SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Acapulco, Gro. / Lunes 8 de enero de 2018
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que policías comunitarios de la CRAC-PC fueron emboscados por personas desconocidas, cinco de ellos asesinados y, en un operativo en el que participó el Ejército, 30 más fueron detenidos de manera arbitraria por agentes ministeriales del estado. A la vez, añadió, detuvieron sin orden de aprehensión a Marco Antonio Suástegui Muñoz, uno de los dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
La organización explicó que las personas detenidas se encuentran incomunicadas y que las autoridades no han informado su situación ni del paradero de Suástegui Muñoz. Por esa razón ninguna ha podido recibir defensa legal y, por el contrario, sus familiares temen que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad de otros estados del país, donde «aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial».
Foto: Centro Tlachinollan.
A través de un comunicado, el Centro Tlachinollan relató que todo inició la madrugada del lunes, cuando miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas.
«Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor».
Más tarde, a eso de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por el priista Héctor Astudillo, montó un operativo con más de 100 policías ministeriales y estatales, así como por elementos del Ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias.
En el marco de estas acciones, «las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente. Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios», con los que suman cinco los que perdieron la vida.
El comunicado de Tlachinollan da cuenta de que «en ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios», y que casi a las 5 de la tarde elementos de la Policía Ministerial se llevaron a Marco Antonio «sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero».
Las autoridades estatales «han negado cualquier información» sobre su situación jurídica, toda vez que «la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso».
El Centro Tlachinollan expresó una gran preocupación por la posibilidad de que las autoridades ministeriales «violen de manera flagrante» los derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo de las personas detenidas.
Policías comunitarios de la CRAC-PC en ceremonia a la bandera. | Foto: Radio Zapote.
«Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos».
Por todo ello, la organización defensora de derechos humanos solicitó el apoyo ciudadano para enviar comunicaciones al gobernador Héctor Astudillo; al fiscal general Javier Ignacio Olea Peláez; al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, para que garanticen el debido proceso y se proporcione información sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos. En particular en el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, que como defensor comunitario ha sido criminalizado y sufrido ataques con anterioridad.
Foto de portada: Radio Zapote.
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