Espionaje: CIDH pide al Estado mexicano investigación independiente

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 12 de julio de 2017

 

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• La Relatoría Especial de la CIDH se pronunció a favor de hacer públicos todos los programas de espionaje, su alcance y los contratos de adquisición

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre el supuesto espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, y en particular indagar la posible participación de instituciones del gobierno mexicano en estos hechos.

En una clara referencia a las declaraciones del 22 de junio del presidente Enrique Peña Nieto, cuando en Jalisco dio a conocer que ordenó a la PGR investigar a las organizaciones civiles que denunciaron a su gobierno por espionaje, la Relatoría Especial estableció: «Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que difundan información sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores. Esta obligación debe ser satisfecha sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia y a privacidad de quienes habrían sido afectados o sufrido intentos de afectación por este tipo de programas».

A la vez, llamó a juzgar y sancionar a los responsables, además de sugerir a las autoridades mexicanas disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con la sociedad civil y los afectados.

«La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley (…) o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información», precisó.

A través de un comunicado de prensa fechado en Washington, Estados Unidos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó su preocupación con motivo de las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y 19 personas que señalaron haber sido objeto de vigilancia a través del malware Pegasus, entre ellas los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

En particular, destacó el caso de los defensores Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue «creado mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa», y que «al momento de los ataques denunciados (…) investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o desarrollaban acciones de defensa de graves violaciones a los derechos humanos».

La Relatoría de la CIDH hizo énfasis en que, de acuerdo con las organizaciones denunciantes, entre enero de 2015 y agosto de 2016 «se habrían registrado 97 intentos de infección de los teléfonos portátiles de periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y políticos con un software malicioso (malware) de espionaje, conocido como «Pegasus”, el cual  permitiría “el acceso a los archivos guardados en el equipo, así como a los contactos, mensajes, correos electrónicos. El malware también obtiene permisos para usar, sin que el objetivo lo sepa, el micrófono y la cámara del dispositivo”.

Recordó que en la audiencia sobre Justicia e Impunidad en México, celebrada en Lima, Perú, el jueves 6 de julio de 2017 durante el 163 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones de derechos humanos participantes expresaron su alarma por el supuesto espionaje a personas críticas al gobierno mexicano, y estimaron «que la Procuraduría General de la República (PGR) ‘no puede garantizar una investigación imparcial y autónoma”, dado que su agencia de investigación criminal es una de las entidades que habría adquirido el referido malware. En tal sentido, afirmaron que “la única ruta posible hacia la justicia es por medio de la conformación de un panel internacional de expertas y expertos’.

«Igualmente, durante la audiencia sobre Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México, también celebrada por la CIDH (…), el Centro PRODH denunció los intentos de espionaje en contra de miembros de esa organización».

La Relatoría no dejó de mencionar que durante las audiencias, el Estado mexicano -representado por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación-, «indicó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR inició una investigación por estos hechos y que los denunciantes han sido invitados a rendir declaraciones y otros elementos necesarios para adelantar la investigación» y que propuso «establecer una colaboración con agencias nacionales e internacionales para ‘fortalecer cualquier investigación y determinar, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes’”.

La Relatoría Especial llamó la atención en el sentido de que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas «debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario (…) y contar con control judicial previo».

También se pronunció por que el Estado mexicano garantice el derecho de todas las personas a acceder a la información pública sobre programas de vigilancia o espionaje, su alcance y los controles existentes. Esta obligación abarca la información sobre su marco regulatorio, los contratos para la adquisición de estos programas, los protocolos y procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos, así como información sobre el uso y control de estas técnicas.

Foto de portada: CIDH.