SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 22 de febrero de 2017
Cuando en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado y ordenó el uso intensivo del Ejército en funciones de seguridad pública, con el supuesto propósito de lograr ese objetivo, inició el crecimiento exponencial de las ejecuciones, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en México.
A partir de 2006 y luego con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo federal, las Fuerzas Armadas cobraron gran notoriedad en todo el país. Ya no por sus labores de auxilio a la población en casos de desastres naturales, sino porque se han multiplicado los señalamientos contra militares por cometer graves violaciones a los derechos humanos, y porque desde las altas esferas, en particular las oficinas de los secretarios de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, influyen cada vez más en la vida política nacional.
Habían pasado 12 meses de aquel 8 de diciembre de 2016, cuando el general Cienfuegos Zepeda sostuvo que los soldados «ya le están pensando» si enfrentan a la delincuencia, porque «ninguno de los que estamos aquí con ustedes «estudiamos para perseguir delincuentes». Ese mismo día lanzó un llamado para que los legisladores aprobaran dicha legislación, pues de ese modo, dijo, las Fuerzas Armadas podrán «servir con un respaldo jurídico».
I
Las Fuerzas Armadas cada vez más avalan o desaprueban personas
«Yo creo que la clase política mexicana poco a poco depende más de las simpatías de las Fuerzas Armadas para poder constituirse en un gobernante legítimo. Las Fuerzas Armadas, se sabe, cada vez más avalan o desaprueban a determinadas personas para ocupar puestos de elección popular o cargos públicos dependiendo de la simpatía que tengan con las Fuerzas Armadas o no».
Así responde, en una extensa entrevista, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al preguntarle sobre la diferencia de posturas entre quienes defendieron y aprobaron la Ley de Seguridad Interior (LSI), legisladores federales del PRI, PVEM, PANAL y algunos del PAN, y los miles de ciudadanos, activistas, expertos, académicos, universidades y organismos nacionales e internacionales que argumentan que se trata de una ley inconstitucional y que pone en riesgo los derechos humanos.
Explica que las desautorizaciones del Ejército llegan cuando hay personas que no simpatizan con la militarización de la seguridad pública o que simpatizan con la rendición de cuentas, «lo que incluye que se investigue, procese y castigue a los militares que cometieron abusos», o que consideren que hay que meterles controles democráticos a las Fuerzas Armadas para que no participen en tareas que no les corresponden y que además sean civiles los que estén a la cabeza de la Secretaría de la Defensa Nacional.
«Cuando se dan esos factores, las Fuerzas Armadas pueden ejercer derecho de veto. Y lo que hemos visto es que la clase política mexicana lo toma en cuenta, la utiliza. Sabemos de personas que no han llegado a puestos internacionales, que requerían el apoyo del gobierno federal, porque las Fuerzas Armadas dijeron que no».
El involucramiento del Ejército también llega al Poder Judicial y a organismos supuestamente autónomos. Añade: «Sabemos que cuando van a presentarse candidatos, por ejemplo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el Ejecutivo revisan la simpatía que tengan con las Fuerzas Armadas. Sabemos que los partidos políticos toman en cuenta lo que digan las Fuerzas Armadas cuando van a designar al ombudsman nacional. Todos los partidos políticos, y cada vez más, dependen de esas simpatías de las Fuerzas Armadas».
Por eso no se sorprendió que muchos políticos hayan votado a favor de la LSI, «que es notoriamente inconstitucional y que busca legalizar el abuso de autoridad. Tampoco me sorprendería que los partidos políticos, como instituciones, se inclinen más a apoyar este tipo de medidas. Porque el apoyo (a la militarización) no es solamente por ese veto, son muchos votos que (estarían en riesgo) en el momento en que el secretario de la Defensa diga, pública o privadamente, que hay partidos que son más favorables a las Fuerzas Armadas que otros, o que hay partidos políticos que son enemigos de las Fuerzas Armadas, como podrían decir de funcionarios que no simpatizan con sus causas inconstitucionales».
José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. | Foto: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
– ¿En qué sentido estamos avanzando? ¿Hacia dónde vamos? Tomemos en cuenta que otros países, por ejemplo Guatemala que con ayuda externa creó la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) para casos en que políticos de alto nivel habían cometido crímenes y se les señaló judicialmente. Es decir, ¿la clase política mexicana también se está protegiendo de todo esto al apoyar la LSI?
– Mira, creo que por los indicadores que existen de Estado de Derecho, México es un país donde la impunidad es prácticamente perfecta. Es muy poco probable que cualquier persona que cometa un delito vaya a ser investigada, procesada y castigada, porque muchos delitos no se denuncian. Es prácticamente imposible que un servidor público, si cometió un delito grave de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de desvío de recursos, de utilización de recursos públicos para campañas políticas, pueda ser llevado a juicio. Y es prácticamente imposible porque la PGR y las fiscalías o procuradurías de los estados dependen de los gobernadores y del Ejecutivo federal, y normalmente cuando se investigan estos delitos, no son delitos que cometan ellos de manera aislada. Los grandes casos de corrupción de los gobernadores del país, los dineros que están malversando, que están desviando, están yéndose a favor de las campañas de partidos políticos en particular. Entonces a los gobernantes no les interesa que las fiscalías sean autónomas y que sirvan porque eso abriría la puerta a que muchos de sus aliados, socios políticos y socios económicos puedan ser investigados, procesados y sancionados.
