A tres años de la represión de defensores del territorio del pueblo tsetsal

Tras el levantamiento del EZLN en 1994 la estrategia del Estado mexicano ha sido la militarización de la región. En la actualidad existen en Chiapas 3,484 efectivos de la Guardia Nacional. Se han construido 10 cuarteles coordinados en 8 regiones con fines de contención migratoria, territorial y de procesos organizativos.

El 15 de octubre del 2020, el pueblo maya tseltal de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, ubicado en la zona norte de Chiapas. Por la mañana, alrededor de 300 elementos de la Policía Municipal, del estado de Chiapas y de la Guardia Nacional reprimieron la protesta pacífica en el punto conocido como crucero Temó, en la carretera Ocosingo – Palenque.

César Hernández y José Luis Gutiérrez.

Durante el operativo privaron arbitrariamente de la libertad a los defensores comunitarios tseltales César y José Luis, seguidos de tortura y malos tratos; 11 personas más resultaron heridas. Después de dos horas y media de la detención fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público de Ocosingo, acusados del delito de motín. En la madrugada del 17 de octubre, César y José Luis, fueron trasladados de forma express del CERSS No. 16 de Ocosingo al CERSS No. 14 El Amate de Cintalapa, sin previa notificación a la defensa.

El 1 de noviembre, tras la detención ilegal, la tortura y la vinculación a proceso, fueron puestos en libertad bajo caución, limitados a firmar cada 15 días en el Juzgado y restringidos a salir más allá de los municipios de Chilón y Ocosingo.

Denuncia de los ejidatarios y ejedatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián

El 22 de marzo de 2021 el Juez del Poder Judicial del Estado de Chiapas desestimó los argumentos de violaciones de derechos humanos y tortura, admitiendo pruebas obtenidas con violaciones de los derechos. El Ministerio Público sostuvo que las lesiones que presentaban César y José Luis, se las habían causado ellos mismos.

Ambos defensores de derechos humanos se encuentran sujetos a un procedimiento penal injusto que criminaliza la defensa de la vida, enmarcado en la estrategia de militarización de territorios de los pueblos originarios.

Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Fotos de portada e interiores: Frayba.