Estado mexicano pedirá disculpas a indígenas violentadas por militares

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 24 de julio de 2019

 

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, acordó con las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez y las organizaciones civiles que las acompañan jurídicamente a realizar un acto oficial en el que el Estado mexicano les pedirá a las indígenas tzeltales disculpas públicas por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en 1994.

Así lo informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité Hermanas González Pérez de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Amnistía Internacional (AI) se reunieron con el subsecretario Alejandro Encinas el 22 de julio y acordaron los términos en que se llevará a cabo el acto el 18 de octubre próximo.

El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (indígenas tseltales) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores); pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso” y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.

Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones, el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el día 16 de enero de 1996 y fue emitido el informe de admisibilidad No. 129/99[1] el 19 de noviembre de 1999. Finalmente, la CIDH emitió el  Informe de Fondo No. 53/01[2] el día 4 de abril de 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a varios derechos de las mujeres consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CMDPDH añadió que, «en cumplimiento de ello, el subsecretario Gobernación, reconociendo la trascendencia del caso y la valentía de las victimas, se comprometió a efectuar una disculpa pública en los términos solicitados por las hermanas González Pérez, satisfaciendo cabalmente las siguientes condiciones: el evento de disculpa pública se llevará a cabo el 18 de octubre de 2019 en Ocosingo, Chiapas; la presencia de la titular de la Secretaria de Gobernación, altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República es imperativa; el formato del evento será previamente acordado con las víctimas, considerando los usos, costumbres y la cosmovisión del pueblo indígena maya tzeltal; el acto deberá condenar los hechos de violencia en contra de las mujeres y el pueblo indígena maya tseltal, así como las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las hermanas González Pérez y su madre.

Aunado a ello, el Estado mexicano se comprometió a cumplir con las garantías de acceso a la justicia y no repetición para que estos hechos no ocurran nuevamente, considerando que por más de 25 años el caso de las hermanas González Pérez ha permanecido impune.

Las hermanas y las organizaciones que las acompañan reconocieron los esfuerzos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Secretaría de Gobernación para emprender el proceso de reparación de daños y acceso a la justicia.

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Foto de portada: César Martínez López / Cimacnoticias.