En cuanto al análisis que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentados contra la LSI, Guevara Bermúdez considera que tampoco sería extraño que «la mayor parte de los ministros que tengan aspiraciones políticas o que estén pagando favores políticos se vayan a pronunciar por una ley que es notoriamente inconstitucional».
Los ministros tienen el «enorme desafío» de convencer a la gran mayoría de la opinión pública mexicana y a la comunidad internacional de que la forma en la que interpretan la Constitución es acorde con ella misma y con los tratados internacionales de los que México es parte. Porque, dice enfático, la LSI viola la Constitución y viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
«El Poder Judicial forma parte del mismo problema (que la clase política). O sea, los jueces no son un verdadero contrapeso al actuar del Ejecutivo, no son un verdadero contrapeso para controlar la manera ilegal o inconstitucional en que muchas veces se detiene a personas y se fabrican pruebas. No es adecuado para hacer que las procuradurías investiguen de manera independiente y con la debida diligencia los casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones y corrupción que cometen servidores públicos, locales o municipales. Estamos en un escenario perfecto, donde una fiscalía depende del Ejecutivo, y el Poder Judicial es muy condescendiente con el Poder Ejecutivo. Que un caso llegue a ser verdaderamente juzgado y que se involucre a todas las personas que pudieron estar relacionadas con ese delito, es prácticamente imposible».
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Foto: SCJN.
Por ello, se pronuncia en torno a tres cuestiones fundamentales: una, retirar a los militares de las tareas de seguridad, que regresen a hacer las tareas propias de su disciplina; dos, fortalecer a las policías, y que los municipios, estados y federación, en particular los funcionarios que permitieron el deterioro institucional de las policías y las fiscalías, que han garantizado la impunidad a quienes han cometido abusos, vayan a la cárcel; y tres, vigilar al Poder Judicial para que sus integrantes realmente sean personas independientes e imparciales.
En esta tercera cuestión, enfatiza: «Imagínate que le llega a la Corte un caso sobre el desvío de recursos públicos del PRI a la campaña de Enrique Peña Nieto, cuando se sabe de la íntima relación que Peña Nieto tiene con el ministro (Eduardo) Medina Mora y que además fue su candidato, pues entonces esa persona debiera estar impedida para conocer el caso. O de los abusos de autoridad y negligencias de la PGR durante su gestión (de Medina Mora) en la época de Calderón, la SCJN debiera obligar a que este ministro se excuse de todos estos casos. Pero no sucede, porque hay una íntima relación, tanto personal como institucional, entre el Ejecutivo y Judicial que no han logrado separar».
– ¿Entonces la separación de poderes es un mito?
– La separación de poderes, por las designaciones de ministros en la Suprema Corte, se vuelve un desafío para México más que una realidad.
Inconstitucional, por donde se le vea
José Antonio Guevara, también miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, explica que la LSI es una ley que busca darle la vuelta a los controles que la Constitución estipula para las Fuerzas Armadas. En primer lugar, porque la Constitución en su artículo 129 dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar podrá desempeñar otras funciones que las destinadas a la disciplina militar. Segundo, porque la seguridad pública es una función a cargo de instituciones civiles, que está en el artículo 21 constitucional. Y la otra, el artículo 29 constitucional establece que cuando no son tiempos de paz, es decir, cuando estemos en un caso de guerra, una situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, o graves perturbaciones de la paz pública, entonces se podrán suspender ciertos derechos y garantías para su protección.
Eduardo Medina Mora, ministro de la SCJN a propuesta de Enrique Peña Nieto, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Vicente Fox y procurador General de la República en el sexenio de Felipe Calderón. | Foto: Hilo Directo.
«¿Qué dice la Constitución?, que los estados no pueden hacer nada más que estar muy bien entrenados para el momento en que llegue una situación de guerra, una situación similar al conflicto armado, en donde se requiera al Ejército para salir a la calle para hacer frente con armas de fuego a un enemigo identificado. (…) Y lo que están haciendo con esta ley es darle atribuciones al Ejecutivo, que ya las tiene, para poder utilizar al Ejército en tareas que no le son propias, como detener personas, investigarlas, ponerlas a disposición de la autoridad militar, hacer labores de inteligencia que les corresponden a las autoridades civiles. Le permite usar al Ejército para que haga uso de la fuerza letal, para lo que están entrenados, es decir, para hacerle frente a un enemigo. Entonces, ¿para qué tengo al Ejército? Para dar una respuesta militar a un problema que no se puede afrontar por las instituciones de seguridad pública. La ley busca precisamente eso, en lugar de meter al Ejército a un régimen de control y supervisión, en caso de conflicto o que se requiera hacer uso de la fuerza letal contra un enemigo, con los controles del artículo 29, les dan esta ley laxa que les autoriza todo lo que no pueden hacer, bajo el pretexto de la seguridad interior».
