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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 18 de agosto de 2017
Con un fraternal abrazo a Enrique Olivares,
gran amigo y compañero
Los tratados de libre comercio (TLC) entre países suelen ser instrumentos de doble filo. Por un lado, pueden ser mecanismos mediante los que se establece o refuerza una relación de dominio-subordinación y, por otro, uno en el que la cooperación se convierta en el eje para impulsar el desarrollo de la economía y los pueblos de los países signatarios.
Cuando se establece un TLC entre países que guardan cierta simetría en cuanto a niveles de desarrollo, tal acuerdo puede tener como finalidad la defensa y el reforzamiento de sus economías, como bloque o individualmente.
Cuando existen marcadas diferencias en el nivel de desarrollo entre países que forman parte de un TLC, el tratado puede acentuar las existentes y crear nuevas desigualdades o, con base en principios de equidad y justicia, reducir las asimetrías, lo que finalmente se traduciría en mayores beneficios para todos los participantes en el acuerdo.
Lo deseable sería que el comercio internacional produjera beneficios para todos, esto en el entendido que los de bienes, servicios y en general la riqueza son producto del trabajo de la sociedad y es ella quien debe beneficiarse del fruto de su esfuerzo, para que ello se refleje en desarrollo no únicamente económico sino social.
Sin embargo, en un contexto en el que a nivel mundial el capital financiero ejerce la hegemonía, el libre comercio, sobre todo el impuesto por la globalización capitalista, conlleva la incapacidad de ser promotor de desarrollo social y de un crecimiento económico sostenible, tanto en países desarrollados como subdesarrollados; es así porque la apropiación y la concentración privada de la riqueza impiden que en las relaciones comerciales a nivel internacional prevalezca la justicia y la equidad. Como en toda regla, existen excepciones.
Es en ese contexto que se dio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y México. Y es el mismo marco en el que se da la actual “renegociación”, modernización, según lo negociadores de acá.
En esa renegociación, ¿tendrá nuestro país la oportunidad de evitar daños a lo que aún existe de industria mexicana? Por ejemplo, a la proveedora de partes, bienes intermedios y de capital; para fortalecerlas como pequeñas o medianas empresas de suministros complementarios, sobre todo en aquellos sectores más avanzados o creadores de ciencia y tecnología y, además, promover los sectores campesinos y agroindustriales tan olvidados en el TLCAN actual, entre otros más de los afectados por la presencia de las grandes trasnacionales.
Para tener posibilidades de evitar salir de la renegociación en peores condiciones de las que se llegó sería necesario, entre otras cosas, contar con auténticos representantes dotados de una visión independiente, nacionalista y de futuro, atributos que les son ajenos a los que van a defender intereses de quienes en realidad han sido los beneficiarios del TLCAN: los grandes empresarios aliados o subordinados del capital financiero transnacional.
La defensa de los intereses del país requeriría de la aplicación de un programa mínimo en los planos político y económico que supeditara la economía al desarrollo y creara las condiciones para reafirmar la independencia y soberanía del país; condición que aun sin lesionar la estructura del capitalismo, afectaría la ganancia de los capitalistas y, en particular, al capital monopolista. Algo impensable para el grupo dominante y sus amanuenses en el gobierno.
Escenarios como el actual y todos aquellos que han originado la crítica situación que padecemos como país, obedecen a la ausencia del pueblo en la toma de las decisiones nacionales, medidas que se establecen en función estricta de los intereses de la oligarquía local y sus aliados —y en algunos casos, amos— extranjeros.
Es tiempo, pues, en ejercicio de la soberanía popular, definir qué tipo de país queremos y cómo —y con qué— podremos construirlo. Entonces, consciente, decidida y organizadamente emprendamos esa tarea.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular y del Frente Regional en Defensa de la Soberanía de Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Carlos Baker, subsecretario de Economía exterior; Ildefonso Guajardo, secretario de Economía; Kenneth Smith, jefe negociador técnico TLCAN, y Salvador Behar, jefe negociador adjunto. | Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
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