LSI: Las responsabilidades de la SCJN ante un país roto / y II

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública. Es una legislación que viola la Constitución y representa una amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, sostienen más de 300 organizaciones civiles, expertos, académicos, organismos defensores de derechos humanos, gobiernos estatales y municipales.

Los defensores de derechos humanos Edgar Cortez, Santiago Aguirre y José Antonio Guevara Bermúdez estiman, que la revisión de las decenas de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos interpuestos contra la ley será un proceso largo, acaso de años. Aunque cabe la posibilidad de que la Suprema Corte aborde el asunto con prontitud, si es que el Poder Ejecutivo o el Ejército consideran que algún recurso es de relevancia y debe ser priorizado, la experiencia indica que lo más probable es que la discusión se lleve a cabo después de la elección del 1 de julio. Y es que, además, cabría esperar que la Corte sea sensible y no utilice su función para participar en el proceso electoral y a favor de alguno o algunos de los partidos políticos.

Regresión autoritaria: La SCJN, parte del problema de la militarización

«Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una alta responsabilidad en este tema, porque lo que hemos visto en los últimos doce años de militarización en buena medida es consecuencia de una decisión que adoptó en los años 90 al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96, que legalizó la coadyuvancia del Ejército en labores de seguridad pública», sostiene Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), porque si bien en ese entonces no se contaba con información empírica para determinar si esa medida era efectiva y eficiente, «hoy sabemos que no lo es y la Suprema Corte creo que debería asumir la respondabilidad de mirarse también como parte del problema que hemos tenido. La Corte avaló esa política de seguridad y hoy son sus consecuencias las que también tienen al país roto. Entonces, además del examen de legalidad, de inconstitucionalidad y de convencionalidad que tiene que hacer, pues también es innegable que tiene que hacerse cargo de su propia historia».

Por separado, Edgar Cortez Morales, investigador y coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), opina que la Corte no es un poder institucional al que le guste mucho que se le haga presión, que se le cuestione. Aunado a ello, de acuerdo a la valoración que varias organizaciones civiles han hecho de sus integrantes, los ministros no constituyen un grupo con sentido progresista sino que en su mayoría son de una visión conservadora, lo que es previsible que pese al momento de revisar los recursos interpuestos contra la Ley de Seguridad Interior (LSI). Y si se tiene en cuenta que José Ramón Cossío Díaz termina periodo a finales de año y habrá un proceso para su relevo, sin duda va a tener una significación porque a él sí se le reconoce como progresista, en favor de los ciudadanos y eso podría tener una implicación.

«Estamos al inicio de un proceso largo», advierte Edgar Cortez. Lo positivo es que desde distintos ámbitos se han presentado recursos porque existe la preocupación por una ley que amenaza los derechos humanos. «¿Cuáles van a prosperar? Aún es muy temprano para un pronóstico, pero no hay duda de que los recursos van a tener que ser procesados y tendrán una resolución. De cualquier manera el tema es que desde la ciudadanía se invite a que la discusión no sea cerrada al interior de la Corte, sino que sea abierta, con debates, foros, que escuchen las posturas a favor y en contra, y que las audiencias sean públicas. En el fondo es un tema de responsabilidad de la sociedad, de los medios, para que un asunto tan importante se discuta de manera amplia y abierta, para que todo mundo pueda saber las razones de por qué se decide tal cosa».

En ello coincide Santiago Aguirre, porque tradicionalmente la puerta de entrada a la justicia, cuando se trata de la aplicación de una ley, es estrecha para los particulares. Las y los ciudadanos en México no tenemos una legitimación amplia para impugnar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una ley por su mera entrada en vigor. «Lo rescatable de la decisión de muchos ciudadanos (…) es que da cuenta de una ciudadanía que está intentando utilizar los recursos que les ofrece la ley para generar un contrapeso respecto de una LSI que se advierte riesgosa para los derechos humanos».

