FIDH denuncia ante CPI crímenes de lesa humanidad en Coahuila

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 5 de julio de 2017

 

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y más de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el que denuncian crímenes de lesa humanidad en el estado de Coahuila del año 2009 al 2016 y solicitan que se abra un examen preliminar para que defina «si tiene, o no, jurisdicción sobre este caso, y por lo tanto determinar si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices» de estos delitos, «entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas».

Aunque sin mencionar nombres de personas responsables, las organizaciones informaron a través de un comunicado de prensa que realizaron una investigación que les aportó información sólida, la cual les llevó a concluir que del año 2009 al 2011/2012 «las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales».

La comunicación enviada a la CPI (informe) se basa, además de en la investigación ya citada, en un análisis jurídico realizado por la FIDH con el apoyo de las organizaciones mexicanas, y en un contexto que ubica a México como «el país con la situación más crítica en las Américas», con 200 mil asesinatos y 32 mil desapariciones en una década. Es decir, el lapso que va desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando le declaró la guerra al crimen organizado, hasta el año 2016, ya en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El informe «detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad, dentro de los que destacan la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.

«(…) Demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga. El informe identifica la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil».

La investigación realizada «aporta información clave y de primera fuente sobre más de 500 casos concretos, testimonios, e indagaciones concluyentes que permiten evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad”, señalaron las organizaciones. Se trata de medio millar de «casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas.

«La comunicación incluye también dos episodios particularmente violentos que de por sí podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de los Zetas (organización mexicana de narcotráfico y terrorismo) de entre 60 y 300 aldeanos en Allende, en marzo de 2011. La evidencia sugiere que no sólo el municipio sino también el gobernador de la época estaban al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.

«Y la gestión de la prisión de Piedras Negras, el CERESO, la cual bajo la responsabilidad del gobierno del estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012. Los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades».

Las organizaciones explican en su comunicado que la CPI tiene competencia material y temporal sobre crímenes cometidos en territorio mexicano o por nacionales mexicanos, toda vez que México ratificó el Estatuto de Roma el 28 de octubre de 2005.

«La falta de investigación en México y la naturaleza de los delitos registrados hacen ineluctable la apertura de una investigación por parte de la CPI, frente a la cual las autoridades mexicanas se han mostrado hasta ahora reticentes», afirmaron.

Las organizaciones firmantes del documento son la FIDH, Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en asociación con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo; Red Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana); Agenda LGBT (Estado de México); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Tequio Jurídico de Oaxaca, entre otros organismos.

El informe completo enviado al Fiscal de la Corte Penal Internacional se puede leer aquí.

Imagen de portada: Sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda. | Foto: CPI.