rigidez de las leyes y políticas penales en materia de drogas —incluidas las condenas desproporcionadamente severas— está causando más perjuicios que beneficios. Para las familias inmigrantes, las consecuencias pueden ser especialmente devastadoras. Hemos documentado que Estados Unidos está deportando grandes cantidades de inmigrantes como Hernández —tanto residentes permanentes como indocumentados— por delitos relacionados con drogas, tanto de gravedad menor como cometidos hace mucho tiempo. Muchas personas tienen fuertes vínculos familiares y comunitarios con Estados Unidos, y algunas —como Hernández— han servido en las Fuerzas Armadas.

Incluso mientras Hernández completaba los documentos en un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, hablaba como si aún estuviera en Estados Unidos.

“Estaba dispuesto a dar la vida por este país”, nos dijo. “Aún lo estoy… es mi país”.

Padre de tres niños deportado de EE. UU. después de 20 años

Una noche de abril, “Marco T.” conducía hacia su casa, en el área de Dallas, luego de terminar la jornada en una fábrica de reciclado de productos químicos peligrosos, donde trabajaba desde hacía dos años. Es posible que estuviera conduciendo a demasiada velocidad. Un alguacil le ordenó que se detuviera al costado de la carretera. Marco fue detenido y acusado de conducir sin licencia.

Pero ese fue tan solo el comienzo de los problemas para Marco, un inmigrante indocumentado procedente de México. A pocos días de su detención, Marco quedó a disposición del ICE y se enfrentaba a la posibilidad de ser deportado del país donde vive desde 1997. “Mi familia intentó conseguirme un abogado especializado en inmigración, pero era en vano”, señaló. Detenido y vencido por la impotencia, decidió aceptar regresar a México sin que se le concediera la oportunidad de tener una audiencia ante un juez.

Ahora, en una entrevista en Nuevo Laredo, México, Marco muestra orgulloso el protector de pantalla de su teléfono celular, que es un collage de fotografías con un mensaje en español que dice “las mujeres de mi vida”. Tiene fotos de su madre, sus hermanas, su hija y su esposa.

 

El puente entre Laredo, Estados Unidos y Nuevo Laredo, México.

Marco tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos: dos varones, de 10 y 14 años, y una niña de 7 años, todos con apariencia de típicos niños estadounidenses. El mayor aspira a ser jugador profesional de fútbol americano y el segundo desea incorporarse al ejército como sus tíos y primos del lado materno. A la hija de Marco le gustaría dedicarse a la misma actividad que su madre: administrar departamentos. En la foto que mostró al investigador de Human Rights Watch, se lo ve abrazando a los tres niños, mientras el de 10 años hace una mueca graciosa.

Cuando mostró las imágenes de su familia, le temblaron levemente las manos y le brotaron las lágrimas. “Es doloroso”, expresó. “No que nos envíen de regreso, sino que nos separen de nuestra familia”.

Al menos, agregó Marco, su esposa tiene un buen trabajo que le permite seguir manteniendo a la familia mientras él lidia con las dificultades que implica una deportación. Su esposa tampoco tiene documentación legal, aunque llegó a EE. UU. cuando tenía apenas pocos meses.

Las leyes inmigratorias que rigen actualmente en EE. UU., en general, no contemplan una vía para que una persona que tiene hijos estadounidenses y ha tenido residencia no autorizada durante un período prolongado y sin antecedentes penales pueda regularizar su situación.

Marco señaló que no había sido deportado anteriormente y que tampoco tenía condenas penales previas. “Es solo que el gobierno ahora es muy severo. Tarde o temprano, te van a detener por alguna una falta menor. Y entonces, la consecuencia es la deportación”.

Foto de portada: José Luis Ozuna habla con investigadores de HRW en el Instituto Tamaulipeco en Nuevo Laredo, México. | Human Rigths Warch






Luis López




Entrada Anterior

ONG's internacionales condenan espionaje del gobierno y exigen sanciones

Siguiente Entrada

Alberto Blanco recibirá el Premio Xavier Villaurrutia





0 Comentario


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Más Historia

ONG's internacionales condenan espionaje del gobierno y exigen sanciones

SOMOSMASS99   Redacción / SomosMass99 Ciudad de México / Martes 20 de junio de 2017   Las organizaciones...

21/06/2017