Lo que va a analizar la Corte es si los artículos de la Ley de Seguridad Interior cumplen o no con la Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte. Para eso va a analizar artículo por artículo. Podría suceder que considere inconstitucionales una buena parte de los artículos, y en esas condiciones aunque la ley como tal siga en vigor quedaría muy mermada en su legitimidad y en su validez para ser aplicada. Probablemente desencadenaría una revisión en el Congreso de la Unión. «Creo que hay que esperar a ver cuándo se va a discutir y en el ínter seguir tratando de demostrar que la discusión de fondo es el modelo de seguridad que hemos adoptado».

No obstante el cúmulo de recursos presentados, el pronóstico es que la definición de la SCJN puede tomarse mucho tiempo. Aunque es cierto que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tiene la facultad de, a partir de una solicitud del titular del Ejecutivo, pedir a la Corte que priorice la discusión de cierta acción de inconstitucionalidad si la considera de especial relevancia o interés, o si al Ejército el tema le genera mucha incertidumbre podría darse el caso de que decida impulsar el inicio del análisis. Es una posibilidad legal.

Impaciencia

Al cerrarse el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, el 22 de enero y el 13 de febrero, respectivamente, llegaban a cientos los recursos presentados por diversos actores interesados. Alrededor de 200 diputados y senadores sumaron su rechazo a la LSI, al igual que el INAI, la CNDH, CDHDF y más comisiones de derechos humanos de los estados, el gobierno de Chihuahua y los municipios mexiquenses de Nezahualcoyotl, Ocuilan y Cocotitlán; Oxkutczab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Morelia y Cherán, en Michoacán; Hidalgo del Parral, de Chihuahua; Oxchuc, Chiapas, y los poblanos Tepeyahualco, Ahuatacán y San Pedro Cholula, éste último donde al conocerse su decisión el Ejército canceló el convenio de colaboración para la vigilancia de carreteras y se negó a entregar más de mil cartillas del Servicio Militar Nacional a jóvenes de la localidad, de acuerdo con el alcalde José Juan Espinosa.

Las más de 200 organizaciones civiles que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto el 16 de febrero en la que reclaman que la espera al análisis que debe realizar la Corte no ha sido paciente, «pues advertimos que han existido presiones y acciones que parecieran ser una represalia a quienes han presentado las Controversias Constitucionales ante nuestro Alto Tribunal”, en referencia a lo sucedido en San Pedro Cholula. En la misiva respaldan por igual a los municipios y al estado de Chihuahua por controvertir, un derecho legítimo que «no debe ser inhibido ni castigado por nadie, mucho menos si de por medio se vulnera la seguridad y la vida de los gobernados».

Antes, al vencerse el 13 de febrero el plazo para la presentación de controversias, el mismo colectivo emitió un posicionamiento en el que expone que la SCJN tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para detener una legislación que normaliza el uso del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. Le piden declarar inconstitucional la LSI porque contiene disposiciones que violan derechos y transgreden el orden federal haciéndola incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales firmados por México y que por tanto pasan a formar parte de nuestra constitucionalidad.

«En los últimos 12 años la violencia en México se ha incrementado. La estrategia de seguridad que ha permitido la presencia del Ejército en las calles ha resultado un fracaso. La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país. No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos. Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes». La LSI normaliza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública «a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional», además de que contiene conceptos vagos e imprecisos, faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales. «Es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia. Por ello, un número histórico de acciones de inconstitucionalidad, controversias Constitucionales y juicios de amparo han sido promovidos por decenas de actores», dice el colectivo #SeguridadSinGuerra en el documento dirigido a la SCJN.

