SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Jueves 2 de junio de 2022
“Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”.
– T. Lampedusa. 1860
La Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS) para impulsar la libertad sindical de su reforma laboral, pacta con quien se opuso a ella y la atacó: como caperucita jugando con lobos. ¿Será un pacto o una mera simulación? Gotopardismo y simulación es lo mismo.
La STPS, acompañada de la Secretaría de Economía, ha tenido la brillante idea de crear un Comité Nacional de Concertación y Productividad Laboral (CNCPL), “para dar seguimiento a la implementación de la reforma laboral en materia de justicia, libertad y negociación colectiva”. Ya que en octubre funcionará la reforma en todo el país. (El Financiero. 23-V-22). Será tripartita: gobierno, patrones (CCE, Coparmex, etc.) y sindicatos (CTM, CROC, UNT, etc.)
Evidentemente simularán una conciliación (de posturas inconciliables); a menos que los organismos patronales y las centrales obreras del PRI hayan cambiado, y ahora apoyen a la 4T. O, al revés, que ahora la STPS y su acompañante se corran a la postura empresarial de los enemigos de la 4T.
Todavía en febrero de 2018 la CTM y la CROC y el PRI, apoyados por la patronal, presentaron un proyecto de reforma laboral, peor que aquel del PAN de 2012. A ese proyecto se le conoció como “el peor de toda la historia” (¿cómo estaría?). En materia de libertad sindical era abiertamente contraria a la del 2019. Tan es así que la CTM, CROC y otros sindicatos del PRI interpusieron más de 500 amparos en contra de la reforma de 2019.
Más aún, esas centrales y sindicatos, aún del PRI, en los hechos se han negado a modificar sus estatutos, a hacer revisiones salariales o de contrato colectivo de trabajo (CCT) que tomen en cuanta a la base trabajadora y se niegan a legitimar los CCT a través del voto libre, secreto y directo, y a elegir dirigentes, de igual forma.
La mayoría de esos sindicatos y centrales y los organismos patronales, son los mismos que pactaron los contratos colectivos de protección patronal (CCPP) de 1994 en adelante, desde que se firmó el TLCAN, y aún siguen vivos los CCPP, en los hechos no han cambiado. Además, ambos apoyan el tope salarial que es contrario a la libre negociación colectiva.
La propia STPS ha informado que sólo una minoría de sindicatos y centrales, han adecuado sus estatutos, los CCT y las formas de elegir dirigentes, a tres años de la reforma. En el caso de los CCT legitimados, afirmó la titular de la STPS: “de medio millón, van poco más de 4 mil” (Menos de 1%); lo dijo en el foro El movimiento sindical y la reforma laboral, de 29-IV-22. Entonces, ¿Para qué van a conformar el Comité Tripartita y qué acuerdos buscarán? ¿Para simular los cambios?
En el foro mencionado, en relación a aplicar la reforma laboral en los hechos, dijo la titular de la STPS que esa era una labor que dependía de los mismos trabajadores, que ellos la debían impulsar, para “revitalizar la negociación colectiva”, y “para que ni los gobiernos ni las empresas metan mano en los sindicatos”. Así la responsabilidad de que se aplique la reforma recae en los trabajadores. ¿Y cuál es la responsabilidad de la STPS respecto de que se apliquen las leyes? Según la Constitución, en el artículo 120, “Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes.” En el foro, del tema de la responsabilidad de la STPS y las autoridades, no habló la titular.
Es importante aclarar que no pedimos la intervención del Estado ni de las empresas en los sindicatos. Ya que una cosa es la autonomía sindical y otra muy distinta es obligar a los sindicatos a que cumplan con la Ley, sobre todo a los líderes que están acostumbrados a no cumplirla, a pactar los CCT a espaldas de los obreros, a elegir en las cúpulas a los líderes, a manipular los procesos electorales sindicales, etc. ¿Alguien duda que los líderes sepan manipular las elecciones sindicales? Claro que no, vienen del PRI.
En el caso de General Motors dos veces interrumpió el charro Tereso Medina la votación que iba en contra de él, con el apoyo de la empresa gringa, mientras que la autoridad lucía por su ausencia, ni de lejos hizo “cumplir las leyes”. Hasta la tercera votación y por la presión internacional, se cumplió con el voto democrático.
La elección petrolera: según explica el comunicado de la STPS (1-II-22): “El Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), diseñado por la STPS y puesto a disposición del sindicato para la realización de su elección, funcionó eficientemente. La modalidad del voto electrónico garantizó una jornada pacífica y resultados la misma noche”. “El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo público encargado de vigilar y calificar la elección, recibió 191 inconformidades: 77 antes de la jornada electoral y 114 durante el desarrollo de la misma.”
