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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 20 de junio de 2017
Las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión Sociedad Interamericana de Prensa y Human Rights Watch, y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condenaron el espionaje digital contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas por la transparencia, y lo calificaron como un serio atentado al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas.

Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una de ls organizaciones que promovieron la investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
A la vez que lamentaron «profundamente que esta estrategia de vigilancia se extienda hacia periodistas y organizaciones que trabajan contra la corrupción», exigieron una investigación oportuna, exhaustiva y confiable «de las evidencias que indican que un complejo programa informático de espionaje (spyware) vendido al gobierno».
Luego del reportaje publicado este lunes por el periódico estadounidense The New York Times, en el que da cuenta que el gobierno de México habría espiado entre 2015 y 2016 a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción a través del programa informático israelí Pegasus que accede a las llamadas, mensajes de texto, correos, micrófono y cámara de los móviles, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado desde su sede en Miami, Estados Unidos, en que rechazó el espionaje.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, afirmó que «el uso de ese mecanismo constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”, práctica que sin justificación judicial «es además un delito criminal» que se castiga con prisión de seis a 12 años.

Foto: Pixabay.
José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación por la posibilidad de que «este tipo de sofisticadas armas cibernéticas» puedan usarse contra ciudadanos de a pie, sobre todo cuando se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que se dedican a denunciar corrupción y abusos.
«Las autoridades mexicanas deberían asegurar que se lleve a cabo una investigación oportuna, exhaustiva y confiable», y «el gobierno debería asegurar que rindan cuentas todos aquellos que se determine que son responsables del uso del programa contra activistas y periodistas», añadió, al tiempo que alertó sobre el espionaje del que habrían sido víctimas integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que «representa a familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 en el estado de Guerrero y a otras víctimas de abusos, contra un académico que impulsaba la adopción de legislación contra la corrupción y contra dos periodistas influyentes que expusieron casos de abuso y corrupción gubernamental».
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condenó «el espionaje gubernamental realizado contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), obra social de nuestra Compañía, tal y como reveló el diario The New York Times».

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. | Foto: Tercero Díaz / Cuartoscuro.
Afirmó también que «ante las evidencias del espionaje en el contexto de la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en este sexenio, como Ayotzinapa, Tlatlaya y Atenco, expresamos nuestro más contundente rechazo a estas acciones de hostigamiento y obstaculización contra nuestras hermanas y hermanos», lo mismo que contra la vigilancia que se extiende hacia periodistas y organizaciones que trabajan contra la corrupción. «La labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental para la preservación de un Estado democrático de derecho y el bienestar de la sociedad».
Foto de portada: Pixabay.
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