– Ha dicho también que en conjunto con otras legislaciones y el sistema anticorrupción, pareciera que se pretende alentar, proteger o ser cómplices de quienes cometen graves violaciones a los derechos humanos.
– Imagínate que deciden implementar la ley y emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior, en donde dice que se nombrará a un general que será el coordinador de toda la administración pública federal y las de los gobiernos estatales para hacer frente a esa amenaza a la seguridad interior, o lo que eso quiera decir. En esas mesas de coordinación, donde todos van a ser coordinados por un militar, va a estar la PGR. ¿Qué independencia va a tener la PGR cuando quiera investigar la actuación de los militares que cometen tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, que dependen militarmente del encargado de coordinar a todas las fuerzas federales en ese estado?
El experto en derechos humanos José Antonio Guevara explica que con la Ley de Seguridad Interior se buscó «darle la vuelta» a los controles que la Constitución establece para las Fuerzas Armadas, además de que le concede al presidente de la República atribuciones para utilizar al Ejército en la detención de personas, investigarlas, ponerlas a disposición de la autoridad militar y hacer labores de inteligencia que les corresponden a las autoridades civiles. Todo en un contexto nacional en el que prevalece la impunidad y el Poder Judicial, donde se analizará la nueva ley, no es un contrapeso ante el Poder Ejecutivo.
Relata que en los escenarios cotidianos, trabajan de la mano la PGR, los militares desplegados en el terreno, las policías estatales y las policías municipales, todos en el desempeño de diferentes funciones. Lo que se ha visto es que los militares detienen, levantan información de cómo fue la detención, expiden un parte informativo que les sirve de documento de puesta a disposición. Los textos dicen: en tal lugar, a tal hora, hubo una llamada anónima, nos acercamos al domicilio, ingresamos y fuimos atacados con armas por unos narcotraficantes o miembros de la delincuencia, y ahí en un enfrentamiento murieron tantas personas, había tales testigos. «Todo eso lo fabrican en los cuarteles militares. Al día siguiente llegan a la procuraduría y le dicen: ‘Te pongo a disposición a las personas que detuvimos ayer, a los testigos y aquí está la descripción de lo que sucedió’. La procuraduría va a tomar toda esa información con esta ley y le va servir para presentar todas las acusaciones legales, penales, correspondientes, y van a decir: ‘Efectivamente estas personas murieron en un enfrentamiento’, cuando no sabemos cómo murieron porque no hay una investigación sobre la muerte de esas personas. Si fueron ejecuciones extrajudiciales, va a ser imposible que la procuraduría vaya a iniciar una investigación por ese crimen que la misma Sedena está diciendo que sucedió de otra forma. Va a ser muy difícil, como ya lo es actualmente, que la procuraduría pueda investigar a quien le está poniendo a disposición a las personas que presumiblemente cometieron un delito, porque si los sueltan entonces los militares van a decir que la procuraduría los suelta. Creo que va a ser más difícil, porque van a poder invocar (…) la ley como está. Por ejemplo, que hay un caso de desaparición en la procuraduría y se inicia una carpeta de investigación. La procuraduría le pide información a la Sedena de qué batallón estaba desplegado en tal fecha, en tal lugar, cuántos efectivos eran, quiénes eran, cuántas armas portaban. Y la Sedena le podrá responder: ‘De acuerdo a la Ley de Seguridad Interior esa información está reservada porque su divulgación puede afectar la seguridad interior’ (…) O la Sedena le podrá decir (a la procuraduría): ‘Dime el nombre de la persona que te interesa porque si te divulgo todos los nombres pongo en riesgo a los muchachos, porque la víctima tiene derecho al expediente y al divulgarlo estoy poniéndolos en riesgo’. Entonces, ese tipo de trampas legales van a invocar.
Foto: Centro Prodh.
– ¿Qué avisora entonces? ¿Qué nos queda?
– Lo que nos queda es seguir documentando los abusos, denunciando, apoyando y solidarizándose con las víctimas, y seguir exponiendo a los políticos corruptos o que solapan a políticos corruptos, o que vienen de partidos políticos que claramente en su ADN está la corrupción. Para que poco a poco, esperemos que de golpe, dejen de tener ese reconocimiento social, como de que son personas que saben gobernar y que se vea que en realidad son una pandilla de corruptos que no hacen otra cosa que favorecerse a sí mismos y proteger a quienes cometen abusos y excesos.
Fotos de portada e interiores: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
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