«No seamos ingenuos»

Pero, ¿la Corte realmente es autónoma? ¿De verdad en México existe la división de poderes? «Hay que ser realistas, no seamos ingenuos», pide de entrada Edgar Cortez. «Hay un avance en independencia, pero no como quisiéramos. En el fondo tenemos un problema a mejorar: el de los procedimientos para los nombramientos en las instituciones, como los de ministros de la Corte, de procuradores, de los fiscales anticorrupción, de titulares de la PGR, del INAI. Estamos hablando de cargos que nominalmente son construidos para instituciones autónomas, pero que en el proceso hemos visto cómo esa autonomía se diluye. Hay muchos huecos que no permiten que esos nombramientos se construyan de manera adecuada o de la forma más idónea, sino que son resultado de la negociación entre las fuerzas políticas para poner a personas cercanas a sus posturas. Uno de los problemas es la forma en que hemos venido eligiendo a muchos de estos cargos. Creo que seguirán los esfuerzos para que sean elegidos de forma transparente y de acuerdo a los méritos de las personas, a la evaluación de su trabajo y cerrar el capítulo de los nombramientos por cuotas, para incondicionales, porque en teoría son cargos que tendrían que ser contrapesos».

Santiago Aguirre comenta a su vez que casos complejos como el de la LSI son los que tienen que acreditar si hay o no separación de poderes en México. Pero por la experiencia acumulada en el Centro Prodh durante los últimos años, sobre todo a partir de algunos nombramientos en el actual sexenio priista, se advierte un repliegue de la Corte en su independencia, cosa que considera preocupante y peligrosa.

Explica que hay varias realidades en el país, con un Poder Judicial a nivel federal y poderes judiciales en los estados que suelen ser distintos. La SCJN puede tener cierto margen de autonomía e independencia, pero quizá hay jueces de distrito en algunos estados que no la tienen. Y en el caso de los poderes judiciales de los estados lo que se puede encontrar es que algunas entidades tienen un Poder Judicial que tradicionalmente ha sido independiente, pero otros donde es un apéndice del gobernador. Todo eso se puede ver en términos de cómo está regulada la designación de los magistrados de las salas superiores, de los tribunales superiores de justicia. Hay estados donde los jueces de primera instancia en materia penal, por ejemplo, están absolutamente supeditados a los procuradores. Entonces, la autonomía judicial y la separación de poderes en México es un tema complejo donde puede haber varias realidades. Ni la SCJN ni sus condiciones de trabajo y autonomía representan las de todo el país, como tampoco sería justo caracterizar a la independencia del Poder Judicial a partir de un juez de primera instancia.

– Pareciera que estamos entrando a la etapa de la existencia de un Estado autoritario y no de derechos.

– Bueno, México, a lo largo del siglo XX vivió un régimen autoritario de partido hegemónico. En el 2000 con la primera alternancia federal de partido pareció posible consolidar en México una transición a la democracia. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que la alternancia partidista en el Ejecutivo no era suficiente, en principio porque quienes la protagonizaron no impulsaron los cambios que requería el país, pero también porque en muchas otras entidades de la República en realidad no ha habido alternancia ni transición. Tenemos estados de la República en donde ya más de 90 años en que gobierna un solo partido, con control sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, sobre los organismos constitucionales autónomos, incluso sobre la prensa.

«Nosotros en el Centro Prodh (…) lo que podemos decir es que el actual sexenio deja al país en una crisis de violaciones de derechos humanos», caracterizada así por prácticamente todos los organismos internacionales que visitaron México estos años. «En esa crisis de violaciones a derechos humanos sin duda los rostros más representantivos son los de las víctimas de tortura, de ejecuciones extrajudiciales y homicidios (…), pero también el índice de letalidad de las fuerzas públicas y de desapariciones forzadas. Y esa crisis no ha sido atacada en sus causas ni en sus consecuencias por parte del gobierno federal con políticas públicas basadas en evidencias empíricas y con una perspectiva integral, en algunas ocasiones ha pretendido ser atendida mediante la aprobación de leyes.

«Lamentablemente en este sexenio lo que observamos fue una regresión autoritaria que se puede acreditar a través de temas como los retrocesos en la independencia judicial por la designación en algunos cargos relevantes (…) de la propia SCJN; prácticas propias del autoritarismo como el espionaje telefónico a periodistas, a activistas anticorrupción y de derechos humanos; impunidad profunda en casos de corrupción que alcanzaron el más alto nivel de gobierno, como el de la Casa Blanca; y actuaciones deliberadamente apartadas de los parámetros básicos del Estado de derecho, como el respeto al derecho a la verdad de las víctimas, como en el caso Ayotzinapa que se generó una mentira para salir al paso de un asunto que estaba estremeciendo al país. Sí, en el Centro Prodh compartimos las visiones de quienes hablan de que los profundos retos que tenía nuestro país para consolidar la democracia no sólo no fueron atacados durante este sexenio sino que vivimos una regresión autoritaria».

