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Agustín Ramírez Agundis*
Miércoles 3 de octubre de 2018
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) considera a la protección social, o seguridad social, como “un derecho humano definido como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida. Abarca los beneficios familiares y por niño, las prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y la protección de la salud. Los sistemas de protección social abordan todas estas ramas mediante una combinación de regímenes contributivos (seguro social) y de prestaciones no contributivas financiadas con impuestos, en particular la asistencia social”[1].
La OIT señala también: “La protección social juega un papel decisivo en el logro del desarrollo sostenible, la justicia social y el derecho humano a la seguridad social para todos. Las políticas de protección social constituyen elementos esenciales de las estrategias nacionales de desarrollo para reducir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida, y respaldar el crecimiento inclusivo y sostenible. Las políticas de protección social aumentan los ingresos de los hogares, impulsan la productividad y el desarrollo humano, aumentan la demanda interna, facilitan la transformación estructural de la economía y promueven el trabajo decente.”
Según datos oficiales, en 2017 la población en México se estimaba en poco más de 123.5 millones de personas. De éstas, casi 56 millones contaba con servicios de seguridad social, es decir con afiliación al IMSS, al ISSSTE o alguna otra de institución pública con esa responsabilidad. Es decir, más de 67 millones y medio de mexicanos no tienen derecho a la atención médica a través de esas instituciones y, por lo tanto, en caso de enfermedad estarían obligados a acudir a los servicios médicos privados en caso de no estar afiliados al Seguro Popular, creado en el año de 2004 con el nombre oficial de Sistema de Protección Social en Salud.
Surgen preguntas a partir de las cifras anotadas en el párrafo anterior. ¿Por qué más de la mitad de la población no es derechohabiente de las instituciones públicas encargadas de garantizar de manera integral los servicios sociales (salud, riesgos de trabajo, vivienda, retiro, guarderías, etc.)? ¿Será que en más de la mitad de los casos ninguno de los integrantes de las familias mexicana cuenta con un empleo formal que le dé derecho a estar afiliado a alguna de esas instituciones? ¿Tendrá que ver ese bajo índice de afiliación con las cifras referidas a los ninis existentes en el país? ¿O, más bien, tiene que ver con el desmesurado crecimiento de la economía informal? ¿Quizás influye el hecho de que son muchos los trabajadores no registrados en el IMSS por su patrón a pesar de laborar en una empresa formalmente constituida?
En cuanto a las consecuencias, de diversa índole, de la existencia del Seguro Popular: ¿Contribuye el Seguro Popular a ensanchar la brecha que en México existe entre desarrollo social y desarrollo económico? ¿Significa el Seguro Popular un estímulo para que los patrones evadan su obligación de registrar a sus trabajadores ante el IMSS? ¿Será verdad que el Seguro Popular fomenta la informalidad empresarial y laboral? ¿Es el Seguro Popular sólo un paliativo a una de las vertientes de la seguridad social que es la atención médica?
Es evidente que en México, hasta la fecha, el desarrollo económico no se concilia con el desarrollo social, es decir, cada uno va por su lado. Ahora está de moda en la discusión pública si el dicho del presidente electo de México en el sentido de que el país se encuentra en bancarrota es verdad o es una falsedad. Separando al antojo de sus detractores lo económico de lo social, se afirma que esa aseveración de López Obrador es falsa. Según ellos, todos los indicadores macroeconómicos son sólidos, no importa que el dinero no alcance para satisfacer las necesidades básicas de la población, en particular los servicios de seguridad social.
Durante los casi 15 años en los que ha venido operando el Seguro Popular, éste ha significado un alivio para la cobertura de los servicios de salud para la población mexicana, a reserva de analizar con detalle la calidad de éstos y la suficiencia de clínicas cabalmente equipadas, médicos y medicamentos. Sin embargo, es evidente que no responde a un objetivo más de fondo e incluso va en contra del mismo.
Este objetivo debiera ser el de en verdad garantizar para todos los mexicanos la seguridad social vista ésta con un enfoque integral y no sólo en una de sus vertientes, lo cual pudiera lograrse si se amplía de manera decidida la economía formal y se dedican mayores recursos públicos para fortalecer las instituciones que tienen esa responsabilidad con el propósito de que las cargas que éstas representan para los patrones se aligeren.
En los dos párrafos iniciales quedan más que claros los objetivos de la seguridad social y los beneficios económicos que se generan como una secuela de su observancia. Es decir, existe un fuerte nexo entre lo social y lo económico, cuestión que ha sido olvidada por los gobiernos de corte neoliberal que sentaron sus reales en México desde hace varias décadas.
Este es otro motivo por el cual los ciudadanos en julio pasado votamos de manera decidida en favor de un cambio profundo en la manera de gobernar y en los propósitos que debiera perseguir el nuevo gobierno. Así es, como votantes los mexicanos hicimos bien la primera parte de la tarea. Viene ahora la segunda, la de empujar a la administración que tomará posesión a partir del 1 de diciembre para que cumpla con ese compromiso de garantizar de manera integral y para todos el derecho a la seguridad social.
Alguna utilidad tiene el actual Seguro Popular, pero la tendrá en mayor medida y con mayor extensión una institución que en verdad cumpla con los propósitos enunciados por la OIT. Por allí hay que caminar.
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece el autor.
Foto de portada: UdeGTv.
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