SOMOSMASS99
©Gaudencio Rodríguez Juárez*
Jueves 6 de julio de 2017
Los seres humanos somos una especie altricial, es decir, necesitamos del cuidado de otros para sobrevivir porque no podemos movernos ni alimentarnos por nosotros mismos durante un periodo sustancial después del nacimiento.
Después de que la sobrevivencia queda garantizada aún necesitamos de varios años de acompañamiento y educación para conformar una personalidad sólida y gozar de salud mental. De ahí que la pérdida de los cuidados parentales traiga consecuencias negativas en el desarrollo.
Es por eso que vivir en familia es un derecho que ha quedado consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, hoy convertida en ley en nuestro país a raíz de la reforma al artículo 1° constitucional en junio de 2011.
Sin embargo, a pesar de que este derecho es ley, miles de niños, niñas y adolescentes no cuentan con una familia.
De acuerdo con informes de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, en América Latina las causas que determinan la potencial o efectiva pérdida del cuidado parental están relacionadas con la pobreza, la marginación, la falta de empleo, violencia, maltrato, inequidad de género, paternidad irresponsable de género, paternidad irresponsable, adicciones a alcohol o drogas, adultos en conflicto con la ley penal, familias con dificultad de acceso a la salud y educación, sin vivienda o en situación de hacinamiento, migrantes o provenientes de pueblos originarios, entre otras.
En México, como en otros países de Latinoamérica, miles de estos niños, niñas y adolescentes son internados en instituciones residenciales (casa hogar) más por tradición que por estrategia de restitución de derechos.
La intención inicial es protegerlos de riesgos asociados las circunstancias arriba mencionadas, pero ahí terminan viviendo un nuevo abandono, ahora institucional, ante la falta de seguimiento para restablecerles su derecho a vivir en familia.
Desafortunadamente, el enfoque asistencialista o de caridad sigue vigente en las prácticas de atención a este sector infantil. Lo cual se traduce, entre otras cosas, en la creencia de que rescatarlos del riesgo o del peligro familiar o comunitario mediante el internamiento es el fin último, perdiendo de vista que el trabajo recién ahí comienza, pues se trata de restablecer todos sus derechos.
Con el internamiento pueden quedar garantizados algunos derechos, pero otros quedan cancelados, aun de manera involuntaria, por ejemplo, a la libertad, a la educación, a la salud, a la no discriminación, a la familia, a la participación…
Las instituciones residenciales pueden cubrir las necesidades fisiológicas y de resguardo de las y los internos de manera suficiente: vestido, alimentación, descanso, salud y todas aquellas cosas necesarias para garantizar su sobrevivencia. Lo que no pueden cubrir adecuadamente son las necesidades de afiliación, de reconocimiento, de autorrealización. Es decir, aquellas más elevadas en la escala de las necesidades humanas, me refiero al afecto, la intimidad, el autorreconocimiento, la confianza, la seguridad, la identidad, el éxito, la resolución de problemas complejos, la trascendencia.
No es que el personal de las instituciones no quiera dotarlos de ello. Lo que sucede es que el niño requiere, para su sano desarrollo, del acompañamiento personalizado de unos padres, tutores o guías que puedan caminar a su lado tejiendo un vínculo a través del cual le transmitan mensajes positivos y amorosos suficientes que lo fortalezcan y le enseñen habilidades necesarias para la vida.
En una institución tal cosa es imposible, son muchas niñas y niños para tan pocos adultos.
Un grupo de 34 profesionales encargados de la atención de este sector de la población infantil privado de cuidados parentales y que viven en ámbitos residenciales concluyó que las instituciones que ellas conocen sólo cubren las necesidades sociales y de lazos afectivas en un 40%, las cognitivas y de valores en un 50% y las fisiológicas en un 70%, porcentajes insuficientes para garantizar la salud.
Estas instituciones que merecen reconocimiento por el esfuerzo que realizan, hoy tienen no sólo un reto urgente, sino una obligación constitucional: cambiar el enfoque de la caridad y del asistencialismo por uno de derechos. Son pocas las que ya se encuentran en esa senda. En dicha tarea debemos involucrarnos sociedad y gobierno. Porque no podemos seguir dando a estos niños, niñas y adolescentes lo que se nos ocurre, lo que nos sobra o lo que “nos nace darles”, hoy se trata de una responsabilidad pública, política, moral y legal, una obligación, un deber: restituirles todos sus derechos.
* Psicólogo / [email protected]
Foto de portada: Pixabay.
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