Santiago Aguirre y Edgar Cortez ven con buenos ojos que cuando una legislación como la Ley de Seguridad Interior genera tanta preocupación exista una comunidad internacional que haya construido poco a poco el andamiaje del sistema internacional de derechos humanos, que en su momento y con los mecanismos al alcance también se pronunciará sobre la compatibilidad o no de la LSI con los tratados internacionales. Es importante, consideran, que la discusión en la Corte no sólo se haga pública y se abra a la participación de expertos, organizaciones y de todos los interesados en el tema, sino que incluso se lleve al escenario internacional.

De hecho, durante 2018 se harán varias revisiones sobre el estado de los derechos humanos en el país. En principio, a petición de las organizaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra, el 2 de marzo se realizará la audiencia Derechos humanos y proyecto de Ley de Seguridad Interior de México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de periodo de sesiones públicas 167. Y a finales de año, en noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevará a cabo el examen periódico universal para México, que se realiza cada cuatro años.

«Un señalamiento crítico de la CIDH, del Relator contra la Tortura o del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada (de la ONU), sin duda puede contribuir a señalar los aspectos más delicados de la LSI y empezar a revertirlos. Me parece que es importante anotar que va a haber mucha atención sobre México de parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos», dice Santiago Aguirre, mientras que Edgar Cortez insiste en que el tema no se puede entender si en la Corte no se realizan consultas públicas, foros y se pide la partipación de expertos. «Lo que toca es seguir haciéndonos presentes en el debate, dar argumentos y razones para que seamos escuchados por quienes tomarán las decisiones. Debemos poder contribuir al entendimiento de las consecuencias que tendría esta ley; creo que la gente puede entender las consecuencias que puede tener en su vida cotidiana. Debemos presionar para que haya audiencias públicas y que el tema se debata incluso a nivel internacional. Eso a la Corte le incomoda y, desde luego, existirá el riesgo de que resulte contraproducente, pero hay que avanzar».

Además, este año electoral es muy importante y puede ser duro, difícil, como el de hace seis años, añade Cortez. El análisis en la Corte será un proceso largo, de acuerdo con los antecedentes, quizá se prolongue un año o dos. Pero primero habrá que esperar a ver el resultado de la elección presidencial del 1 de julio.

En ese sentido, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, dice en entrevista aparte que en esta coyuntura la Corte también tiene una responsabilidad.

«Yo esperaría que la SCJN no resuelva absolutamente nada hasta que pasen las elecciones, porque cualquier decisión puede ser utilizada para sacarle renta política. Es decir, si dictamina que la ley es inconstitucional, los partidos que votaron en contra de la LSI van a decir que ellos tenían la razón. Si dice que es constitucional, además del enorme problema social que va a seguir generando la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, va a ser utilizado por los decadentes partidos políticos, senadores y diputados que apoyaron esa legislación. Entonces, si son sensatos y no quieren inmiscuirse en el proceso electoral, los ministros de la Suprema Corte debieran resolver este asunto después de las elecciones», afirma enfático.

Pasa que -y esto no lo dicen los expertos consultados para este trabajo- en los corrillos políticos de esta Ciudad de México corre la versión de que si gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, la Corte declarará inconstitucional la Ley de Seguridad Interior para no «darle todo el poder del Ejército». Pero si logran el triunfo el priista José Antonio Meade Kuribreña o el panista Ricardo Anaya, dictaminará que es constitucional. Es decir, como si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciese cálculos como cualquier otro actor político.

No distingue claramente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, sino que atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles.
No establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención.
No se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley.
La ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos.

Fuente: #SeguridadSinGuerra