SOMOSMASS99
POLÍTICA, POLÍTICAS Y DERECHOS HUMANOS
Víctor Ruiz Arrazola*
Miércoles 11 de julio de 2018
La emoción, el jolgorio, la buena vibra que se generaron al conocerse resultados de los comicios del 1 de julio han servido para que la opinión pública, las organizaciones civiles y los medios de comunicación pierdan de vista lo que hace o deja de hacer la administración pública en funciones.
Tanto el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, así como los gobiernos estatales, congresos locales y presidentes municipales que serán sustituidos en unos meses más, tienen todas las facultades de ley para tomar decisiones de gobierno que deben ser vigiladas y auditadas tanto por las instituciones diseñadas para ello como por la sociedad.
Los anuncios públicos que están haciendo quienes asumirán cargos públicos de elección popular hablan de sus buenas intenciones, de su disposición para empezar a trabajar.
Es muy importante esa disposición de interactuar con actores políticos nacionales y extranjeros, ya que con ello se generan mensajes que han impactado, por lo menos temporalmente, en la macroeconomía.
Quienes ganaron una elección están en su papel de hablar de lo que harán al asumir el cargo, pero los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil tienen otra función, que se ha complejizado después del 1 de julio: vigilar el actuar de los que se van y estar pendientes de los planes de trabajo de los que llegan.
La frágil legislación en materia de seguridad de la información pública gubernamental abre la posibilidad de que las evidencias de malos manejos se estén borrando, destruyendo o maquillando.
Mientras los medios de comunicación han enfocado sus reflectores hacia Andrés Manuel López Obrador y colaboradores, a quienes cuestionan sobre la efectividad de sus propuestas en materia de políticas públicas, del otro lado, dónde aún está el poder, se siguen despachando con la cuchara grande.
El reparto de lo que queda del país no sólo se está dando en el gobierno federal, sino en la mayoría de las gubernaturas que serán administradas por Morena o en las presidencias municipales que salieron del control del PRI, PAN o PRD.
En Puebla, aunque Rafael Moreno Valle y familia festejan la continuidad, sus colaboradores pragmáticos temen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dé vuelta a los resultados o los mande a reponer el proceso, por lo que prefieren hacer los preparativos para desocupar la plaza, sin hacer ruido para evitar que se note su cargamento.
Enrique Peña Nieto y operadores de su gobierno prefieren que los medios y sus opositores se entretengan con la fiesta del triunfo y los planes del nuevo gobierno, mientras ellos asean la casa, preparan maletas y dejan las llaves debajo de la maceta.
Fiscalía autónoma y el primer choque de trenes
La creación de la Fiscalía General de la Nacional (FGN) que vendrá a sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR), es un asunto que propició el primer choque de trenes entre AMLO y los colectivos que buscan crear una fiscalía autónoma.
Entre las organizaciones de la sociedad civiles de la derecha y de la izquierda, estas últimas constituyen un aliado fundamental para el virtual presidente electo de México y son a las que a las primeras de cambio les recordó que la autonomía de la Fiscalía no es viable ni prudente para su gobierno.
La ratificación de posturas entre, al menos, dos colectivos y AMLO, generó un encuentro para escucharse mutuamente, el cual se llevará a cabo en próximos días.
*Periodista y abogado defensor de Derechos Humanos.
Imagen de portada: El presidente Enrique Peña Nieto y José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda. | Foto: Presidencia de la República.
Comparte en Facebook
Twittéalo
