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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 17 de agosto de 2017
El cierre de la Ciudad de los Niños de Salamanca, albergue dirigido por el clérigo Pedro Gutiérrez Farías y donde presuntamente se cometieron graves abusos contra niñas, niños y adolescentes, no es sinónimo de justicia. «Debe terminar la impunidad y protección al sacerdote» y a los responsables, exigieron cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos y el ex sacerdote Alberto Athié, que a la vez acusaron que «la pederastia clerical es un grave delito que se ha colocado en la omisión de las autoridades locales y federales».
Sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director del albergue Ciudad de los Niños. | Foto: Kuali.
Precisaron que la determinación del 2 de agosto de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue una atracción «eficiente» de las indagatorias, sino la apertura de una carpeta de investigación para verificar si los hechos revelados a partir de una denuncia anónima interpuesta desde marzo configuran delitos del orden federal y, en su caso, proceder legalmente contra quienes resulten responsables.
«El 11 de julio del presente se dio a conocer el imperio de impunidad construido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías en la Ciudad de los Niños A.C. en Guanajuato y Ciudad Juvenil A.C. en Michoacán. En cinco albergues, sin supervisión oficial, presuntamente hubo violencia física, emocional y sexual; desapariciones y adolescentes embarazadas; entre otros delitos y violaciones a los derechos de la infancia», recordaron Alberto Athié y las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato. | Foto: Hilda Ríos / Cuartoscuro.
Luego de que la PGR abrió su carpeta de investigación, el 10 de agosto el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, anunció que el albergue será cerrado y que niñas, niños y adolescentes serán devueltos a sus familias o bien reubicados en otras instituciones.
«Consideramos que no se está cumpliendo con la exigencia de una atracción eficiente e imparcial que permita brindar acceso a la justicia y reparación del daño a las niñas, niños y adolescentes víctimas en dichos albergues, sino que se está dando tiempo a que las autoridades locales continúen sin hacer investigaciones y aportando a que el caso quede impune.
«De igual forma, el cierre de los albergues abre la posibilidad de enfrentar a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad ya que por alguna razón o necesidad ingresaron a la institución la institución bajo responsabilidad del sacerdote».
Alberto Athié, ex sacerdote y ex integrante de los Legionarios de Cristo. | Foto: Isabel Mateos / Cuartoscuro.
Tras recordar que el Comité de los Derechos del Niño (ONU) expresó desde 2005 al Estado mexicano su preocupación por los informes corroborados de que «cientos de niñas y niños» han sido «abusados sexualmente durante varios años» por clérigos católicos y de otras confesiones religiosas, exigieron que la PGR atraiga el caso para investigar y fincar responsabilidades penales a quienes hayan sido responsables de los abusos, y a la jerarquía de la Iglesia católica que reconozca la responsabilidad estructural que tiene en los casos de agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes al «encubrir y proteger a los sacerdotes pederastas», además de cambiar la estructura eclesial y modificar el Código de Derecho Cánonico a fin de eliminar el encubrimiento de los crímenes de pederastia clerical, atender a las víctimas proteger a los infantes y castigar a los culpables de esos delitos.
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