Acerca de las detenciones en Cusco de Jen Moore y John Dougherty

SOMOSMASS99

 

José De Echave C. / CooperAcción y Redacción SomosMass99

Lunes 24 de abril de 2017

 

“Yo mando en este territorio” 

 

La noticia ha comenzado a dar la vuelta al mundo. Jen Moore, representante de la institución Mining Watch Canadá, y John Dougherty, periodista y documentalista estadounidense, fueron detenidos el viernes 21 de abril en la ciudad de Cusco.

Ambos habían retornado al Perú para presentar el resultado de una larga investigación periodística sobre la empresa minera Hudbay en Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Perú. Cuando John Dougherty había estado en Chumbivilcas recogiendo testimonios de las comunidades, se comprometió a devolver el producto de su investigación convertido en documental, que lleva por título «Fraude de Flin Flon».

Por eso la semana pasada ambos llegaron a Perú y viajaron a Chumbivilcas para presentar el documental en varios de los distritos de esa provincia cusqueña. Ya en Chumbivilcas, la delegación —que también estaba integrada por parte del equipo de Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción— comenzó a sentir de presión de la Policía y eran constantemente filmados por extraños personajes. Incluso la Policía se presentó al lugar de alojamiento preguntando por los visitantes y recabando nombres y otros datos.

Pese a la buena recepción de parte de la población y la importante asistencia de las comunidades a presenciar el documental, aparentemente el mensaje de la Policía y todo indica que también de la empresa minera (el otro actor oculto pero que también estaba vigilante) era que se había entrado a un territorio vigilado donde nadie puede ingresar sin la autorización de los que se sienten dueños de todo y han instalado una suerte de control territorial; al viejo estilo de los antiguos gamonales.

Luego de las actividades en Chumbivilcas y de haber honrado el compromiso con la población, la delegación se trasladó a la ciudad del Cusco para presentar el documental. La actividad era totalmente pública y se realizó en pleno centro de la ciudad, en la Casa de la Cultura que pertenece a Municipalidad Provincial.

Al finalizar la presentación del documental la policía abordó a Jen Moore y a John Dougherty y en medio del desconcierto de todos los que los acompañaban, fueron detenidos. ¿Cuáles eran los cargos? Que al haber entrado al país como turistas no podían desarrollar otro tipo de actividades y por supuesto, las actividades que no correspondían con su estatus de turista eran precisamente pasar el documental y participar en conversatorios.

Al parecer, los extranjeros que entran al país como turistas solo pueden visitar Machu Picchu, museos, disfrutar de nuestra gastronomía y un muy limitado etcétera. Si hacen algo más pueden y hasta deben ser detenidos.

¿Cómo hacen los conferencistas que vienen al país con ese estatus y que hasta ahora habían desarrollado sus actividades sin dificultades? ¿Qué va a pasar con las decenas de investigadores sociales que vendrán a la conferencia de latinoamericanistas más importante del mundo que se desarrollará en los próximos días en Lima y que hablarán de política, economía, temas ambientales y, por supuesto, de política? ¿Corren el riesgo de ser detenidos?

Ahora, uno se pregunta ¿cómo hacen los conferencistas que vienen al país con ese estatus y que hasta ahora habían desarrollado sus actividades sin dificultades? ¿Qué va a pasar con las decenas de investigadores sociales que vendrán a la conferencia de latinoamericanistas más importante del mundo que se desarrollará en los próximos días en Lima y que hablarán de política, economía, temas ambientales y, por supuesto, de política? ¿Corren el riesgo de ser detenidos?

Como señala Juan Carlos Ruíz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el argumento de la Policía es risible: “Pasar un vídeo es trabajar, y según su visa, es turista y no puede dedicarse a trabajar. Es evidente que se trata de justificar la sinrazón”. “La pregunta jurídica de fondo es si la condición de periodista extranjera, disminuye y limita su derecho fundamental a la libertad de opinión y difusión contenido en el artículo 2.4 de la Constitución”.

Continúa Ruíz: “Para comenzar, los únicos supuestos de detención legal son la orden judicial y la flagrancia. Ninguna de estos supuestos se ha verificado en este caso. De otro lado el único que puede limitar o restringir derechos es el juez. En este caso, estamos ante una detención arbitraria al margen de la ley, pues ni se cumplen con los supuestos de la Constitución, ni ha intervenido un juez”.

Está claro que estamos frente a un acto abusivo que lamentablemente ha ocurrido en nuestro país. Ahora que miramos, con razón e indignación lo que pasa en otros países de la región, no podemos sino mostrar la misma indignación con lo ocurrido en la ciudad del Cusco.

Hay varias interrogantes que deben ser absueltas, tanto en el plano legal como en relación a temas de seguridad y el libre ejercicio de la libertad de expresión, que debe ser irrestricta en todo el país. Cabe preguntar: ¿quién dio la orden para que Jen Moore y John Dougherty sean arbitrariamente detenidos? ¿Bajo qué justificación fueron permanentemente seguidos y hostigados durante su estadía en la provincia de Chumbivilcas?

¿Este tipo de decisiones se toman como parte de los convenios que tiene la Policía con empresas mineras como Hudbay? ¿La empresa minera tiene que ver con este hostigamiento? Esperamos respuestas de nuestras autoridades.

Mientras tanto, seguiremos denunciando este hecho arbitrario y por supuesto volveremos a ver el documental. Nos vemos este martes 25 en el cine-forum donde se proyectará el documental.

Salieron de Perú el domingo

Tras su detención el viernes 21, Jennifer Moore y John Dougherty fueron liberados después de más de 4 horas, pero citados para el día lunes 24 de abril «a fin de continuar con los procedimientos administrativos referidos a su situación migratoria». Finalmente salieron del territorio peruano el domingo en la madrugada. 

Así lo dieron a conocer en un comunicado urgente Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

En el documento, las organizaciones destacan: «Ante el intento del gobierno peruano de criminalizar a nuestros compañeros al acusarles de realizar actividades incompatibles con su estatus migratoria, temíamos que se les interpusiera una alerta migratoria. Sobre todo después de leer el comunicado publicado por el Ministerio del Interior el sábado 22 de abril a las 11h30 de la mañana, donde se les acusaba de dedicarse «a incitar a los pobladores de diversas localidades y comunidades campesinas en contra de la actividad minera canadiense en el Perú».

Foto de portada: CooperAcción