Pero no informa el contenido de las inconformidades, ni de los informes de los 400 inspectores de trabajo (que la titular de la STPS anunció por TV), ni del papel de las autoridades en el proceso electoral, ni qué transparencia tuvo. Solo que puso “a disposición del sindicato (el Sirvolab) para la realización de su elección.” Es decir, el voto electrónico lo manejó el sindicato, o sea, los charros. Y la autoridad fue un árbitro sin silbato que se abstuvo de marcar faltas e irregularidades, dejó libre la cancha para que las partes (bases sindicales y dirección sindical) jugaran solos.
¿Eso es no intervenir en los sindicatos o permitir que no se aplique la Ley?
Y explica la titular de la STPS que ahora es distinto: el gobierno no interviene en los sindicatos, respeta la independencia sindical. Cuando en realidad no se trata de eso, sino de hacer que las partes capital y trabajo cumplan con las leyes, esa es la función de la autoridad. Así lo reitera el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo (LFT): “La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: I. A la STPS” En primer lugar a la STPS, como la institución de justicia laboral más importante del país. Precisamente, permitir el acceso a la justicia de los trabajadores.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 40: “A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos”. En resumen: Cumplir las leyes y hacerlas cumplir es la terea central de la STPS, siendo la máxima autoridad laboral del país.
Por qué echarle la culpa a los trabajadores de que impulsen la reforma laboral en cuanto a la libertad sindical, si a la Junta Federal la STPS la dejó en manos de los patrones, como estaba en los sexenios pasados, los neoliberales; si no se aplica la ley en los sindicatos charros que son la mayoría y se permite que los empresarios y sus despachos sigan manteniendo su injerencia en los sindicatos, como en General Motors, en Teksid, en Arneses y Artefactos, etc. Si los CCPP son obra de ellos y los charros y son intocados por las autoridades.
Desde luego, los trabajadores deben impulsar la libertad sindical, pero sabiendo que la STPS propiciará el acceso a la justicia, no como hasta ahora ha pasado en la mayoría de los sindicatos y centrales y con los empresarios. Hoy el PRI en plena decadencia y a punto de desaparecer ya no apuntala a sus ex sindicatos y ex centrales; son los patrones de las grandes empresas y sus despachos los que sostienen a los líderes que vendieron los CCT.
La simulación en las leyes es una costumbre que viene de la España medieval del siglo XIV, pero tuvo mayor su apogeo en las colonias al aplicar esa norma, de suyo abusiva, de los conquistadores sobre los conquistados; con las armas, y el castigo en caso de desobedecer, la llamaban “Obedézcase, pero no se cumpla.” De todo el mundo es sabido que las Leyes de Indias emitidas en España y aplicadas en las colonias de América eran una cosa en el texto y otra muy distinta en su aplicación en el Virreinato: en la duración del contrato de trabajo, en el trato humano y justiciero de las relaciones obrero-patronales, en los pagos de cada semana con dinero y no en espacie, en la libertad de trabajo y el derecho indiano; su aplicación en las encomiendas, después conocidas como haciendas, y en las minas, el trabajo era esclavo y los patrones no solo se apropiaban del trabajo, también de las vidas de los indígenas y sus familias. Esa simulación jurídica arraigó históricamente en los colonialistas, luego conservadores, porfiristas y al final neoliberales.
Según INEGI y ENOE de 29-V-22: en 2005 había 5.065 millones de sindicalistas en el país y para 2018 se redujeron a 4.336 millones, tendencia frenada y aumenta por la reforma del outsourcing en 2022 a 4.869 millones; representaron en 2005 el 16.8%, en 2012 el13.8%, en 2018 el 12% y en 2022 el 15%. Con el neoliberalismo iba a su disminución ínfima. Lo que fue frenado, paro aún no revertido.
Sigue fluyendo la mala información a AMLO. Él opina que las cosas van bien con el Grupo México, ya que otorgó altas utilidades a los obreros de la CTM de Cananea, sin advertir que es la primera vez que lo hace Grupo México desde 2011, y que se debe a la lucha de los mineros de Cananea en huelga por 15 años, que lograron la Admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea reponer sus derechos perdidos de 2009 a 2011, con el corrupto gobierno de Calderón, Lozano, García Luna, Gómez Mont, etc.
Hay varias secretarías que le lavan la cara a Germán Larrea, dueño de Grupo México, y ocultan esa y las otras dos huelgas mineras, a la vez que hacen lo posible por ocultar la verdad histórica de Pasta de Conchos, donde se decidió el no rescate a los mineros atrapados en el estallido, sin saber cuántos estaban vivos y muertos, además de ocultar la responsabilidad de Germán Larrea, ya que la STPS, en 2005 y 2006, había advertido el peligro en la mina antes del estallido; desde luego también hubo complicidad de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña. Fue hasta AMLO que se decidió el rescate e investigación, pero la inepta STPS no lo pudo llevar y se le pasó el asunto a la CFE. Esta información no llega completa a AMLO.
* Abogado del Sindicato Minero y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
Imagen de portada: Christopher Burns (@christopher__burns) / Unsplash.
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