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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 6 de agosto de 2020
Al cumplirse seis años del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en los ríos Sonora y Bacanochi, las acciones de remediación y los apoyos a la población siguen pendientes. En principio, del fideicomiso de dos mil millones de pesos comprometidos por el Grupo México, las cantidades totales que se erogaron en favor de las personas afectadas fueron inferiores a las que se señalaron, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El fideicomiso fue administrado por el subsecretario de Semarnat en el sexenio anterior, Roberto Lazi, y tenía como objetivo remediar y atender a los miles de habitantes de las comunidades aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi. Desde el Arroyo Tinajas hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo, por donde fluyeron los 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) que derramó la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el 6 de agosto de 2014.
«La Secretaría de Medio Ambiente reconoce el reclamo de los ciudadanos por el derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Grupo México. Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados», dijo la Semarnat a través de un comunicado.
En tanto, los Comités de Cuenca Río Sonora afirmaron que a seis años de la catástrofe ambiental no han tenido ni remediación ni justicia ni posturas claras de las autoridades.
«Desde hace ya seis años (…) hemos exigido cuentas claras por parte de las autoridades y de la empresa minera de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, acerca del plan de remediación del Río Sonora y de las deudas que han quedado pendientes. No hemos descansado en nuestro esfuerzo por obtener una remediación integral de los ríos Sonora y Bacanochi y una garantía de no repetición lo suficientemente sólida, de forma que pueda revertir la desconfianza generada en las comunidades de la cuenca a raíz de la desatención a nuestros reclamos y necesidades. A seis años de iniciar la lucha, de escuchar promesas de todos los colores y de esperar que cada cambio de gobierno municipal, estatal y federal mejoren nuestras condiciones de vida, seguimos esperando que las palabras se materialicen en acciones concretas que favorezcan nuestros territorios».
En un pronunciamiento público, los comités sostuvieron que ante la falta de claridad de las autoridades interpusieron en 2016 un amparo contra la mega presa de jales que Grupo México construyó y que culminó en 2018, pese a que «en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganamos, por primera vez en la historia de México, el derecho a la participación en asuntos medioambientales para una población no indígena.
«También logramos con éxito, la resolución del amparo en contra del cierre del Fideicomiso Río Sonora. La SCJN invalidó dicho cierre ordenando a las autoridades demostrar que se cumplieron los propósitos del fideicomiso y que la población sea parte activa de dicho proceso. Actualmente esperamos respuesta sobre nuestros amparos relacionados con la calidad del agua, con la Zona Económica Especial Río Sonora, y con temas de salud para todas y todos los habitantes de nuestros pueblos».
A seis años del derrame, añadieron, Grupo México está llenando su mega presa de jales con millones de litros de desechos de su actividad minera y pretende iniciar la construcción de un acueducto que la abastezca de agua para sus operaciones, mientras sus agricultores no consiguen ni un solo permiso para regar sus tierras ni para dar de beber a su ganado. «A seis años, nuestras autoridades municipales y estatales han decidido no hablar, poniéndose en nuestra contra. A seis años, las 36 potabilizadoras necesarias para garantizar nuestro derecho al agua se encuentran tan abandonadas como las personas del río. A seis años, las y los habitantes del río Sonora y Bacanuchi enfrentamos serios obstáculos para ver garantizado nuestro derecho a la salud, y el inmueble que nos dijeron sería destinado a la clínica de especialidades de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS) sigue en obra negra».
Por todo ello, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Claudia Pavlovich dar respuestas claras a la gente y para la remediación de los ríos Sonora y Bacanuchi; y exigieron participar en los planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para remediar la contaminación de los ríos y reactivar la economía de sus territorios.
Por la pandemia
La Semarnat se dijo a a la vez comprometida a trabajar para resolver lo que le corresponde, con «un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y el Grupo México».
Informó que en lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios municipios por el manejo del fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de la decisión del Juez de Distrito y que en estos meses de pandemia se concentró en la elaboración de una plataforma que para dar celeridad a los procedimientos.
«La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México», añadió.
En cuanto al derrame, informó que la Profepa realizó una visita del 5 al 9 de agosto del año pasado para supervisar la contaminación de los suelos, en la que encontró que se rebasaron límites relativos a la presencia de metales, lo que dio lugar al emplazamiento y notificación a la empresa el 9 de diciembre de 2019 para que realizara diversas medidas de remediación del sitio con un plazo de vencimiento al 20 de julio de este año.
Pero debido a la pandemia, se suspendieron los términos y plazos en los procedimientos administrativos; sin embargo, con base en la reanudación de plazos, la empresa debe cumplir con la totalidad de las medidas ordenadas a más tardar en el mes de octubre.
En lo que se refiere al Proyecto “Nueva Presa de Jales”, en cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Semarnat dijo que realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, los días 5 de junio y 6 de septiembre del 2019 y el 25 de enero del presente año. Asistieron más de 300 personas, entre las cuales estaban las que recibieron el amparo, además de población de la propia comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.
Como resultado de estas reuniones, se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El Acta circunstanciada fue entregada al Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.
Con respecto al derrame de ácido sulfúrico, ocurrido el 9 de julio de 2019, que motivó la clausura parcial de la empresa Mexicana de Cobre S.A. de C.V., y ante lo cual interpuso un amparo, la Profepa informó que el juicio no se ha resuelto porque se encuentra pendiente el desahogo de pruebas periciales de ingeniería civil y topografía.
Fotos de interiores: Comités de Cuenca Río Sonora.
Foto de portada: Gobierno de la República.
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