Salud en riesgo por uso desmedido de plaguicidas: Greenpeace

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 12 de julio de 2017

 

La organización Greenpece México realizó una manifestación en las oficinas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) en demanda de la prohibición de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) y para denunciar que en México hay una «pésima gestión de estas sustancias» que atenta contra los derechos humanos de trabajadores del campo, mujeres embarazadas y niños.

Por ello, Greenpeace interpuso una denuncia ante tribunales federales contra Cofepris, Sagarpa y la Secretaría de Salud por su presunta responsabilidad en la falta de regulación de esos productos y vulnerar los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la información.

En la protesta en que decenas de activistas mostraron frascos con 30 mil abejas muertas recogidas por campesinos de Jalisco y afirmaron que la mortandad de esos insectos es apenas un ejemplo de los múltiples impactos que tiene el uso de ese tipo de agroquímicos para la biodiversidad, la asesora legal de Greenpeace, María Colín, sostuvo que es imperante que el gobierno mexicano realice un cambio en sus políticas y que permita alternativas agroecológicas para el control de plagas.

Riesgos específicos para los niños

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los PAP pueden causar efectos tóxicos agudos o crónicos, y plantean riesgos específicos para los niños. Su uso extendido «ha causado problemas de salud y muertes en muchas partes del mundo, por lo general como consecuencia de la exposición laboral y la intoxicación accidental o deliberada», además de que «la contaminación ambiental también puede llevar a la exposición humana debido al consumo de restos de plaguicidas en los alimentos y, posiblemente, en el agua potable».

La manifestación ante Cofepris y la presentación de la denuncia contra las dependencias federales citadas, se dan en el contexto de la presentación del informe Derechos humanos y plaguicidas, presentado por Greenpeace y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), organizaciones que señalan que en nuestro país hay una «pésima» gestión de plaguicidas, por lo que urge contar con un nuevo régimen legal en la materia y «la prohibición inmediata» de los PAP.

El documento revela que, tras una revisión del estatus legal de esas sustancias en el ámbito nacional e internacional, en México existen varios problemas: la ausencia de una definición de lo que son los Plaguicidas Altamente Peligrosos; políticas «que establezcan que por sus daños severos deben ser retirados del mercado»; su uso desmedido; deficiencias en su etiquetado; malas prácticas empresariales; excesiva confidencialidad, falta de transparencia y de generación de cifras y estadísticas en torno a la materia; falta de monitoreo y vigilancia, así como la  ausencia del desarrollo de alternativas al uso de plaguicidas, junto a un sistema perverso de subsidios que apoyan su uso continuo por  agricultores.

Por esos motivos, es urgente un nuevo marco legal que tenga como pilares los principios de precaución, que establezca que «quien contamina paga», y el de la sustitución, pues las deficiencias en la legislación nacional vigente para el manejo de las PAP «atentan contra los derechos humanos» a un ambiente sano, a la alimentación y el agua, a la salud, a los derechos laborales de los trabajadores del campo, mujeres embarazadas o en lactancia y de niños jornaleros.

Greenpeace y RAPAM “denunciamos la carencia de evaluaciones y comunicación acertada de riesgo en el uso de plaguicidas; la inexistencia de una norma que establezca límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas en alimentos; y demandamos la existencia de mecanismos efectivos de participación de los grupos de interés público, como las ONG, para impugnar el otorgamiento de registros de plaguicidas o solicitar su cancelación”, resaltó María Colín, asesora legal de Greenpeace México, a través de un comunicado de prensa.

Fernando Bejarano director de la RAPAM, sostuvo por su parte que se requiere una reforma a fondo del marco regulatorio en la gestión de plaguicidas para que se respeten plenamente los derechos humanos y se prevenga la exposición de  agrotóxicos que puedan provocar daños graves a la salud y al ambiente.

“Se necesita un mecanismo expedito de prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos incluidos en convenios internacionales o prohibidos en otros países, lo que supone ir más allá del discurso del ‘manejo adecuado de plaguicidas’”, añadió.

“La política agroalimentaria en nuestro país se basa en un modelo dependiente del uso excesivo de plaguicidas insostenible, por lo que es urgente transitar a una agricultura ecológica, sólo así podremos hacer valer los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que establecen que todas las personas merecemos condiciones de vida dignas, lo que da legitimidad a los esfuerzos que emprendemos con tal de no vivir en la miseria, en situaciones insalubres o de contaminación”, sostuvo a su vez Victoria Beltrán, consultora legal de Greenpeace México.

El informe completo Derechos humanos y plaguicidas puede leerse aquí y el resumen de conclusiones y recomendaciones en el que se pueden consultar los principales derechos humanos afectados, en este enlace.

Foto de portada: Mario Jasso / Cuartoscuro.