Germán Larrea: de la impunidad neoliberal a la justicia de hoy

SOMOSMASS99

 

Óscar Alzaga*

Jueves 25 de julio de 2019

 

Durante 36 años ocurrieron accidentes, explosiones y muertos en las minas del país sin que los gobiernos investigaran las causas, las violaciones de derechos, ni menos castigaran a los propietarios. Fue fama pública la impunidad que gozaron de las autoridades los grandes dueños de la minería, nacionales y extranjeros.

Bastaría un recorrido fotográfico para ver los destrozos y basureros que a cielo abierto dejan las mineras, metalúrgicas y siderúrgicas: son monumentos a la impunidad e ilegalidad, son el cerro de tóxicos de Peñoles, en Torreón; la mitad de Monclova es basura industrial y todo el cielo contaminado por AHMSA; Sonora es la víctima predilecta de Grupo México, las empresas canadienses son iguales en todo el país y se defienden con la complicidad de las autoridades.

Los enormes depósitos de tóxicos líquidos de las minas contaminan ríos, lagos, suelos y subsuelos, cielos y seres humanos, pero lo peor: los que están al borde de derramarse con las lluvias de la temporada y pueden inundar poblados, ríos, como Río Sonora de 2014, y daños a la salud humana y al medio ambiente. Todo para que ese “ahorro” en medidas preventivas se vaya en ganancias a los bolsillos de los grandes magnates.

La otra cara de la moneda: la Ley Minera que reformó Salinas en 1992 fue para beneficiar en exceso a los patrones; la Ley Laboral en 2012, en el artículo 343 letra D, la Ley incluye a los mineros, pero solo a los de carbón, deja fuera al 92% del total; a los primeros les permite retirarse de la mina en caso de peligro, pero avisaran primero al patrón. El papel de las autoridades fue la clave de esa maquinaria: para concretar en público el acto y esconder la corrupción y su complicidad.

Se entregó el 26% del territorio nacional, pero primero Salinas entregó las industrias minera, metalúrgica y siderúrgica con las privatizaciones de 1988-1994, a los empresarios oligarcas que, como dijo Joseph Stiglitz -citado por John Saxe-Fernández en La Jornada, 18-VII-19-: fueron “empréstitos de sobornización”. A la feria alemanista de corrupción, siguió la salinista y la neoliberal en general.

Pero el reparto del territorio con concesiones mineras fue el mayor espectáculo de la corrupción neoliberal. Lo denunció La Jornada (suplemento del 14-XI-11), que en tres siglos de la colonia se extrajo menos oro y plata que en 30 años neoliberales de 1980 a 2010, y se repartió el 26% del territorio nacional. Otra versión habla del 21% (Federico Guzmán López, en su obra Economía Política del Despojo Territorial, de agosto de 2016).

En La Jornada (23-XI-15) se exponen datos de la Secretaría de Economía: que el 18.5% del territorio nacional está repartido a la iniciativa privada, nacional y extranjera; de un total 192 millones hectáreas, el 36.6% está concesionado, entregando de Colima el 47% de su territorio; Durango, el 46%; Zacatecas, el 40%; Jalisco, 33%; Sonora, 31% y Coahuila, 26%. Aunque en términos absolutos sea así: 5.7 millones de hectáreas sean de Sonora; 3.8 millones de hectáreas de Coahuila; 3.3 de Durango y 2.9 de Zacatecas.

Las familias afortunadas del saqueo nacional son la de Antonio Bailleres, dueña de Peñoles, y la de Germán Larrea, de Grupo México; que para 2012 la primera contaba con 2.2 millones de hectáreas y la segunda con medio millón. Destaca que los gobiernos de Fox y Calderón hayan sido los más generosos con Bailleres y que Peña Nieto le haya encontrado “méritos” para la medalla “Belisario Domínguez” de 2015. La familia Bailleres obtiene concesiones desde el gobierno de López Mateos, de 13 ha, y con Calderón de 1.2 millones de ha. En cambio la familia Larrea obtiene concesiones desde Porfirio Díaz, pero nunca como con Fox y Calderón. (La Jornada, artículo de Roberto González Amado, 6-IV-15).

Pero el campeón en irresponsabilidad e impunidad es Germán Larrea, cometiendo explosiones y siniestros mineros, contaminación y daños ecológicos y ambientales, al preferir “ahorrar” los gastos que ocasionan las medidas preventivas de seguridad, higiene y medio ambiente, tanto por el caso reciente de Guaymas y el Golfo de California, como por el récord de “22 accidentes en 20 años”, 14 en México y 6 en España, Perú y Estados Unidos, los que denuncia la Semarnat el 16 de julio de 2019. Por primera vez un gobierno lo hace en los últimos 37 años.

Los más graves: La tragedia de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, ocasionando 65 mineros muertos y negando el rescate de 63 atrapados, sin saber si aún vivían o no; Larrea decidió parar el rescate para evitar la investigación de las causas y, el consecuente, castigo de los responsables de la tragedia, saber si fue accidente u homicidio industrias, por no tomar las medidas a tiempo que evitaran la explosión, ya Inspección del Trabajo, de la Secretaría del ramo, había advertido el peligro y había ordenado medidas preventivas, que no cumplieron el patrón y las autoridades de Fox. El 6 de agosto de 2014 ocurrió el derrame de tóxicos de la presa de la mina de Cananea, en los ríos de Sonora y Bacanuchi, sin justificación de ningún tipo, solo obró la irresponsabilidad patronal, pues a la vista de todos estaba la presa de la mina al borde de tóxicos. Ni que decir del derrame en el río Martín en Sombrerete, Zacatecas, del 10 de mayo de 2019 o el derrame de río Bolaños, Jalisco, el 16 de agosto de 2010.

Comprender la realidad no es fácil, cuando se sale de un infierno de 36 años y se inicia apenas el cambio. Muchos piensan que, lo que hoy ocurre, es solo responsabilidad del presente gobierno y olvidan las causas y el tiempo que llevamos con los problemas de hoy.

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Nota: Están de moda los francotiradores de “izquierda” de la 4T que sólo esperan los “errores” del gobierno para tirar al blanco, sin investigar la verdad ni argumentar el error: apresuran la suma de ellos, dejando constancia que son fallas del presente (sin importar 36 años neoliberales) y lucir como “críticos” del gobierno de AMLO.

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*Abogado miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.

Imagen de portada: Vista aérea de la mina Pasta de Conchos. | Foto: Educa Oaxaca.