Denuncian ante CIDH ataque contra posesiones de Marco Antonio Suástegui y familia

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Acapulco, Gro. / Domingo 18 de noviembre de 2018

 

Luego de que relatar que fue sometido a tortura y malos tratos cuando fue detenido en enero y recluido en el reclusorio de esta ciudad, personas desconocidas quemaron las motos acuáticas propiedad del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras (CECOP) a La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, que sirven para el sustento de su familia. La denuncia ya fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, además de que se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informaron el CECOP, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) y tres organizaciones defensoras de derechos humanos.

El 13 de noviembre, «a las cinco de la mañana, una persona avisó a sus familiares que hombres armados arribaron a la Plaa Icacos donde se encontraban las motos acuáticas del dirigente y otras más, les rociaron gasolina únicamernte a las que eran de su propiedad, les prendieron fuego y salieron rápidamente del lugar. Cuando familiares del líder social llegaron a la playa, las unidades todavía estaban quemándose, pero nada pudieron hacer para recuperarlas. Por el contrario, por temor a sus vidas se retiraron del lugar y por la misma razón decidieron no denunciar sino hasta el día de hoy», dice el comunicado dado a conocer por la CECOP, CRAC-PC y los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, José María Morelos y Pavón, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Los firmantes exigen una investigación pronta e imparcial y sanción a los responsables; que el gobierno de Guerrero, a través de las instancias correspondientes, brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia, dado que su vida corre peligro; cese el hostigamiento y agresiones contra Marco Antonio Suástegui y los miembros del CECOP; libertad inmediata a los 19 presos políticos del CECOP; y libertad de todos los presos políticos del país.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del movimiento que se opone a la construcción de la presa La Parota, fue encarcelado en enero luego de que miembros de la CRAC-PC fueron emboscados por personas desconocidas en el poblado de La Concepción y, como respuesta, el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores envió a más de cien policías ministeriales y estatales, que con ayuda de elementos del Ejército, iniciaron un tiroteo en el que murieron tres policías comunitarios y terminó con la detención de 30 integrantes del CECOP. Entre ellos se encontraba Suástegui Muñoz, quien con sus compañeros fue llevado al penal de Acapulco, torturado y desde entonces sometido a malos tratos, como confinarlo al aislamiento, dejarlo sin comer y darle de beber agua contaminada.

Lo ocurrido este 13 de noviembre, dice el comunicado, se da en el contexto de una entrevista que la periodista Maribel Gutiérrez publicó en el Sur de Acapulco a principios de mes, en la que Marco Antonio Suástegui da cuenta de la detención arbitraria, incomunicación y condiciones indignas de reclusión que ha sufrido durante su encarcelamiento, actos de los que responsabilizó a altos funcionarios del gobierno de Astudillo Flores.

Por la quema de las motos acuáticas se interpuso denuncia ante el Ministerio Público, se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las distintas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas.

Marco Antonio Suástegui es fundador del CECOP y desde el año 2003 organiza a las comunidades que resisten y se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, el saqueo y explotación indiscriminada e ilegal de grava y arena que realizan empresarios gravilleros de Acapulco en el Río Papagayo.

«Gracias a la lucha férrea e inclaudicable de Marco Antonio Suástegui y demás comuneros del CECOP lograron descarrilar la construcción de la hidroeléctrica y frenaron la voracidad desmedida de algunos empresarios gravilleros. Lo anterior le ha valido que el aparato de justicia haya abierto más de siete procesos penales por diversos delitos -por ninguno Marco Antonio ha sido condenado, contrario a lo que afirma el gobierno del estado- y el proceso penal que enfrenta en el nuevo sistema de justicia está plagado de irregularidades, ya que la mayoría de pruebas de cargo fueron obtenidas de manera ilícita con flagrantes violaciones a sus derechos humanos.

«La agresión a su patrimonio ocurrida el 13 de los corrientes forma parte de una larga lista de agresiones y criminalización que enfrenta el líder histórico del CECOP por la defensa del territorio y los bienes naturales de su comunidad, pero también constituye una amenaza y advertencia por las denuncias públicas que recientemente realizo, pues es evidente que alguien se sintió afectado por los señalamientos públicos de marco Antonio y pretenden silenciarlo».

Los denunciantes enfatizaron «que la labor de Marco Antonio como defensor de derechos humanos es fundamental y necesaria en los bienes comunales de Cacahuatepec y en nuestro estado de Guerrero y tal actividad debe ser respetada y garantizada por los gobiernos de acuerdo a lo establecido en los tratados internacionales. Por esta razón el gobierno del estado tiene el deber ineludible de investigar las agresiones al dirigente social y sancionar a los responsables, así como  brindar todas las medidas de protección que sean necesarias a él y a su familia».

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Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.